La red contra la pobreza pide “acelerar para erradicar la exclusión”
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) destaca el avance de las políticas sociales que ha conseguido reducir ligeramente la tasa de pobreza y exclusión, pero alerta de la existencia de una desigualdad estructural que aleja a España de cumplir con sus compromisos internacionales
El Avance de Resultados de su “XV Informe Anual El Estado de la Pobreza”, con los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha descendido del 26,5 % en 2023 al 25,8 % en 2024, y afecta a 12,5 millones de personas, la cifra más baja de la serie histórica desde 2014, aunque son 200.000 más que 2023.
Al igual que hiciera Cáritas, EAPN celebra este descenso, fruto de “los avances en políticas sociales de los últimos años”, aunque señala que desde la población en riesgo de pobreza o exclusión no baja del 25 % de la población, por lo que nuestro país sigue lejos de alcanzar los compromisos adquiridos en el marco de la Agenda 2030.
La tasa AROPE que mide el riesgo de pobreza o exclusión debería disminuir hasta el 20,1 %, lo que supondría que 2,8 millones de personas tendrían que haber superado esta situación en 2024.
La red recuerda el efecto positivo de las políticas sociales impulsadas frente a las últimas crisis. En un informe anterior, se señala que, de haberse eliminado ayudas y prestaciones en 2023, unos 10,8 millones de personas en todo el país habrían entrado en situación de pobreza.
Con todo, EAPN-ES sigue denunciado que el problema profundo y estructural que muestras las situaciones de pobreza y exclusión, que afectan en mayor medida a familias con menores, mujeres, jóvenes, migrantes o personas con discapacidad. Colectivos que ver empeorar sus circunstancias en momento de crisis y no mejoran durante las recuperaciones al mismo ritmo que el resto de la población.
Por ello, la red critica el carácter temporal de las iniciativas incluidas en el Escudo Social y demanda “medidas estructurales de mayor intensidad y alcance, que no dependan del juego político y de la constante negociación parlamentaria”.
“Las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención, ahora toca acelerar para erradicar de forma efectiva la pobreza. En materia de derechos sociales y en calidad de vida, no cabe ningún margen de retroceso a ningún nivel competencial”, señalan desde la entidad.
Entre las medidas más urgentes, EAPN propone implementar una prestación universal por crianza para hacer frente a las altas tasas de pobreza infantil, políticas ambiciosas que pongan fin a la crisis de vivienda –incluyendo la protección frente al riesgo de desahucio o la ampliación del parque público destinado a alquiler social–, la garantía de rentas y empleos dignos, además de dotar de recursos suficientes a la Estrategia Estatal de Lucha contra la Pobreza, aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre.
Radiografía de la pobreza
El indicador de la carencia o privación material y social severa, relacionado con el coste de la vida, se ha reducido del 9,0 % al 8,3 %, “gracias a medidas incorporadas en el Escudo Social y enfocadas específicamente a amortiguar los efectos de la inflación y de la crisis energética en los hogares más vulnerables, como el IVA súper reducido de los alimentos básicos o el bono social energético”, apunta EAPN.
La pobreza energética también registra un descenso, después de encadenar máximos históricos. En 2024 descendió más de 3 puntos: el 17,6 % de la población no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
Sin embargo, al comparar lo ocurrido con 2014, el aumento de la pobreza energética ha sido del 65,9 % y prácticamente el tripe desde 2008 (sube un 196,3 %).
La última Encuesta de Condiciones de Vida refleja el empeoramiento de las personas con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, que se ha incrementado del 13,6 % al 14,2 %.
La población de menos de 18 años en riesgo de pobreza aumenta en medio punto situándose en un “alarmante 34,6 %”, lo que afecta a 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes.
A pesar de la mejora de las familias monoparentales en riesgo, que pasan del 52,7 % en 2023 al 50,3 % en 2024, no deja de ser preocupante que todavía la mitad se encuentra en esta situación.
Según el estudio de la Red, el incremento del salario mínimo ha tenido el efecto de impedir el crecimiento del número de personas trabajadoras pobres. La estabilización de este indicador, según la organización, apunta a que “es necesario que estas medidas se vean reforzadas con otras garantías sociales, para que ninguna persona empleada se vea en riesgo de exclusión y pobreza”.
Las personas jubiladas muestran una mejora en las cifras de pobreza o exclusión social (17,2 % en 2023 frente a 15,9 % en 2024), y desempleadas (pasan del 56,7 % en 2023 al 55,4 %) debido, entre varias cuestiones, “al incremento de las pensiones más bajas o a la compatibilidad entre subsidios y otras garantías de rentas”.
Por género, tasa AROPE baja tanto en mujeres como en hombres, pero la brecha se mantiene. La feminización de la pobreza persiste como “constante y estructural”, y se hace más evidente en las franjas de menor edad. Así, empeora el riesgo de pobreza entre niñas y adolescentes menores de 16 años, y entre mujeres de 16 a 44 años.
Para EAPN, “una situación administrativa regularizada resulta fundamental en la lucha contra la pobreza”, por lo que aboga por “medidas decididas contra la discriminación social que sufren las personas migrantes, y acciones como su inclusión en políticas de protección social –entre ellas el ingreso mínimo vital–, independientemente de su situación administrativa”
También apunta la investigación que “las políticas migratorias y de extranjería vigentes y la discriminación están aumentando las situaciones de pobreza”. En 2024, más de la mitad de las personas de origen extracomunitario se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social (54,1 %). Aunque se aprecian notables diferencias. Las personas originarias de un país de la Unión Europea presentan tasas de riesgo del 35,1%
La brecha territorial
En un primer análisis de la situación por comunidades autónomas, queda patente la un año más la brecha territorial entre las regiones con mejores datos al norte y aquellas con cifras más elevadas de pobreza y exclusión social al sur.
Así la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social va desde el 14,8 % del País Vasco hasta el 35,6 % en Andalucía, más del doble, pese a haberse reducido el riesgo de pobreza en 1,9 puntos porcentuales en la región andaluza.
La mejora de los indicadores ha sido generalizada pero queda un largo camino para revertir las desigualdades territoriales, y en este punto, “el papel de las Comunidades Autónomas es imprescindible para erradicar la pobreza en nuestro país”, señala EAPN.
“Los Gobiernos autonómicos tienen que desarrollar e invertir en gasto social, en suma a las partidas y medidas impulsadas a nivel estatal. Entre otras iniciativas, es necesario que se complemente de forma decidida el ingreso mínimo vital con las rentas autonómicas, garantizar el derecho de acceso y mantenimiento de la vivienda, y políticas focales de cohesión territorial”, apunta el informe.
Redacción de Noticias Obreras.
