Insuficiente y precaria atención a la violencia de género en Madrid
El pasado miércoles 19 de marzo y en el marco de la celebración del Dia de la Mujer Trabajadora, la HOAC de Madrid convocó un acto informativo del conflicto que se vive en los Centros de Atención a la Violencia de Género, dependientes del Ayuntamiento de Madrid. El acto, que comenzó a las 18,30 en el local de la HOAC madrileña, contó con la participación como ponente de una integrante de la Plataforma de Trabajadoras de la Red de Violencia de Género.
En su exposición, nos informó de la situación en la que se encuentra esta Red de Centros de Atención a nivel municipal. El servicio se encuentra externalizado en su totalidad. A diferencia de la mayoría de los servicios sociales, que son públicos, la atención a la violencia de género no lo es. Las empresas privadas a las que los gobiernos del PP del Ayuntamiento han adjudicado la gestión de estos centros son: Atende (filial del grupo CLECE, del que es propietario Florentino Pérez), Eulen (propiedad de la multimillonaria Mª José Álvarez) y la empresa de trabajo social Intress. Así mismo, los dos centros de atención a menores son gestionados por la empresa ABD.
Solo existen tres centros de atención a mujeres con o sin orden de protección, para dar servicio a los 21 distritos de la ciudad de Madrid y un servicio de atención 24 horas. La situación en la que se encuentran dichos centros y sus trabajadoras es totalmente precaria. El número de profesionales que los atienden es insuficiente y a causa de la sobrecarga de trabajo y los bajos salarios (ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional), el nivel de inestabilidad en el puesto es bastante alto, ya que dejan el trabajo en cuanto encuentran otro en mejores condiciones laborales.
Esto es trágico para las mujeres que se han acercado demandando ayuda ya que, si la persona a la que han estado confiando toda su situación ya no trabaja en el centro, tienen que volver a iniciar el proceso de confianza en la nueva profesional, con la carga de inseguridad e indefensión que ello conlleva.
Además, el número de solicitudes de cita es tan alto que pueden tardar dos meses en concederla, lo cual es extremadamente peligroso para las mujeres en riesgo que solicitan ayuda en los centros de atención. Aunque existe un servicio de atención 24 horas para situaciones peligrosas, aquellas que no lo son deben esperar 60 días hasta su cita, con lo que no se evita el riesgo de sufrir una agresión ni la agresión misma. Así mismo, al existir tanta demanda debido a la escasez de centros en los distritos, las trabajadoras no pueden tramitar debidamente las gestiones necesarias para dar cobertura a las necesidades de las víctimas.
Como consecuencia de la poca inversión que el Ayuntamiento de Madrid dedica a este servicio de atención, el concurso de licitación convocado en septiembre de 2024 para la gestión de uno de los centros (el que hasta la fecha se adjudicaba a la empresa Intress) ha quedado desierto y volverá a convocarse en septiembre de este año. Ninguna empresa se ha presentado. Esto nos da una idea del interés por la protección de la vida de las mujeres que manifiesta el Ayuntamiento de Madrid.
Muchas de las mujeres que acuden buscando ayuda a estos centros de atención sufren violencia de genero psicológica, más difícil de demostrar y de detectar incluso por ellas mismas. El control que ejercen sus maltratadores se basa en el chantaje emocional y el control económico-social. A menudo, ellas se sienten incapaces de salir de la relación, sobre todo si no tienen independencia económica. Con estos condicionantes: los chantajes emocionales, las amenazas, el registro del móvil, el no disponer de dinero propio…. es difícil que las mujeres salgan de ese entorno.
Se tarda tiempo en tomar conciencia de que hay un problema en la relación, ya que los maltratadores siempre piden perdón y se comprometen a cambiar. Además, anticipar el impacto en los hijos e hijas que puede plantear la denuncia contra el parte o la ruptura familiar puede llevar a retrasar el momento de enfrentarse al problema.
El desamparo de las víctimas
Pasado el tiempo, a veces años, y una vez que las mujeres se han decidido a actuar, se encuentran con que el servicio de atención al que se han arriesgado a llamar o al que se han podido acercar, sin que el maltratador se dé cuenta, les da cita para dos meses.
Así mismo, nos informa de las reivindicaciones que desde la Plataforma de Trabajadoras han ido planteando a la Administración: Mejora en las políticas públicas, con gestión propia de los centros de atención; descentralización por distritos, aumentando en número de centros y acercándolos a las víctimas; dotar de personal suficiente cada uno de los centros; que los espacios de igualdad (dedicados a la prevención y detección de la violencia machista) trabajen conjuntamente con los centros de atención…
En su lucha, se han unido a ellas las trabajadoras de los centros de la Comunidad de Madrid. Consideran que los Servicios Sociales se están dinamitando desde dentro, por parte de la propia Administración. Están alarmadas por el uso que la presidenta madrileña está haciendo del dinero que recibe, en virtud del pacto de Estado, para la violencia de género: lo destina a crear puntos de encuentro familiar, lugares de recogida de niños o niñas por parte de la madre o el padre a cargo en ese momento, tras una ruptura conflictiva de la convivencia.
Por todo ello, han convocado diversas huelgas durante el año 2024: el 8 de marzo, donde dieron a conocer su situación y reivindicaciones; el 3 de junio y el 25 de noviembre. En el transcurso del año y como consecuencia de las huelgas, llevaron a las empresas y a la dirección de los centros a la negociación. Al final, no se ha llegado a ningún acuerdo y siguen en lucha. También se han llegado a reunir con el Ministerio de Igualdad, que les ha comunicado que, al estar las competencias cedidas a las Comunidades Autónomas, poco pueden hacer salvo estar pendientes de que cumplan con los objetivos requeridos.
En el diálogo posterior a su exposición, nos comentó que han solicitado apoyo sindical, siendo el sindicato COBAS el único del que están recibiendo apoyo y cobertura. También nos comentó que hay algunos municipios en Madrid, pocos, en los que la gestión de los servicios de violencia de género está municipalizada. Y a eso hemos de tender si queremos una mejora real.
Así pues, la lucha por la dignidad en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género sigue en pie, tanto desde el apoyo a los colectivos de trabajadoras en lucha, como desde la exigencia a las Administraciones Públicas de poner a disposición todos los recursos posibles para atender y proteger a las mujeres y facilitar unas condiciones de vida digna para ellas y sus hijos e hijas.
El equipo de la HOAC de Vallekas lo componen: Francisco Martínez, Rogelio González, Conchi Blanco, Adelina Bolos, Miguel Ángel Díaz, Carmen Díaz Gallego, Toñy Martin y Juan Fernández
