El desalojo del asentamiento de Níjar obliga a las familias trabajadoras a “buscarse la vida” como puedan
Las excavadoras derribaron finalmente el asentamiento del cortijo El Uno de San Isidro, en el municipio de Níjar (Almería), donde residían 60 personas, entre ellas nueve menores, obligados a “buscarse la vida”.
Ni las peticiones de las entidades cristianas y sociales, ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo evitaron que se cumpliera la orden judicial de desalojar el terreno privado en el que familias trabajadoras migrantes de los invernaderos de los alrededores habían encontrado cobijo.
El día de ayer fue “triste, con una sensación de decepción e impotencia”, reconocía el responsable del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Daniel Izuzquiza.
“La gente está nerviosa, desgarrada, con mucha incertidumbre, sin saber dónde va a ir, buscándose la vida por un sitio o por otro, todo son soluciones hiper precarias y provisionales: en casa de un familiar que les deja un colchón, un sillón o un garaje… o rehacer la chabola en otro lado”, detallaba.
“Mucha gente se derrumba porque no tiene donde ir”, apuntaba el jesuita, que afeaba que mientras se habían presentado “los medios, la Policía, la Guardia Civil, el Juzgado, el propietario, las entidades sociales y vecinos”, el Ayuntamiento de Níjar no había hecho acto de presencia.
Además, recordaba la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz en la que pedía al Ayuntamiento que se hiciera responsable de las funciones que tiene atribuidas,
El defensor en funciones, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, en una resolución, motivada por una queja del SJM, había pedido que, “con carácter urgente y preferente, se adopten las medidas necesarias para la valoración de las situaciones de vulnerabilidad de quienes tienen que ser desalojados”, atendiendo especialmente a las familias con menores a su cargo.
Además, recomendaba la coordinación de las administraciones “para evitar que se queden en situación de calle, las personas que vayan a ser desalojadas”, una vez más “priorizando las familias con menores”.
Por último, llamaba a trabajar “en red” con las entidades y asociaciones que vienen prestando su colaboración los asentamientos con el fin de movilizar los recursos necesarios para atender a estas familias.
Sin alternativas
Sin embargo, el Ayuntamiento escudándose en la orden judicial y el carácter privado del terreno, ha hecho caso omiso. La Mesa del Tercer Sector, en la que participan Cruz Roja, ACCEM, INSERTA, Cáritas, Mercedarias, SJM, Mujeres en Zona de Conflicto, Médicos del Mundo, Cepaim y Almería Acoge, había tratado desde hace semanas de encontrar una solución al desalojo. Según las informaciones recabadas, solo los informes de vulnerabilidad de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Níjar podían paralizar la orden judicial de desahucio.
La Plataforma Derecho a Techo Almería había denunciado que “no se puede estar empleando trabajadores agrícolas, ya sean documentados o indocumentados, sin preocuparse por dónde y cómo van a vivir, obligándolos a tener que habitar chabolas, infraviviendas, asentamientos y luego echándolos de estos sitios a la calle sin ninguna alternativa”.
El Secretariado diocesano para las Migraciones, además de otras organizaciones como Cáritas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Almería y SJM, ya habían manifestado su “sorpresa ante la falta de sensibilidad y nuestra indignación ante la ausencia de respuesta mostrada por las Administraciones Públicas”.
“Para nosotros, como entidades cristianas, lo primero es la persona, la centralidad y la dignidad de la persona que nos llama a luchar por la justicia y promover la solidaridad”, justificaba Izuzquiza para explicar la labor en defensa de los derechos vulnerados de las personas migrantes.
“Otro principio de la doctrina social que aquí no se ha puesto en práctica es el de la subsidiariedad que establece que hay una responsabilidad que va de menos a más, empezando por el Ayuntamiento, la Junta, el Gobierno central y Europa. No es de recibo que se tiren los trastos unas otras y al final la gente tenga que buscarse la vida como pueda”, razona el responsable de SJM.
“Ya el Papa, durante la pandemia nos había dicho que todos vamos en el mismo barco y que nos salvamos juntos, frente a las voces que llaman a salvarse cada cual como pueda, una lógica implacable con que nos aísla y solo ve la responsabilidad individual”, recordaba.
“Desde el SJM tenemos la misión de acompañar, defender y servir a la población migrante más vulnerable, además de reflexionar e investigar y sensibilizar para transformar”, plantea Izuzquiza.
“Por eso hemos estado aquí, hablando, mediando, llorando y en silencio, entreteniendo a los niños si hacía falta, pero también ayudando con los enseres, buscando recursos…”, explica.
“La defensa ha sido apelar al Defensor del Pueblo, al Ayuntamiento… Ahora nos toca ver qué hemos hecho mal y qué buenas prácticas ha habido, además de dar a conocer lo que ha pasado y sensibilizar para incidir en esta realidad”, concluye.
Redactor jefe de Noticias Obreras
