¿Está normalizado el sexismo en la intervención social? El caso de la educadora asesinada en Badajoz
Los colegios de educadoras y educadores sociales han condenado los hechos ocurridos en Badajoz, donde una profesional de la intervención social fue asesinada en un piso destinado al cumplimiento de medidas judiciales.
A través de diversos comunicados, han enfatizado la urgencia de mejorar las condiciones laborales y de seguridad en el sector.
Más allá de estas reivindicaciones fundamentales, no podemos perder de vista que lo sucedido es un nuevo feminicidio en el marco laboral, lo que nos exige analizarlo desde la perspectiva de género. La violencia estructural contra las mujeres también atraviesa el ámbito de la intervención social. Las trabajadoras enfrentan violencias sexuales y, por razón de género, de forma sistemática en el desempeño de su labor diaria, sobre todo, aunque no exclusivamente, por los varones a quienes se acompaña, tanto mayores como menores de edad.
Sin embargo, a menudo no se identifican o son percibidas como una parte inherente al trabajo por parte de instituciones, entidades o equipos profesionales, lo que lleva a las profesionales a gestionar en solitario situaciones de violencias sexistas en su entorno laboral dejando de lado su bienestar.
Toda forma de violencia representa una vulneración de los derechos humanos, que se ha de prevenir y erradicar. Las y los trabajadores en la intervención social sufren violencias por parte de personas a las que acompañan. Sin embargo, su origen, complejidad y consecuencias difieren en el caso de las mujeres también en este ámbito.
No se pueden analizar como casos aislados, sino entenderlas dentro de un continuo que se manifiesta desde expresiones sutiles hasta otras más dramáticas.
Una muerte que evidencia la vulnerabilidad femenina
El asesinato de la educadora social Belén Cortés ha puesto en evidencia la vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres en el ámbito de la intervención social. Por ello es necesario visibilizar cómo las profesionales sufren de manera sistemática actitudes sexistas, deslegitimación de su autoridad y comportamientos hostiles.
Este sexismo genera espacios de trabajo inseguros y que suponen a cada trabajadora un sobresfuerzo en su tarea profesional, cuando no situaciones de riesgo.
En el ámbito de la intervención social, existe una creciente preocupación entre trabajadoras por la normalización de las violencias por razón de género y el acoso sexual. Ambas afectan tanto a las profesionales como a las mujeres atendidas en los servicios. Es un contexto laboral feminizado con características propias, las cuales dificultan la identificación, la denuncia y el abordaje de las violencias machistas que en él se dan.
El sexismo, entendido como un conjunto de prejuicios y discriminaciones basadas en el género, está profundamente arraigado en las normas y estereotipos sociales, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Las profesionales de la intervención social sufren violencias por ser mujeres de forma recurrente en los recursos en los que se atiende también a hombres.
Ser mujer en el ámbito laboral conlleva una carga adicional, ya que no solo deben gestionar la complejidad de su labor profesional, sino que también sufren violencias sexuales y por razón de género en su desempeño, enfrentándose a un ambiente sexista y hostil que pone en cuestión su autoridad y liderazgo.
El sexismo no solo se manifiesta en forma de acoso sexista y sexual explícito, sino también a través de la desvalorización del trabajo de las mujeres, la infantilización de su autoridad, la carga desproporcionada de tareas emocionales y la normalización de ambientes hostiles y sexistas. Además, son constantes las alusiones a la vida privada de las trabajadoras o la hipersexualización de sus cuerpos.
La carga de manejar el machismo
Las profesionales han de atender las necesidades sociales de los usuarios, pero además se les exige la carga implícita de manejar el machismo y la misoginia que estos pueden manifestar, con la expectativa de que su labor educativa contribuya a modificar estas conductas. Estos comportamientos, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para compañeros, entidades e instituciones exceptuando aquellas situaciones consideradas como de muy graves para la integridad física de la profesional, cuando estas son comunicadas. En muchos casos pueden no ser atendidas.
El abordar este problema solo con medidas de seguridad y condiciones laborales sin perspectiva de género, de nuevo, deja fuera de la ecuación la realidad de mujeres profesionales y a las que se acompaña. Es fundamental hacerlo desde una mirada critica que suponga un cambio de paradigma en el trabajo con los hombres y un profundo cuestionamiento de la estructura patriarcal que sostiene los resortes de la intervención social.
Han de incorporarse la pedagogía y la ética feminista que promuevan una transformación en la conceptualización de la relación educativa y la gestión de las violencias en general y de las violencias de género en particular en este ámbito.
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Texto publicado originalmente en The Conversation. El artículo se ha realizado con la colaboración de Aitziber Bañuelos Ganuza, educadora social y especialista en intervención con víctimas de situaciones traumáticas y exclusión social.
Profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
