Organizaciones de consumidores se oponen a la recuperación del 21% del IVA en la factura eléctrica
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha expresado rechaza la recuperación de los impuestos al consumo energético, calificando la decisión como “precipitada”, por su su impacto negativo en los hogares más vulnerables.
Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha lamentado que el IVA de la factura de la luz vuelva al 21% y ha insistido al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el reducido de manera estable, al considerar injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial como el de la electricidad.
Desde el 1 de enero de 2025, el IVA en las facturas eléctricas en España ha vuelto al 21%, tras cuatro años de reducciones implementadas para paliar los efectos de la crisis energética. Este cambio, aprobado en el Real Decreto-ley 9/2024 el pasado 23 de diciembre, también incluye la recuperación de otros impuestos como el Impuesto Especial de Electricidad (IEE) al 5,11% y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) al 7%.
Soledad Montero, experta en energía de CECU, subraya que “es demasiado pronto para retirar estas reducciones por completo, ya que las personas consumidoras no han podido recuperar todavía el poder adquisitivo perdido en el último periodo”.
La organización ha expresado su preocupación ante la persistencia de una crisis económica que sigue afectando a una gran parte de la población española. La subida del IVA coincide con un aumento de más del 30% en los cargos del sistema que se reflejan en las facturas eléctricas. Estos cargos, que incluyen conceptos como el déficit de tarifa y los costes de producción renovable, representan una carga adicional para los consumidores. Montero advirtió que “el peso de estos costes podría superar al precio de la energía consumida, desincentivando medidas de eficiencia energética”.
La insuficiencia de las medidas de apoyo social
El nuevo Real Decreto-ley también extiende la prohibición de cortes de suministro a beneficiarios del bono social durante 2025. Sin embargo, desde CECU consideran esta medida como un parche temporal. Montero destaca que “aunque la prórroga era indispensable, no es una solución eficaz y permanente a la vulnerabilidad y la pobreza energética”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay más de 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pero solo 1,6 millones son beneficiarias del bono social. “Esto significa que al menos 11 millones de personas quedan desprotegidas, lo que evidencia la necesidad de reformar este sistema para garantizar una cobertura más amplia y efectiva”, señaló Montero.
Impacto en la transición energética
Además del impacto económico, CECU también alerta sobre las implicaciones de esta subida en los esfuerzos por avanzar hacia una transición energética sostenible. Según Montero, “si los costes regulados continúan incrementándose, las familias podrían ver reducido su interés por implementar medidas de eficiencia energética, lo que frenaría el progreso hacia un modelo más sostenible”.
Por otra parte, el Real Decreto-ley incluye una reducción del 4% en los peajes, que representan los costes del mantenimiento de la red eléctrica. Aunque esta disminución es positiva, desde CECU consideran que no compensa los aumentos en otros cargos ni el impacto de la subida del IVA.
Para mitigar los efectos de estas medidas, CECU plantea la reforma integral del bono social; ampliar su alcance y garantizar su acceso a todas las personas en situación de vulnerabilidad; la revisión de los cargos del sistema, incorporando algunos de estos costes al precio de la energía, evitando que representen una carga desproporcionada para los consumidore; y la mejora de la transparencia y la educación energética para fomentar una mayor comprensión de las facturas y promover el uso eficiente de la energía en los hogares.
Esta organización de consumidores y usuarios demanda a las autoridades políticas de protección a los consumidores, fomento de la sostenibilidad y garantías hacia una transición energética justa.
FACUA coincide en mejorar el control del fraude que se comete en el sector eléctrico, con ofertas engañosas, incumplimientos de periodos de contratación, así como la reforma del sistema de concesión del bono social para que pueda llegar a muchas más familias que lo necesitan.
Igualmente reclama al Gobierno que inste a la Unión Europea a acometer una profunda reforma del mercado eléctrico, que debe pasar, a su juicio, por la salida de la producción hidráulica y nuclear de la subasta marginalista, ya que ambas provocan incrementos injustificados en los precios.
De igual forma, también resulta necesario, según esta organización, avanzar en la creación de una empresa pública de energía y la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública generadora de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz.
Redactor jefe de Noticias Obreras
