España condenada por vulnerar derechos fundamentales de la población de La Cañada Real
El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha hecho público el fallo por el que condena a España por vulnerar derechos de la Carta Social Europea en la Cañada Real Galiana, en Madrid, donde unas 4.500 personas, 1.800 de ellas niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz.
Aunque el contenido de este informe ya había sido adelantado por los medios de comunicación hace meses, ahora se le comunica a España para que actúe en consecuencia. La declaración del comité europeo reconoce la vulneración, al no disponer de “acceso estable, constante y seguro a energía adecuada”, de derechos fundamentales de las personas, entre ellos, a la vivienda, la salud y la educación.
El comité señala que en los Estados donde la energía se suministra por empresas privadas, los Estados no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos humanos para con esas empresas. “Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una responsabilidad del Estado”, subraya.
El pronunciamiento se adoptó por el Comité Europeo de Derechos Sociales en su reunión plenaria en Estrasburgo el 11 de septiembre del año pasado, al atender la demanda colectiva presentada hace dos años y medio, el 2 de marzo de 2022, por Defensa de los Niños Internacional (DCI), la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Comisiones Obreras (CCOO) y Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo.
El comité denuncia que cuando las personas tienen acceso “irregular o nulo” a la energía durante un período prolongado, se encuentran “pobres energéticamente”. Esta situación, dice, plantea “serias preocupaciones” en términos del derecho a la protección contra pobreza y exclusión social establecidos en la Carta.
En concreto, señala que existe una violación del Artículo 11.1 y 11.3 de la Carta con respecto a la falta de adopción por parte del Estado de medidas apropiadas para eliminar, en la medida de lo posible, las causas de la “mala salud” creada por los cortes de energía.
También concluye por unanimidad que se ha violado el artículo 31.1 de la Carta con en relación con la falta de adopción por parte del Estado de “medidas adecuadas” para “garantizar la vivienda de un nivel adecuado para las personas interesadas”. En este sentido, recalca que una vivienda sin servicios básicos como electricidad y calefacción no puede considerarse “adecuada”. Además, destaca que la energía es un recurso esencial para la vida diaria, ya que permite la calefacción, iluminación, preparación de alimentos e higiene.
El informe destaca que la falta de electricidad ha golpeado especialmente a las personas con discapacidad que residen en la Cañada Real y reconoce que “la falta de políticas estables, consistentes y el acceso seguro a una energía adecuada puede crear barreras al ejercicio efectivo del derecho a independencia, integración social y participación de las personas con discapacidad”.
También critica la falta de acciones efectivas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas. Considera que las medidas para el realojo han sido “insuficientes” y señala que las familias y organizaciones que las representan deberían haber tenido la oportunidad de participar en la toma de decisiones que les afectan directamente.
Las organizaciones demandantes argumentaron en su demanda que los cortes de luz han causado un grave impacto en la vida de los residentes de la Cañada Real Galiana, incluyendo un aumento de enfermedades respiratorias, problemas dermatológicos y circulatorios relacionados con el frío, dificultades para utilizar dispositivos médicos esenciales, e incluso casos de intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras.
Asimismo, denunciaron que la falta de suministro eléctrico afecta el acceso a la educación de los menores, fomentando el absentismo escolar y dificultando su desarrollo académico. También destacaron el impacto desproporcionado sobre las mujeres trabajadoras, en especial aquellas con responsabilidades familiares.
Aunque las conclusiones de este órgano no tienen fuerza vinculante ni acarrean una sanción, suponen un claro reproche que debería influir en la formulación y modificación de políticas públicas. En el caso de la Cañada Real, el Comité ha instado a España a restablecer el suministro eléctrico de manera inmediata y a adoptar medidas efectivas de realojamiento para garantizar una vivienda digna.
Redactor jefe de Noticias Obreras
