Víctimas del amianto y sindicatos denuncian el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación ante el Defensor del Pueblo
Las asociaciones de víctimas del amianto junto con los sindicatos han decidido denunciar ante el Defensor del Pueblo el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación a las víctimas de este agente cancerígeno
El Gobierno lleva ya dos años sin aprobar el reglamento que debe regular el funcionamiento del fondo para indemnizar a las víctimas del amianto, como establece la Ley 21/2022, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados e impulsada hasta por tres veces por el parlamento vasco.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), junto con los sindicatos CCOO y UGT alertan de que “cada día que pasa, se suman más fallecimientos de personas afectadas que no van a poder hacer efectiva la reparación de un daño a su salud que nunca debió producirse”.
Por ello, no solo han hecho pública su “indignación por la inacción del Gobierno para aprobar un reglamento imprescindible”, sino que han anunciado su intención de acudir al Defensor del Pueblo.
Su malestar no queda ahí, sino que se extiende al borrador elaborado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, en su opinión, “contradice el espíritu de la Ley”.
Dicho proyecto establece indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los largos procesos judiciales, inferiores, además, a las conseguidas por vía judicial y hasta más de tres veces inferiores a las fijadas para las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la Talidomida, por ejemplo.
Igualmente critican, la intención de imponer la tributación en el IRPF sobre las indemnizaciones que puedan recibir del fondo, “lo que supone profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría”.
Además, consideran “inaceptable que los familiares de las víctimas fallecidas en los últimos años no tengan derecho a las citadas indemnizaciones, teniendo en cuenta que el amianto se prohibió el año 2001 y la Ley aprobada se empezó a tramitar el 2013 en el Parlamento Vasco y fue registrada por primera vez en el Congreso de los Diputados el año 2016”.
Ante el bloqueo de la interlocución con el ministerio el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, FEDAVICA y las organizaciones sindicales han anticipado que solicitarán una reunión al Defensor del Pueblo para pedir “su amparo y rogarle que realice las gestiones oportunas para intentar que el Gobierno cambie de actitud”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
