Más inversión con perspectiva de género y mejorar el sistema de cuidados para acabar con la discriminación a las mujeres
La mayor incidencia de la pobreza en las mujeres, así como las brechas que padecen en el ámbito laboral y la protección social requieren, para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) una intervención pública más decidida con perspectiva de género, mientras que Justicia y Paz llama a reconocer el valor de las tareas de cuidado y la aportación de las mujeres migrantes.
En España, 6,6 millones de mujeres están en riesgo de pobreza o exclusión social, golpeando con mayor intensidad a mujeres jóvenes y vulnerables.
Según el Avance de Resultados del XV Informe ‘El Estado de la Pobreza’, el 26,8 % de las mujeres y el 24,8 % de los hombres en España están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Las políticas de protección social han sido menos eficaces en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Desde 2015, medidas públicas han reducido la pobreza entre los hombres en un 14,2 %, mientras que solo un 5,8 % de las mujeres han logrado salir de esta situación. La explicación a la desigual acción protectora, según la organización, se debe “a la falta de un enfoque de género e interseccional efectivo”.
Para EAPN-ES, “la pobreza es una forma de violencia contra las mujeres, resultado de desigualdades estructurales e históricas”, por lo que reclama respuestas específicas, urgentes e integrales, para atajar “las desigualdades sistémicas”
Esta demanda adquiere mayor urgencia si se atiende a la creciente influencia de discursos y propuestas que amenazan los avances en igualdad y protección, que afectan a la cohesión social, y tienen un impacto mayor sobre los grupos sociales más vulnerables.
“El actual contexto político no solo pone en riesgo el reconocimiento de derechos, también su ejercicio efectivo, incluyendo las actividades del Tercer Sector y generando un empeoramiento de las condiciones de vida de millones de mujeres en España” señala la representante de la Comisión Permanente de EAPN-ES, Patricia Durán.
EAPN-ES se suma a las organizaciones y voces expertas que reclaman la aplicación de políticas de corresponsabilidad y protección social, dado que la carga desproporcionada de los cuidados, la brecha salarial y la precariedad laboral agravan la desigualdad.
Los hogares monoparentales, en su mayoría liderados por mujeres (80 %), se encuentran especialmente afectados. Más de la mitad (50,3 %) de los hogares monoparentales que en el 80% de los casos sostiene las mujeres están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Las niñas y adolescentes menores de 16 años, así como las mujeres de entre 16 y 44 años, presentan índices de pobreza en aumento.
Las mujeres presentan tasas de empleo un 10% inferior al de los hombres, lo que se traduce en que las mujeres trabajan más a tiempo parcial, fundamentalmente por asumir en mayor medida los cuidados de personas dependientes, lo que también supone peores condiciones en su vejez.
Justicia y Paz alerta sobre la explotación en la cadena de cuidados
La secretaria de Justicia y Paz Madrid e integrante de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, Pilar de la Rosa, incide en un artículo, en que “se podría decir que importamos mano de obra barata, femenina, para solucionar o paliar la problemática de la conciliación o la necesidad de ayuda en las tareas del hogar”.
Así, detalla que desde 2002 a 2022, 20 años, el número de personas trabajadoras extranjeras afiliadas a la Seguridad Social se ha incrementado cerca del 293%, en mucho mayor porcentaje de mujeres, de modo que las trabajadoras de origen extranjeros presentan incrementos del 400%. De estas mujeres inmigrantes un gran porcentaje se dedica a las labores domésticas, sea de forma regular o irregular
De modo que “el trabajo feminizado sigue consolidado, si bien se está traspasando a las mujeres inmigrantes, formándose cadenas transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedencia.
Citando un informe de Funcas del 2017, la representante de Justicia y Paz, apunta que “la fórmula de organizar los cuidados a través del empleo del hogar responde a una estructura social familista modificada, donde se externalizan las actividades, pero se mantienen dentro del hogar y en manos femeninas, es decir, replicando el modelo de organización familiar tradicional”.
Conclusiones similares a las de EAPN-ES, que indican que “las mujeres que enfrentan discriminaciones interseccionales, como las pertenecientes al pueblo gitano, las migrantes -en especial aquellas en situación administrativa irregular-, las racializadas, las mujeres trans o con discapacidad, sufren una vulnerabilidad aún mayor”.
Según los datos, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social para extranjeras extracomunitarias alcanzaba en el 2023 el 58,7 %, muy por encima de la media nacional.
Aunque el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconoce la violencia económica como una forma de violencia de género, este avance es “insuficiente si no va acompañado de medidas que garanticen la autonomía económica de las mujeres”, señala María Miaja, representante de EAPN-ES.
Entre las reclamaciones de esta entidad, figura la la trasposición de la Directiva Europea 2024/1385 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica incluya políticas activas de empleo, protección social y acceso a recursos.
También urgen a las Administraciones públicas a reforzar la protección social con enfoque de género, asegurando un apoyo universal a la crianza y una revisión del Ingreso Mínimo Vital, teniendo en cuenta la diversidad en las familias.
Además, propone reforzar el sistema público con medidas como la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años con acceso gratuito, así como el refuerzo de la sanidad y la salud mental para mujeres en exclusión.
Igualmente, plantea la regularización y mejora de las condiciones laborales en el sector de los cuidados y la creación de una Estrategia Estatal de Cuidados con financiación suficiente.
La incorporación de la perspectiva de género debe alcanza al diseño y evaluación de todas las políticas públicas, así como desarrollar estrategias específicas para los colectivos más vulnerables, garantizando derechos básicos a mujeres migrantes en situación administrativa irregular, promoviendo programas de vivienda para mujeres en situación de sinhogarismo y fortaleciendo la inserción laboral en empleos de calidad y la protección social de las víctimas de violencia de género.
Por último, EAPN-ES apuesta por la participación activa de las mujeres en situación de pobreza en la toma de decisiones.
Desde Justicia y Paz, Pilar de la Rosa, en este 8 de marzo, recuerda que parte de “esa sororidad que precisamos las mujeres para conseguir la igualdad”, implica “mirar con una especial sensibilidad a la mujer trabajadora que tenemos contratada en nuestro hogar, que limpia nuestra oficina o que atiende a nuestros ancianos en las residencias o en sus casas, es de justicia y forma parte de esa sororidad que precisamos las mujeres para conseguir la igualdad”.
“La cadena global de trabajo se va extendiendo, pero no podemos permitir que sea injusta, que el trabajo de las mujeres que migran a nuestro país para ocuparse de nuestro cuidado sea indigno tanto por salario como por condiciones laborales”, indica De la Rosa, que expresa su admiración y respeto por todas esas mujeres venidas desde tantos puntos de la Casa Común a trabajar en España.
Redacción de Noticias Obreras.
