La población vulnerable atrapada por la emergencia social de la vivienda
La vivienda ya se ha convertido en el principal factor de exclusión social. Según el informe Análisis y perspectivas 2024, adelanto del próximo Informe FOESSA, uno de cada cuatro hogares tiene problemas para acceder y mantener su vivienda.
Esta proporción aumenta a nueve de cada diez entre las personas en situación de exclusión social severa.
Los indicadores de exclusión residencial, que habían mejorado bastante en 2018 tras recuperarse de la crisis financiera, han empeorado significativamente, hasta convertirse, según FOESSA, en una “emergencia social para la población más vulnerable”.
El sobreesfuerzo por los costes de la vivienda afecta ya al 14% de la población (3 puntos menos que en 2021, pero 1,7 más de la población que en 2018). Los gastos de la vivienda no han dejado de aumentar de modo que cada vez se destina una proporción mayor del presupuesto familiar a sufragar sus costes.
Si bien es cierto que las condiciones de infravivienda y las viviendas en mal estado permanecen igual que en 2018, aumenta el sinhogarismo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística registran un incremento cercano al 25% en el número de personas sin hogar en apenas 10 años. Cáritas Española confirma la tendencia. En 2023 aumento un 7,2% el número de personas privadas de un hogar atendidas por la organización en relación con el año anterior.
Las familias en exclusión social tienen más difícil acceder o, en menor medida, mantener una vivienda en propiedad, y se exponen cada vez más a acceder a una vivienda en precario, lo que influye radicalmente en su inseguridad jurídica y vital.
Las familias excluidas dedican más del 70% de sus ingresos al alquiler, lo que de forma prácticamente ineludible repercute bien en impagos, bien en la desatención de otro tipo de necesidades básicas.
Como resultado, aumentan las formas precarias de construir un hogar. En 2023, el porcentaje de hogares en viviendas cedidas, realquiladas, ocupadas ilegalmente o bajo aviso de desahucio ha aumentado en 2,4 puntos porcentuales hasta llegar al 6,3% de la población.
Los hogares en situaciones graves de hacinamiento, obligados a compartir piso, regresar a cada de sus familiares, vivir en “nanopisos” y no poder cambiar a una vivienda más grande representan el 7% de la población, 1,9 puntos más que en 2018.
El número de hogares que han recurrido a viviendas en peores condiciones, con insalubridad ha aumentado en 2,9 puntos y en entornos degradados 0,7 puntos. Cada vez más, las familias renuncian a suprimir las barreras arquitectónicas, 1,3 puntos más.
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Por un verdadera política social de vivienda
Así, el avance de resultados del informe FOESSA plantea que “si en paralelo a las mejoras en el mercado de trabajo se hubiese contado con una política de vivienda que la contemplara como un derecho y no solo como un bien de intercambio, y se hubiesen planificado las medidas necesarias para responder al aumento en el número de hogares y a las nuevas demandas de vivienda asequible, la sociedad española podría haber dado un salto adelante mucho más significativo en términos de integración y de cohesión social”.
Para evitar la exclusión residencial, FOESSA propone “ampliar y reforzar las políticas sociales de vivienda que favorezcan el acceso y mantenimiento a una vivienda adecuada de todas las personas y familias, en especial de las más vulnerables”.
Es necesario, en este sentido, “generar un parque de vivienda público extenso, así como luchar contra las manifestaciones de exclusión residencial, tanto de vivienda insegura (prevención de la pérdida de la vivienda) como inadecuada (rehabilitación y absorción de situaciones de infravivienda)”.
La fundación de estudios de Cáritas entiende que “las políticas de vivienda deben ser acciones y medidas que permitan el desarrollo social y el desarrollo del proyecto emancipador de las personas y familias, siendo protectoras y preventivas de situaciones de mayor precariedad o exclusión social”.
Con este enfoque las políticas de vivienda deben garantizar el derecho a la vivienda, agua y energía para impulsar el acceso y la protección a otros derechos fundamentales.
Redactor jefe de Noticias Obreras
