Hacer efectivo el derecho a la vivienda del pueblo gitano (III)
El acceso a la vivienda en España es una problemática estructural, pero se agudiza en algunos sectores de la población, como es el pueblo gitano. Existe una gran heterogeneidad en las familias gitanas en cuanto al tema de la vivienda; pero, en términos generales, subsiste una clara desventaja en relación a la población mayoritaria.
Hay una herencia envenenada provocada durante los grandes procesos de realojamiento tras la época del desarrollismo y el éxodo rural de la segunda mitad del siglo pasado: a muchas familias gitanas fue las últimas a las que se las atendió y con harta frecuencia se las ubicó en asentamientos de infraviviendas y segregadas donde la ciudad se acaba (T. San Román, 1980 y 1994; R. Buhigas, 2024). Un mínimo botón de muestra: en Burgos se realojó a familias gitanas en “viviendas prefabricadas”, “en la carretera de Quintanadueñas, a un kilómetro del casco urbano”, en un poblado llamado pomposamente “El Encuentro” (El Norte de Castilla, 30/06/1993). Además, en muchas ocasiones los intentos de realojo, fueron acompañados de movilizaciones antigitanas (ibid.)
Y, tal como me comenta el historiador R. Buhigas, es sintomático que dos testimonios fílmicos actuales (la película El 47 y la serie Las abogadas) que se planteen plasmar el atolladero del acceso a la vivienda durante el franquismo en las grandes ciudades y dar voz a los más vulnerables, invisibilicen a las familias gitanas –en la reconstrucción de los suburbios de aquella época que se muestran en la pantalla no aparece ni un solo segundo ni un solo gitano ni gitana–.
La doble discriminación hacia el pueblo gitano en el acceso a la vivienda sigue constituyendo un problema en nuestros días: persiste la desigualdad de las familias gitanas en el acceso a la vivienda, tanto por motivos económicos, como de antigitanismo –con negativas directas o camufladas en el alquiler–. En el estudio Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y en los asentamientos informales (2022) se consta que un número importante de arrendadores se niega alquilar su casa a familias gitanas en base a tres tipos de prejuicios: presunción de que las personas de esta minoría no van a pagarles el alquiler, que realizarán un mal uso del inmueble y lo estropearán y que van a plantear problemas de convivencia…: “ideas preconcebidas, consecuencia de un racismo estructural”.
Hoy en gran parte de las localidades de nuestro país muchas familias gitanas se enfrentan a diversos problemas en los inmuebles donde viven: a) pervivencia de algunos núcleos de infraviviendas (e incluso barraquismo), sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, electricidad o saneamiento; b) segregación urbanística y guetización; c) deficiencias en las viviendas y hacinamiento; d) dificultad para hacer frente a los gastos de la casa; e) aislamiento de los servicios y oportunidades que ofrecen los núcleos urbanos; y f) falta de equipamiento urbano en el entorno.
Las carencias y discriminaciones en la vivienda tienen enormes repercusiones: en la economía familiar, la inclusión social, laborales (al constreñir la red de relaciones e influencias familiares y de amistades), la salud, la escolaridad (favorece la creación de centros educativos segregados) y en la calidad de vida. Y “contribuye a reforzar los estereotipos y prejuicios que existen hacia la comunidad gitana, al asociarla exclusivamente con la pobreza y la marginalidad” (Consejo Estatal del Pueblo Gitano).
Por todo ello, es urgente que las administraciones públicas adopten políticas eficaces de tipo general que hagan factible el acceso a la vivienda a los sectores sociales menos adinerados y, además, se precisan medidas específicas para abordar el acceso a la vivienda para los grupos sociales más vulnerabilizados, como es el pueblo gitano.
Y “es fundamental que las políticas de vivienda se diseñen con la participación activa de las entidades gitanas”. “Es necesario abordar de manera decidida la discriminación en el acceso a la vivienda, tanto en el ámbito del alquiler como en la compra de viviendas. Las administraciones deben implementar mecanismos de control y sanción frente a los arrendadores o propietarios que discriminen a las personas gitanas, garantizando que todas las familias tengan las mismas oportunidades de acceder a un hogar digno. También es fundamental que se promuevan campañas de sensibilización para erradicar los prejuicios raciales y fomentar la convivencia intercultural en los barrios y comunidades de vecinos” (Consejo Estatal del Pueblo Gitano).
Miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, Asociación Presencia Gitana y del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
