Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda: “Durante mucho tiempo ha habido una política en defensa del propietarismo y la plusvalía fácil”
Javier Madrazo, exconsejero de Vivienda de Euskadi y colaborador de Noticias Obreras, participa en las XXXVII Jornadas de Estudio de la Pastoral Obrera de Cataluña, para debatir sobre la crisis actual de la vivienda y sus posibles soluciones.
¿Qué diferencia hay entre política inmobiliaria y de vivienda?
En la política inmobiliaria las administraciones públicas procuran un escenario y un marco propicios al sector de los promotores inmobiliarios, con un esquema de subvenciones, entendiendo solo ellos pueden solucionar el problema de acceso a la vivienda asequible y que el mercado se regula solo. La política de vivienda, por el contrario, pone el foco en la necesidad de vivienda de la ciudadanía y la entiende como un problema social, no solo como un problema de mercado. Esta perspectiva centrada en la ciudadanía legitima la intervención de los poderes públicos en el mercado cuando sea necesario para proveer vivienda asequible.
¿Por qué ha estado tanto tiempo olvidado el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a la vivienda?
Durante mucho tiempo el Tribunal Constitucional dijo que este artículo 47 no reconocía ningún derecho a los ciudadanos españoles, que era un principio inspirador de las políticas públicas, sin un contenido real exigible. Esta interpretación ha cambiado radicalmente con la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda del 2023, en el que el Tribunal Constitucional sí ha reconocido en el 2024, han pasado años, que el Estado puede dotar este derecho de unos contenidos mínimos exigibles a todas las comunidades autónomas.
¿Qué opina de la Ley de Vivienda de 2023?
Es un punto de partida positivo, aunque se queda corto. Es verdad que tiene que respetar las competencias de vivienda de las comunidades autónomas, muchas gobernadas ahora por el Partido Popular. También es verdad que al Estado le da pánico cualquier media intervencionista, prefiere la política fiscal que a veces no es suficiente.
¿Qué resistencias encontró en su momento cuando impulsó la política publica de vivienda en el País Vasco??
De tipo presupuestario, fundamentalmente. Pasamos de un presupuesto de unos 100 millones de euros al año a 350 millones, que conseguimos con la negociación y lo que supone esto. Es imposible hacer una política pública de vivienda sin presupuestos públicos. También discutimos mucho sobre la legislación urbanística, la ley del suelo que no se había aprobado en Euskadi a pesar de tener reconocida la competencia, las reservas para viviendas protegidas, el régimen de los patrimonios públicos… Más que dentro del Gobierno vasco, la discusión se dio con los propios Ayuntamientos.
¿Qué condiciones han de darse para impulsar la decidida acción pública en favor del acceso a la vivienda?
En primer lugar, hay que tener unos buenos datos para poder hacer análisis certeros. Y aunque parezca increíble, existe una gran opacidad en materia de mercado de la vivienda, lo que evidentemente no es casualidad. Hasta hace poco, las administraciones públicas no tenían estadísticas propias de precios en el mercado libre de vivienda. En segundo lugar, debe haber voluntad política de intervenir en el mercado cuando sea necesario. A los políticos cuesta intervenir en el mercado porque eso les sitúa muchas veces enfrente de los propietarios de las viviendas y los fondos de inversión, que son muy influyentes en el mercado. En España se ha desarrollado durante años una cultura en defensa a ultranza del propietarismo y de la plusvalía fácil. En tercer lugar, como he señalado antes, unos presupuestos públicos suficientes para poder generar un parque de vivienda pública o concertada con la iniciativa privada de alquiler asequible.
Redactor jefe de Noticias Obreras
