ITD de Málaga denuncia la siniestralidad laboral y organiza un acto en memoria de las víctimas

ITD de Málaga denuncia la siniestralidad laboral y organiza un acto en memoria de las víctimas
“La vida de las personas es más importante que el rendimiento económico”, señala la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD), que denuncia la constante siniestralidad laboral y convoca, para el viernes 31 de enero, a las 20:00 horas, en la plaza del Obispo de Málaga, un gesto en memoria de las personas trabajadoras que han perdido la vida

Según datos oficiales, en 2024 se produjeron más de 800 muertes en accidentes laborales en España, de las cuales 115 tuvieron lugar en Andalucía y 19 en Málaga. Solo en esta provincia, se registraron más de 20.000 siniestros laborales.

“Detrás de cada cifra hay una persona con nombre, apellidos, familia y proyectos de vida rotos”, subrayan desde ITD, que busca poner rostro a las víctimas y destacar que el trabajo, como dimensión esencial de la vida humana, debe dignificar y proteger a quienes lo ejercen.

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) de la diócesis de Málaga organiza este gesto para concienciar sobre la importancia de garantizar la seguridad en el ámbito laboral y exigir medidas efectivas de protección que prevengan este drama social evitable.

La ITD, en coherencia con la Doctrina Social de la Iglesia, insiste en que el trabajo no solo es un medio para ganarse el sustento, sino una forma de colaboración con la obra creadora de Dios.

“La Iglesia hace una defensa de la dignidad de los trabajadores por encima del beneficio económico que resulte de él. Por eso se han de poner todos los medios disponibles para que se pueda realizar con todas las garantías de seguridad y no se tenga que perder la vida. La persona está por encima de las leyes económicas y no se debe someter a nadie a ellas”, afirma la iniciativa, integrada por Cáritas, CONFER y la Hermandad Obrara de Acción Católica (HOAC).

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La iniciativa hace un llamamiento a un consenso amplio entre instituciones, Administraciones públicas y actores sociales para “la protección de todos los trabajadores en su lugar de trabajo y se eviten accidentes que terminen con la vida de las personas”, concluyen.