La sociedad civil se moviliza para evitar que los derechos sociales y laborales se conviertan en moneda de cambio
A pesar de que finalmente serán aprobadas por una gran mayoría del parlamento, la movilización en defensa de las medidas sociales se mantiene en todo el país como advertencia a las fuerzas políticas de que “no jueguen con los derechos de la gente” y reclamo para que atiendan las necesidades sociales y laborales de la mayoría social en general y de la población más vulnerable en particular.
En el Centro Pastoral san Carlos Borromeo de Entrevías, Madrid, se citaron para preparar las manifestaciones del próximo 2 de febrero, los sindicatos CCOO y UGT, junto con representantes de la plataforma antidesahucios (PAH), la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la plataforma de pensionistas, la Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), el Consejo de la Juventud de España (CJE), Ecologistas en Acción, Greenpeace, FACUA-Consumidores en Acción, la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC).
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, abrió el turno de palabra para dejar claro que “que hay motivos para continuar con la movilización”. “Queremos lanzar un mensaje al Gobierno y al Congreso de los Diputados: el movimiento sindical y el tejido asociativo va a permanecer vigilante a partir de ahora sobre las distintas normas, las distintas leyes que se tramiten”, explicó.
En su intervención, advirtió que “con los derechos de la gente no se puede jugar”, además de denunciar a los distintos partidos de derechas que hicieron caer el primer decreto, más aún ante “los retos que quedan por delante”, como son la reducción del tiempo de trabajo o la aprobación de los presupuestos generales.
El líder sindical reclamó a los representantes públicos hacer política “pensando en los derechos de las mayorías sociales” y “las personas vulnerables”.
Por su parte, su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, aprovechó para afear el comportamiento de quienes ahora se muestran a favor de la subida de las pensiones, pero se niegan a actualizar las cotizaciones empresariales. También, remarcó que, aunque el decreto “está lejos de las necesidades sociales” y de la adecuada “protección al medioambiente”, “teníamos que dar este toque de atención” y hacer lo posible para “mejorar el propio contenido del decreto”.
“Tenemos que continuar este trabajo, necesitamos que la sociedad no se resigne y, sobre todo, barrer la anti política, que solo beneficia a la ultraderecha y que está en contra de los derechos de las mayorías”.
En nombre de la HOAC, el director de Noticias Obreras, Abraham Canales defendió la buena política que promueve la dignidad humana y el bien común y advirtió de la polarización extrema del debate público que convierte a las personas y familias desfavorecidas en rehén de las estrategias electorales. “Está dinámica es perversa y no colabora con la construcción del bien común. La vida y la dignidad de las personas merece respeto”, denunció.
Las personas representantes de las distintas organizaciones sectoriales que se citaron coincidieron en subrayar la importancia de mantener la movilización social con el fin de asegurar la aprobación de medida sociales, por mucho que no dejan de ser “paliativas”, pero también en subrayar la necesaria cooperación de esfuerzos para exigir políticas alineadas con los intereses y preocupaciones de las mayorías, sin olvidarse de las personas desfavorecidas.
Desde la plataforma antidesahucios, Paco Morote, advirtió que el decreto apenas resuelve la emergencia habitacional, mientras que la organización de consumidores pidió a las administraciones un mayor impulso al bono social energético y una política de vivienda pública más enérgica.
Las entidades ecologistas se quejaron de la inestabilidad de las ayuda al transporte público, dado que vienen renovándose cada seis meses, y la poca ambición en materia de movilidad.
El representante de los pensionistas llamó a no caer en una confrontación entre generaciones y reclamó mayores recursos para asegurar el futuro de la Seguridad Social. Por parte de la red de lucha contra la pobreza se volvió a insistir en una verdadera reforma fiscal progresiva, así como en el despliegue eficaz de una política contra la vulnerabilidad.
El presidente de la JOC, Francho Gracia, insistió en las dificultades de acceso a la vivienda y al trabajo de la juventud, además de recordar la situación de jóvenes migrantes que no solo son objeto de campañas de odio, sino que además, en muchos casos, carecen de la mínima red de apoyo social y de la protección jurídica adecuada.
El movimiento sindical y esta representación de la sociedad civil citada en la iglesia de Entrevías coincidió en la necesidad de mantener la movilización, no solo para asegurar la aprobación parlamentaria de las medidas puestas en jaque esta semana, sino también para lograr nuevos avances sociales, así como reorientar la acción política hacia los verdaderos problemas y necesidades de la población.
Redactor jefe de Noticias Obreras
