Entidades de atención a personas migrantes denuncian la nueva regulación del asilo ante el Tribunal Supremo
Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes han recurrido el nuevo Reglamento de Extranjería, por considerar que el arraigo exigido para solicitar asilo y refugio vacía de contenido el derecho a la protección internacional.
Las cinco entidades especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas han interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, como primer paso del procedimiento judicial.
El nuevo reglamento dispone que el tiempo transcurrido desde que una persona solicita la protección social, como refugiada o asilada, no compute como tiempo de permanencia en nuestro país, y por tanto, no sea tenido en cuenta para demostrar el arraigo requerido para obtener el permiso de residencia.
Con esta medida, una persona migrante a la que se le deniega el asilo está obligada a dejar trascurrir el tiempo sin poder regularizar su situación hasta volver a acumular el periodo de estancia en nuestro país exigido para poder solicitar la residencia.
De este modo, aproximadamente la mitad de las personas solicitante de asilo quedarán obligadas a residir en situación administrativa irregular y además no tendrán ningún incentivo para ejercer su derecho a la protección internacional.
Consideran que hay suficientes fundamentos de derecho para impugnar la incompatibilidad entre el procedimiento de protección internacional y los arraigos.
Las organizaciones demandantes, que han seguido puntualmente la tramitación del nuevo reglamento de extranjería y han presentado sus propias propuestas de mejora, han advertido en numerosas ocasiones de la incongruencia cometido en relación al derecho de asilo y refugio.
Por ello, han dado el paso de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo con el objetivo de que la legislación española garantice los derechos de las personas en su camino hacia la ciudadanía plena.
Entidades eclesiales ya habían señalado las incongruencias de una reforma del reglamento de Extranjería que aunque con elementos positivos, como la reducción a dos años de permanencia para demostrar el arraigo y la flexibilización de en la concesión de permisos por razones laborales, de estudios o reagrupación familiar, no está respaldada por medidas para agilizar trámites y superar obstáculos que afectan a migrantes.
De hecho, estas entidades habían insistido en la necesidad de una regularización amplia, como la propuesta en la iniciativa legislativa popular, agilizar los trámites y dotar con más recursos las administraciones de atención a personas migrantes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
