El tímido descenso de la población en riesgo de exclusión genera dudas sobre la calidad del empleo generado
Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, presentados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalan una ligera mejora de las condiciones de vida de la población empobrecida, aunque persisten desigualdades estructurales.
La población en riesgo de exclusión social ha experimentado un ligero descenso desde el 28,7% de 2015 hasta el 25,8% en 2024, si bien, la reducción de la pobreza en menos de tres puntos porcentuales ha requerido nada menos que 10 años.
Los tres indicadores que marcan el riesgo (pobreza relativa; carencia material y social severa; y baja intensidad en el empleo) muestran descensos, si bien de forma muy diferente.
El porcentaje de población con carencia material y social severa ha pasado del 9,0% del año anterior al 8,3% actual. Pero ocurre precisamente después de un incremento pronunciado de las dificultades económicas del año anterior.
Desciende también la baja intensidad en el empleo, mostrando una tendencia positiva, al pasar del 8,4% al 8%, aunque no consigue que su impacto sea significativo en la reducción del riesgo de exclusión ni de sufrir privación severa.
La calidad del empleo
La socióloga del equipo de Estudios de Caritas Española, Marina Sánchez-Sierra, se pregunta cree que hay que preguntarse por la calidad de los empleos: “si aumenta la intensidad en el empleo, pero no mejoran de la misma forma las situaciones de pobreza, exclusión y carencias, ¿qué empleo se está creando en nuestro país?”.
Los ingresos de los hogares experimentan un aumento de un 5,1% respecto al año anterior. Es este caso los últimos datos corresponden a 2023, y sitúan la media en 14.807 euros al año. Sin embargo, no es suficiente para un 9,1% de los hogares, dos décimas menos que en 2023, que sigue afirmando que llega a fin de mes con mucha dificultad.
Para Sánchez-Sierra, los datos confirman que “los ingresos siguen siendo insuficientes para hacer frente a los gastos”.
Entre otras razones, porque el coste de la vivienda sigue siendo una carga excesiva para muchas familias, al tiempo que se mantienen tasas de pobreza y de privación material en la infancia preocupantes, “una cuestión clave ante la que es crucial actuar”, remarca la socióloga.
Diferencias por territorios
Las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en el año 2024 se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla – La Mancha (34,2%) y Extremadura y Región de Murcia (32,4% en ambas), frente al País Vasco (14,8%), Illes Balears (16,2%) y Comunidad Foral de Navarra (18,3%) que presentaron los indicadores de exclusión más bajos.
Andalucía (29,2%), Extremadura (27,5%) y Castilla – La Mancha (27,4%) presentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas, mientras que las más bajas se registraron en País Vasco (9,4%), Illes Balears (11,3%) y Cataluña (12,9%).
Redactor jefe de Noticias Obreras
