Miles de personas claman en Madrid por la imposibilidad de acceder al derecho a una vivienda
Para atender la “crisis habitacional” reclaman limitar el precio de los alquileres, una revisión de la ley de vivienda, crear un parque de vivienda pública, el control de los pisos turísticos y una fiscalidad para quienes mantengan viviendas desocupadas durante largos periodos
Madrid se ha convertido este domingo en el escenario de una de las mayores protestas de los últimos meses en el ámbito de la vivienda. Unas 22.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 150.000 según los organizadores, tomaron las calles de la capital por el derecho a una vivienda digna ante la “crisis habitacional” existente. La manifestación, convocada bajo los lemas “La vivienda es un derecho, no un negocio” y “Se acabó. Bajemos los alquileres”, reunió a cerca de 40 asociaciones, partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
El recorrido de la marcha, que partió desde la plaza del Emperador Carlos V y se extendió hasta la Gran Vía, estuvo marcado por una gran diversidad de consignas, entre las que destacaron “La ley de vivienda es una basura”, “No toleramos ni un desahucio más” y “abajo el rentista, arriba el inquilino”.
La adquisición de viviendas España, desde el 2015, se ha encarecido en un 42%, casi el doble que los salarios mientras que el precio del alquiler ha sido 2,3 veces superior al aumento de la renta de los hogares, precisamente cuando aumenta el número de familias que optan por esta modalidad para acceder a una vivienda, el 34% entre quienes tienen 30 y 44 años, el doble que en 2015.
El sindicato CCOO, en la reciente presentación del informe Cuatro décadas fallidas de política de vivienda, señala que desde 1980 a 2023 se han construido 2,7 millones de viviendas en nuestro país con algún tipo de ayuda o protección pública que han acabado en el mercado después de haber sido “privatizadas”. Surge la pregunta de qué hubiera pasado si hace cuatro décadas se hubiera emprendido una decidida política pública de vivienda. La respuesta es que España tendría ahora un parque público de 4,7 millones de viviendas accesibles.
Regulación, vivienda pública y fiscalidad justa
El manifiesto de la convocatoria recogía varias propuestas para enfrentar la crisis habitacional que afecta a todo el país. Entre las medidas más destacadas, se insistió en la necesidad de limitar el precio de los alquileres, estableciendo topes máximos y evitando la especulación inmobiliaria. Los manifestantes pidieron una revisión de la ley de vivienda para que, en lugar de “beneficiar a grandes tenedores y fondos de inversión”, proteja de forma efectiva a los inquilinos más vulnerables.
Asimismo, se subrayó la importancia de crear un parque de vivienda pública más amplio, mediante la adquisición de viviendas vacías y su rehabilitación para ponerlas a disposición de quienes no pueden acceder al mercado libre. La movilización también exigió el control de los pisos turísticos y una regulación que impida la transformación de viviendas residenciales en alojamientos de corto plazo, un fenómeno que, según denuncian, ha disparado los precios del alquiler en muchas zonas urbanas.
En términos de fiscalidad, los convocantes defendieron la necesidad de establecer impuestos a los grandes propietarios que mantengan viviendas desocupadas durante largos periodos, incentivando así su uso como alquiler asequible. “No puede ser que haya casas vacías mientras miles de personas no pueden encontrar una vivienda digna”, señalaba uno de los portavoces de la manifestación.
Las plataformas organizadoras de la manifestación, entre las que se encontraban Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Afectadas por la Hipoteca (PAH), CCOO y UGT explicaron que la movilización no se trata de una acción aislada, sino del inicio de un “proceso de movilización social más amplio y duradero en el tiempo”.
La convocatoria, que comenzó a planificarse desde mediados de septiembre, atrajo la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales. Las próximas movilizaciones convocadas están previstas en Valencia, el sábado 19 de octubre, a las 18:30 horas, desde las Torres de Serranos con el lema “Valencia no se vende. Por el derecho a la vivienda, la defensa del territorio y contra la turistificación“. Y en Málaga, el sábado 8 de noviembre a las 11:30 horas en la plaza de la Merced y recorrerá el centro histórico hasta la plaza de la Constitución, con el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir“.
Masiva participación de jóvenes
La portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, lanzó un claro mensaje a los propietarios y a la patronal inmobiliaria: si los precios de alquiler siguen subiendo, los inquilinos dejarán de pagar. Racu advirtió que “no va a haber policía ni matones suficientes” para detener el movimiento de personas dispuestas a sumarse a esta iniciativa, con el objetivo de reducir los alquileres hasta un 50%. Además, instó a extender la movilización a todos los barrios de España a partir del lunes 14 de octubre.
La secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López Bermejo, aprovechó la ocasión para demandar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una regulación efectiva de los pisos turísticos en la región. López criticó la “dejación de funciones” del gobierno autonómico, a la vez que puso el foco en las dificultades de emancipación de la juventud madrileña: “No pueden acceder a una vivienda en alquiler, a una vivienda social o a un parque de viviendas públicos”.
Por su parte, Maru Megina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), también se sumó a las voces de apoyo a la protesta, destacando la participación masiva de jóvenes en la manifestación: “Han sido decenas de miles las personas que se han manifestado para exigir cambios en la ley de la vivienda y para que bajen los precios del alquiler. La gran mayoría eran personas jóvenes que protestaban por la falta de alquileres asequibles y por no poder plantearse el futuro cuando el salario se lleva un sesenta o setenta por ciento del sueldo”.
Megina subrayó la difícil situación que viven muchas de estas personas jóvenes, especialmente aquellas con empleos precarios: “Nos decía una chica que compartía piso con su pareja y que al no tener un puesto de trabajo fijo no hubiera podido comprar o alquilar ninguna vivienda porque para este mercado ella ‘no existe’. Otros comentaban la tensión que se vive para encontrar un nuevo alquiler cuando cumple el contrato”. Además, denunció que “esta especulación constante en el precio de la vivienda a la que las instituciones no ponen freno está causando graves problemas a las personas jóvenes y sobre todo a los que tienen contratos precarios o con salarios bajos”.
Sin embargo, Megina también resaltó un aspecto positivo del panorama actual: “Nos parece esperanzador comprobar cómo los jóvenes empiezan a organizarse en defensa del derecho a la vivienda, como lo hacen junto a otras organizaciones que llevan tiempo reivindicando este derecho y cómo su análisis del problema les lleva a exigir soluciones políticas y realistas para poder independizarse y llevar una vida digna”.
En sus declaraciones, después de haber asistido a la manifestación junto a otros miembros de la Comisión Permanente de la HOAC, hizo hincapié en la importancia de que la lucha por la vivienda continúe siendo un esfuerzo colectivo: “La vivienda es un derecho constitucional por el que tenemos que seguir luchando juntos y juntas si queremos que todas las personas puedan llegar a tener una vida digna”, concluyó.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
