El Gobierno cierra filas y acuerda tramita la reducción de la jornada laboral vía urgente sin modificar el texto
El Gobierno cierra su desencuentro interno y ha dado el primer paso para la tramitación de la reducción de la jornada laboral. La patronal cuestiona la legalidad de la medida y los sindicatos rechazan este argumento
Los ministerios de Trabajo y Economía han acordado tramitar el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales por el procedimiento de urgencia. La propuesta ya ha sido aprobada en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEYS), paso previo para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes y su posterior debate parlamentario.
De este modo, el Gobierno reafirma su compromiso político de implementar esta medida, tal como se recoge en el Acuerdo para la reducción de la jornada laboral, el registro de jornada y el derecho a la desconexión, firmado por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Según este pacto, podrá cumplir con los plazos y, una vez debatida y aprobada en el trámite parlamentario, se complementará progresivamente antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como se comprometieron PSOE y Sumar en el acuerdo para el Gobierno de coalición.
La tramitación parlamentaria no está exenta de dificultades debido a las diferencias ideológicas entre los grupos políticos. Fuentes del Ministerio de Economía, citadas por Europa Press, han subrayado que la propuesta necesariamente se someterá a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios, para tener en cuenta la realidad parlamentaria y la de las empresas.
En este sentido, consideran necesario “maximizar las garantías para que la reducción de jornada sea sostenible en el tiempo”. En particular, destacan la importancia de incorporar elementos de flexibilidad que beneficien a las pymes, que asumirán más del 50% del impacto de la medida, abriéndose la posibilidad de incluir incentivos económicos para las empresas.
La patronal cuestiona la legalidad de la medida
El presidente de las pequeñas y medianas empresas CEPYME, Gerardo Cuerva, ha vuelto a expresar su rechazo a la reducción de la jornada laboral, y en plena confrontación con la ministra de Trabajo, ha cuestionado incluso su encaje constitucional.
“Los parámetros de la norma y de la Carta Magna están para cumplirlos, y hay algunas interpretaciones que no lo hacen”, declaró Cuerva. En sus alegaciones al anteproyecto de ley, la patronal también ha criticado lo que consideran un “populismo” y “cortoplacismo” en las decisiones del Gobierno.
Unas declaraciones se producen tras un proceso de diálogo social de 11 meses, en el que las organizaciones empresariales han expuesto sus argumentos a la contra en diversas etapas de la negociación.
Los sindicatos rechazan las objeciones patronales
Por su parte, los líderes sindicales han calificado las objeciones de la patronal como infundadas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, afirmó que “ni ellos mismos se lo creen”. Unai Sordo, secretario general de CCOO, añadió que el marco constitucional avala la medida: “Es tan evidente que es constitucional que está recogida en el Estatuto de los Trabajadores”.
Sordo también criticó la falta de coherencia en los argumentos empresariales al preguntarse “¿por qué sería inconstitucional una jornada laboral de 37,5 horas semanales y no lo es una de 40 horas? Es un absurdo”. Los sindicatos consideran que la postura de la patronal es más bien una posición de confrontación, fundamentalmente con Trabajo, para mantener su oposición a la reducción de la jornada laboral.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
