Arrancan los trabajos de la comisión experta para democratizar las empresas
La Comisión de Personas Expertas sobre la Democracia en el Trabajo creada por el Ministerio de Trabajo ha celebrado hoy su primera reunión con el encargo de elaborar un informe para impulsar una futura “Ley de democracia en las empresas”.
En el estreno y presentación del grupo asesor, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encuadrado la iniciativa dentro de los de los pactos de Gobierno entre Sumar y el PSOE, pero también como implementación de la propia Constitución española.
“En línea con el artículo 129 de la Constitución y en el marco del diálogo social, impulsaremos una participación más eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas”, ha defendido.
El artículo 129.2 de la Constitución Española dice que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”
Según ha proclamado Díaz, “esto va de una revolución democrática”, para quien de lo que se trata es de “llevar la democracia a la economía y las empresas”. “Sin democracia en el trabajo, la democracia está incompleta”, ha sentenciado la responsable de Trabajo
La Comisión, que debería presentar un informe, en septiembre ha recibido el mandato de diseñar una estrategia hacia la democracia económica, aprovechando en particular las experiencias del modelo de codeterminación en Alemania, Austria o los países nórdicos, y proponiendo herramientas adecuadas al Gobierno español y a otros gobiernos europeos que quieren seguir este camino.
La vicepresidenta segunda ha resaltado que este proceso se inscribe en “una corriente global que sitúa la participación de las personas trabajadoras en el centro de las transformaciones del siglo XXI”.
Ya el Ministerio de Trabajo y Economía Social, durante la presidencia de turno del Consejo Europeo, había promovido la adopción de Conclusiones sobre la Democracia en el Trabajo, asunto debatido también en el Parlamento Europeo.
Un manifiesto para salir mejores
En plena pandemia de la Covid-19, intelectuales y profesores universitarios de todo el mundo, entre las que destaca la presidenta de la nueva comisión, Isabelle Ferreras (Universidad de Lovaina), habían propuesto, para “el después”, una hoja de ruta desde la centralidad del trabajo basada en tres principios: democratizar, desmercantilizar y descontaminar.
Su manifiesto proponía “reescribir las reglas de nuestra organización social y económica para que promueva una sociedad más democrática y sostenible”. En opinión de los firmantes, el modelo de codeterminación europeo surgido tras la Segunda Guerra Mundial había llegado a su límite, con lo que abogaban por “otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración”.
“Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud, y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones”, decían las personas firmantes.
La comisión formado ahora por el Ministerio de Trabajo incluye, además de a la citada Ferreras, al catedrático Antonio Baylos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Sara Lafuente Hernández, de European Trade Union Institute/University of Brussels y Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco / European Union Institute, entre otras personalidades.
También el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Pedro Chaves, en un artículo publicado en noticiasobreras.es defiende que “dada la centralidad de la empresa en nuestros Estados, la sociedad en su conjunto no puede seguir permitiéndose mantener las grandes corporaciones como un espacio refractario, cuando no hostil, a las prácticas democráticas.
Reclamo de la Doctrina Social de la Iglesia
El propio obispo de la pastoral del trabajo, Abilio Martínez, ya se mostró partidario de promover “una mayor participación de los trabajadores en la empresa”, al identificarlo como “un reto para el mundo del trabajo, tanto para los empleadores como para los empleados”, a los que animó a establecer cauces de diálogo que faciliten una mayor participación de los trabajadores en la empresa, “algo que ya se está haciendo en algunas de ellas”, planteó el obispo de Osma-Soria.
El propio Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia señala que “la relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos” (281), recordaba Martínez, quien también citó al papa Benedicto XVI que en su encíclica Caritas in veritate afirma que “la gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino el de todos los sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los diversos de producción y la comunidad de referencia” (CV 40).
Redactor jefe de Noticias Obreras
