Centenares de entidades europeas piden a la Comisión la retirada del proyecto ómnibus
Centenares de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de más de 50 países pide a la Unión Europea que no apruebe la propuesta que rebaja las exigencias climáticas y los compromisos con los derechos humanos.
La propuesta Ómnibus persigue flexibilizar las exigencias contenidas en las leyes aprobadas bajo el impulso del Pacto Verde, incluida la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad, la Directiva de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y el Reglamento de Taxonomía.
De salir adelante, más de 360 organizaciones de sociedad civil y sindicatos de más de 50 países, entre las que se encuentra la Plataforma por Empresas Responsables de España, establecer una peligrosa desregulación de las obligaciones empresariales en materia de derechos humanos, derechos laborales y protección ambiental.
Sin embargo, las entidades sociales consideran que el Consejo y el Parlamento deben demostrar liderazgo urgentemente bloqueando esta “dañina propuesta”, ya que pone en peligro los propios objetivos de estas leyes y socava no sólo el compromiso de la UE con sus ambiciones ecológicas y la protección de los derechos humanos, sino también “su credibilidad como legislador fiable”.
Estas leyes exigen prácticas empresariales responsables, introducen mecanismos de rendición de cuentas para las empresas que abusan de los derechos humanos y dañan el medio ambiente, y garantizan el acceso a la justicia para las víctimas.
También buscan mejorar la transparencia en los informes de sostenibilidad y orientar la inversión sostenible. Todo ello es esencial para que la UE cumpla su objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro para 2050.
Vaciar de contenido las normas de responsabilidad empresarial
Cuando la presidenta Ursula von der Leyen anunció a finales del año pasado la propuesta Ómnibus para simplificar los requisitos de informes y sostenibilidad de las empresas, se comprometió a mantener íntegramente el espíritu y el “contenido de la ley”, afirmando que el objetivo era reducir las obligaciones superpuestas. Sin embargo, la propuesta publicada el 26 de febrero representa un claro alejamiento de esta promesa y, si se implementa, eliminará el propósito central de estas leyes.
La propuesta Ómnibus eliminará muchas de las disposiciones clave de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilidad Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilidad, dejándola prácticamente sin efecto.
También retrasará un año la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros de la UE.
En concreto, advierten, la responsabilidad civil quedará en gran medida a discreción de los Estados miembros de la UE, abriendo la posibilidad de reducir gravemente el acceso a la justicia de los posibles demandantes, la legitimación activa que permite a ONG, los sindicatos y las instituciones de derechos humanos representar a las víctimas ante los tribunales podría quedar inutilizada
Además, la eliminación de la disposición de aplicación imperativa obligaría a los tribunales de la UE a aplicar las leyes del país donde se produjo el daño en lugar de la legislación nacional, lo que socavaría la eficacia de la disposición sobre responsabilidad civil.
Con ello, las empresas solo estarán obligadas a evaluar los daños atribuibles a sus socios comerciales directos, reduciéndose la vigilancia sobre toda la cadena de valor y solo en caso de que la empresa disponga de lo que muy ambiguamente se define como “información plausible” sobre las malas prácticas de sus proveedores deberá abordarlos
Igualmente, dejará de ser obligatorio “poner en práctica” los planes de transición climática, con lo que las compañías pueden aprovechar la laguna jurídica para elaborar planes que se queden en el papel.
Tampoco los Estados miembros podrán establecer normas más ambiciosas en la identificación, prevención y mitigación de impactos, ni las empresas tendrán que rescindir los contratos, ni siquiera en los casos en que sea posible o probable que continúen los abusos.
Las agrupaciones de consumidores, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y defensores de derechos humanos no serán consideradas partes interesadas en los procesos de evaluación de impacto y exigencia de responsabilidades, mientras que la consulta a las partes interesadas «pertinentes» ya no serña necesaria para la desvinculación de las operaciones empresariales o la supervisión.
La frecuencia del control de la eficacia de las medidas de diligencia debida se reduce de cada año a cada cinco años, o siempre que “las medidas hayan dejado de ser adecuadas o eficaces”.
Se suprime el mínimo de sanciones del 5% del volumen de negocios, que puede dar lugar a sanciones más bajas y simbólicas y desencadenar una competencia a la baja entre los Estados miembros.
La Comisión no tendrá la obligación de examinar la necesidad de aplicar las normas de diligencia debida a los servicios financieros y las actividades de inversión en una futura revisión de la ley.
Rendición de cuentas en entredicho
La propuesta Ómnibus también introduce cambios sustanciales en la directiva sobre información de sostenibilidad, que ya ha sido transpuesta por la mayoría de los Estados miembros, por la que se pospone por dos años su aplicación para ciertas empresas y se reduce drásticamente su aplicación, excluyendo aproximadamente al 80% de las empresas de las obligaciones de información, ahora restringida a sus socios medianos y grandes, sobre sostenibilidad.
Para las entidades de la sociedad civil “la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa son esenciales para que los países europeos avancen hacia una economía que funcione para las personas y el planeta, así como para atraer inversiones sostenibles a largo plazo”.
Defienden que las normas cuya ambición se pretende rebajar pueden hacer “más resilientes las cadenas de suministro, proporcionar claridad legal y estabilidad para todas las partes interesadas”.
Aprobar la propuesta Ónmnibus supone, a su juicio, aceptar una “visión cortoplacista”, “quitarle el motor al vehículo que puede ayudar a las empresas a cumplir con sus actuales responsabilidades en materia de derechos humanos”.
Por eso, instan al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo a que, con “carácter de urgencia, revisen la propuesta Ómnibus en las próximas negociaciones legislativas para garantizar que se rechacen todas las enmiendas que pretenden debilitar las directivas de diligencia debida y sostenibilidad.
Por último, critican que la propuesta Ómnibus fuera presentada por la Comisión “a puerta cerrada” ante un “grupo reducido y seleccionado de partes interesadas”, mayoritariamente representantes empresariales y que la consulta interservicios durase apenas 24 horas durante un fin de semana, contraviniendo así las propias directrices sobre “Legislar Mejor” de la Comisión.
Redactor jefe de Noticias Obreras
