Movilización de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones contra los ataques al sistema público
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se ha movilizado en unas 70 poblaciones en defensa del sistema público de prestaciones y la solidaridad intergeneracional.
La movilización de Madrid se ha llevado a cabo frente al Congreso de los Diputados y en ella los manifestantes han tratado de responder a los “ataques que están sufriendo las pensiones” y que buscan “enfrentar a jóvenes con pensionistas”.
Las más de 500 organizaciones afirman haber reunido cerca de tres millones de firmas en apoyo a la salvaguarda constitucional de estas prestaciones, “una parte importante” de las cuales proceden de personas jóvenes. Igualmente informan de que una treintena de asociaciones integradas en esta plataforma están formadas por personas jóvenes, que respaldan el lema “Somos 48 millones para blindar las pensiones en la Constitución”.
La movilización no solo trata de contrarrestar los ataques de quienes quieren enfrentar a unas generaciones con otras, también de las políticas de recortes que viene de Bruselas.
Ante la próxima evaluación que debe presentar en marzo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el impacto de las últimas medidas aplicadas al sistema de pensiones, la Mesa ha pedido por carta una reunión a todos los grupos parlamentarios, menos Vox para “valorar los resultados de la revisión del sistema” y “avanzar en la propuesta de reforma constitucional”. Si el informe de la AIReF no arroja resultados positivos, muy probablemente Bruselas “exigirá recortes, como vienen anunciando”.
Representantes del PSOE, PP, Bildu, Junts, ERC, IU, Compromís, Els Comuns, Chunta, Podemos, Coalición Canaria y BNG han recogido la carta de la Mesa.
En el comunicado leído en las manifestaciones, la Mesa afirma que “la sostenibilidad de las pensiones públicas depende exclusivamente de la voluntad política”, y aunque “nos hemos unidos sensibilidades y trayectorias políticas muy distintas, incluso opuestas en muchos aspectos”, todas las organizaciones defienden “una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización total o parcial de las pensiones públicas y la pérdida de poder adquisitivo, recibiendo el tratamiento de un derecho fundamental”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
