El mercado de la alimentación y la regulación eléctrica golpea a las familia más vulnerables
Los precios de los alimentos y la energía tienen un impacto directo en la economía de las familias, fundamentalmente, con menos recursos. Los mercados de estos bienes presentan una fuerte concentración que permite subidas abusivas de precios , al tiempo que las medidas públicas, como el bono social eléctrico no llega a 8 de cada 10 beneficiarios potenciales.
Un reciente estudio de FACUA-Consumidores en Acción ha revelado que los precios de ciertos alimentos básicos se incrementan hasta un 583% desde su origen hasta el supermercado. La organización ha analizado los precios en origen y en los puntos de venta de productos como frutas, verduras, legumbres y aceites, detectando una disparidad alarmante que perjudica tanto a los consumidores como a los productores.
El análisis de FACUA, realizado con datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la semana del 20 al 26 de enero de 2025, muestra que el precio de productos como el limón pasa de 0,30 euros por kilo en origen a 2,05 euros en los supermercados, lo que representa un incremento del 583%. Los precios en los supermercados fueron tomados el 4 de febrero de 2025 en cadenas como Mercadona, Dia, Alcampo, Eroski y Carrefour, basándose en marcas blancas y productos a granel.
Este encarecimiento se atribuye a la intervención de intermediarios, quienes justifican estos aumentos por los costos de distribución, almacenamiento y comercialización. Sin embargo, FACUA y otras organizaciones de consumidores denuncian que esta situación refleja una estructura de mercado desequilibrada, en la que los agricultores reciben precios irrisorios por sus productos, mientras que los consumidores deben pagar tarifas desorbitadas.
La crisis de la pobreza energética
Organizaciones sociales y ecologistas ante la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética del 17 al 23 de febrero denuncian la falta de implementación de la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024. Según un análisis último, apenas el 21% se han implementado completamente, lo que deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema.
El incremento en la factura de la luz ha sido otro golpe para los consumidores, agravado por la recuperación de impuestos que habían sido reducidos de forma temporal. Entre ellos, el IVA ha vuelto al 21%, el impuesto especial a la electricidad al 5,11% y el impuesto sobre la producción de energía eléctrica al 7%. Además, los cargos del sistema para tarifas domésticas han subido en más de un 30%, encareciendo aún más el acceso a un bien esencial. Según Esade-Oxfam, el 80% de los beneficiarios potenciales no recibe esta ayuda actualmente.
Las organizaciones de consumidores y entidades sociales, entre las que cuenta CECU, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, ha presentado un manifiesto en el que piden la regulación de los precios de los alimentos, a través de una mayor supervisión sobre la cadena de distribución para evitar abusos y garantizar que los agricultores reciban una compensación justa y la revisión del bono social eléctrico, de modo que su concesión sea automática y llegue exclusivamente a quienes lo necesiten, similar al modelo portugués.
También reclaman la implementación de la ley catalana 24/2015 a nivel nacional, que impide cortes de luz a hogares en situación de vulnerabilidad, más inversión en energía renovable para reducir la dependencia de combustibles fósiles y ofrecer tarifas más accesibles, así como el fomento de la eficiencia energética, especialmente en hogares con en riesgo de pobreza energética.
Redactor jefe de Noticias Obreras
