El Consejo de Ministros aprueba este martes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales
CCOO y UGT convocan una gran movilización en Barcelona, el 4 de marzo, para evitar bloqueos políticos a la tramitación parlamentaria de la norma

El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial, una de las principales reformas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. La medida, que beneficiará a unos 12 millones de trabajadores, avanza tras superar las diferencias entre Trabajo y Economía sobre su aplicación y después de más de un año de negociación en el diálogo social.

La norma, fruto del acuerdo alcanzado en diciembre entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, no cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales, que han optado por no sumarse al pacto. A pesar de ello, el Ejecutivo sigue adelante con la reforma, que forma parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y es uno de los compromisos estrella de la legislatura.

El anteproyecto de ley iniciará ahora el trámite preceptivo con la revisión del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Según el Ministerio de Trabajo, esto ocurrirá previsiblemente a finales de febrero, momento en el que el texto será remitido al Congreso de los Diputados para su debate y posible modificación por parte de los grupos parlamentarios.

El Gobierno confía en que la norma pueda ser aprobada definitivamente y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, de manera que las empresas tengan tiempo suficiente para adaptarse a la nueva regulación. Según lo acordado, los convenios colectivos que actualmente establecen jornadas superiores a 37,5 horas semanales en promedio anual dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a la nueva jornada máxima.

Impacto en los contratos a tiempo parcial

El anteproyecto también establece cambios significativos en los contratos a tiempo parcial. Según el texto, avanzado en Europa Press, aquellos contratos con una jornada igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.

Además, los trabajadores con jornadas parciales inferiores a ese umbral tendrán derecho a mantener el mismo número de horas que venían realizando, pero con un incremento proporcional de su salario desde la entrada en vigor de la norma.

El Gobierno también ha incluido medidas de protección para trabajadores con reducción de jornada por cuidado de menores, familiares dependientes o en situación de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, violencia sexual o terrorismo. Estos colectivos podrán mantener su jornada reducida sin alteraciones hasta la fecha en la que finalice su derecho a la reducción, con un límite absoluto fijado en el 31 de diciembre de 2026. También se les ofrecerá la posibilidad de adaptar su jornada reducida a la nueva jornada máxima, en el marco del horario que ya tenían establecido.

Sanciones por incumplimientos

El Gobierno endurecerá las sanciones para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada y el registro horario obligatorio. La Inspección de Trabajo podrá imponer multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado, una cantidad superior al máximo de 7.500 euros que se contemplaba hasta ahora en la legislación vigente.

Las infracciones en materia de jornada laboral, horas extraordinarias, descansos y vacaciones serán consideradas faltas graves, que van desde 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 euros en su grado medio y de 5.001 a 10.000 euros en su grado máximo.

Además, la normativa traslada la carga de la prueba a las empresas. En caso de incumplimiento del registro horario en contratos a tiempo parcial, estos se presumirán celebrados a jornada completa, salvo que la empresa pueda demostrar lo contrario.

Registro horario digital y derecho a la desconexión

El anteproyecto refuerza el registro horario de jornada, que deberá ser digital y accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo, los sindicatos y los propios trabajadores. La empresa tendrá la obligación de registrar día a día las horas trabajadas y deberá diferenciar entre horas ordinarias, extraordinarias y complementarias.

Para garantizar su transparencia, el registro de jornada será gestionado directamente por los propios trabajadores, impidiendo así posibles manipulaciones por parte de la empresa. Además, los empleados recibirán mensualmente un resumen de todas las horas trabajadas, junto con su nómina.

La norma también refuerza el derecho a la desconexión digital, estableciéndolo como un derecho “irrenunciable”. Esto significa que ningún trabajador podrá ser sancionado ni sufrir represalias por no responder a comunicaciones laborales fuera de su horario de trabajo.

Movilización sindical para evitar bloqueos políticos

Ante la posibilidad de que la reforma encuentre obstáculos en el Congreso, CCOO y UGT anunciaron este domingo en la concentración cuyo lema ha sido “Con los derechos de la gente no se juega”, la convocatoria de una gran movilización en Barcelona el 4 de marzo en defensa de la reducción de la jornada laboral.

Los sindicatos han advertido de que algunas formaciones políticas podrían intentar frenar la norma por “puro rédito electoral”, bloqueando su aprobación o introduciendo enmiendas que diluyan su alcance.

La movilización tiene como objetivo presionar a los grupos parlamentarios para que la medida no sufra retrasos ni modificaciones sustanciales durante su tramitación legislativa. Desde el movimiento sindical insisten en que la reducción de jornada es un avance histórico en materia laboral, alineado con los cambios en la organización del trabajo y la necesidad de conciliar la vida personal y profesional.