En defensa del derecho al empadronamiento como una forma de combatir la condena a la invisibilidad de las personas migrantes
No estar empadronado equivale a negar el derecho a tener derechos. En esta situación, se encuentran miles de personas migradas en nuestro país, a las que “se pide que se integren”, pero se “les impide hasta dar el primer paso”, dice el activista antirracista Serigne Mbayé.
“Llevamos meses recibiendo quejas de personas migrantes a los que se les está prohibiendo empadronarse. Cada mes, en la asamblea con migrantes surgen cerca de 80 casos”, relata la integrante de la Red Interlavapiés, Pepa Torres.
Lo más paradójico es que existe una ley que obliga a los ayuntamientos a empadronar a las personas que viven en la ciudad, independientemente de su situación administrativa o de qué país proceden. Los Ayuntamientos mandan “ordenanzas e instrucciones cada vez más exigentes”, que dejan fuera a muchísimas personas.
“Sin el certificado de empadronamiento”, relata Torres, no puedes escolarizar a los hijos, recibir atención médica, disponer de abogado de oficio, incluso ser atendido en algunas ONG, pedir el ingreso mínimo o cobrar una prestación”.
Tampoco, completa Mbayé, “acceder a los cursos de castellano, ver reconocido la formación que obtuvieron o los oficios que han desempeñado, en sus países de origen”, sin olvidar, “el riesgo a ser detenido e incluso internado por no poder demostrar un domicilio en el que recibir las notificaciones legales”.
La negación del padrón se ha recrudecido con el auge de los discursos de ultraderecha y la demagogia contra las migraciones, hasta alcanzar ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Huelva o Almería, estos dos lugares la presencia de jornaleros en asentamientos informales es notoria.
“Las administraciones están pidiendo recibos, títulos de propiedad, contratos de alquiler… pero hay muchas personas que no tienen domicilio fijo o realquilan habitaciones, con lo que se les deniega directamente”, denuncia Torres.
“El padrón es imprescindible para demostrar el arraigo”, remarca Mbayé, quien denuncia la hipocresía del “discurso a favor de las migraciones regulares y de la integración”, mientras se ponen en práctica “políticas de negación de derechos, de criminalización y de prohibición”.
Todo un sistema que deja a las personas en la indefensión
En su opinión, se está construyendo “todo un sistema para castigar a las personas vulnerables, para exponerlas a la indefensión y explotación”, incluso para “traficar con su desesperación”. “Hay gente, a veces son paisanos y a veces no, que, a cambio de 400 euros, dejan que se empadronen en sus domicilios”.
Para Mbayé, “no costaría nada hacer las cosas, si de verdad se quiere integrar a las personas migrantes”. Como ejemplo, cita la etapa de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid con la extensión de las tarjetas de vecindad, un documento de avalado por organizaciones sociales para facilitar un domicilio donde cursar las notificaciones y firmar un compromiso de participación en las actividades de la comunidad.
Incluso, entonces, se llegó a un acuerdo por el que asociaciones de migrantes como Valiente Bangla o Sendas de Cuidado podían empadronar en sus locales a personas migrantes y convertirse en un buzón para la correspondencia oficial.
Por todo ello, desde hace meses, diversas entidades de apoyo a personas migrantes, cuando no, colectivos de los propios migrantes, empezaron a idea una campaña para denunciar la discriminación administración, la condena a la invisibilidad y el incumplimiento de la propia ley.
“Empezamos a hacer un mapeo para saber hasta dónde llega la negación de este derecho y nos pusimos a penar cómo podíamos responder, qué podíamos hacer de forma colectiva y organizada, así que hablamos colectivos de Madrid, de Cataluña, de Navarra o de Valladolid, por ejemplo”, rememora Pepa Torres.
“Desde hace tiempo, nos llama gente de muchos lugares para contarnos lo que están viviendo con sus ayuntamientos y vimos que teníamos que actuar”, remarca Mbayé.
Así surgió, la campaña “Invisibles, padrón por derecho”, impulsada por colectivos sociales, que se presentó en el Museo Reina Sofía de Madrid, con el apoyo de cuatro centenares de personas que llenaron el auditorio y otras doscientas personas que no pudieron entrar.
“La preparación ha sido muy intensa”, reconoce Mbayé, todavía orgulloso de la respuesta social conseguida. “Fue un momento de fuerza colectiva, de mucha energía y nos reafirmó en que hay discriminaciones que no se pueden naturalizar, ni sostener por más tiempo”, admite Torres, quien subraya también “la alegría y la belleza de esta reivindicación” para contrarrestar, de algún modo, “lo duro que nos ponen la vida a veces a las personas vulnerables”.
La velada estuvo organizada por “muchos colectivos pequeños y mucha gente migrante que saca fuerzas de donde no hay”, que planean seguir denunciando públicamente la situación, presionar para que se produzca un cambio y abrir la interlocución necesaria.
De momento, las entidades han propuesto también presentar de oficio y dirigidas a la máxima autoridad de cada Ayuntamiento la solicitud de empadronamiento, para transcurridos el plazo de tres meses definido como silencio administrativo, presentar la correspondiente queja al Defensor del Pueblo y pedir la tutela de este derecho ciudadano reconocido y la correspondiente obligación contraída por la Administración. “Es la única salida de momento, una solución temporal que no es la respuesta definitiva que debe darse, pero no queda otra”, reconoce Torres.
Vida y belleza contra la “necropolítica”
También se han propuesto seguir convocado asambleas con aquellas personas a las que se les niega este derecho y ver la manera de organizarse colectivamente para dar a conocer esta situación que la mayoría de la sociedad desconoce.
Después de todo, como dijo en el acto la activista de Caminando Fronteras, Helena Malero, “por ley los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a todas las personas que residen en un edificio, independientemente de su nacionalidad, o si cuentan o no con permiso de residencia”.
La activista Helena Malero explicaba el motivo del festival reivindicativo, como una forma de seguir “plantando cara, llenado las trincheras de vida y lucha, recordando a las víctimas que hoy nos sostienen con su memoria”, entre ellas Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años, que murió en el campamento de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares (Madrid), “porque estamos decididas a llenar de vida lo que los Estados han ocupado con la muerte”.
“Tenemos armas y tenemos dignidad suficiente para hacer temblar y las vallas de todas las fronteras la externas y las internas”, insistió Malero, quien subrayó que la campaña “forma parte de una “lucha colectiva que queremos vivir desde un activismo alegre y festivo, porque la ‘necropolítica’, las leyes antisociales y racistas ya se encargan de ponernos la vida difícil y porque ninguna revolución será la nuestra, si no se puede bailar”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
