El “sur” de España presenta los niveles más altos de pobreza de Europa
La desigualdad en España “va por barrios”. En rigor, por comunidades autónomas. Andalucía presenta una tasa de riesgo de pobreza y exclusión del 37,5% que multiplica por 2,5 la tasa del País Vasco, que es del 15,5%.
Existe una notable asimetría entre las regiones del norte y el sur de España en cuanto a la pobreza y la exclusión social (AROPE), según el informe “El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa”, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). De hecho, afirma que “el territorio es una significativa fuente de desigualdad y la cohesión territorial”.
El estudio presentado hoy completa el informe anterior “El estado de la pobreza” de 2023, que refleja la situación de pobreza y exclusión a nivel estatal, a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida 2023, con los datos referidos a 2022, salvo los relacionados con la vivienda y la carencia material que sí corresponden al año 2023.
El informe parte del aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023, afectando a 12,7 millones de personas, debido en buena parte a “los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda”.
La nueva investigación confirma que las comunidades del norte de España presentan tasas más bajas de pobreza, mientras que las del sur tienen tasas significativamente más altas, algunas superando las medias de la Unión Europea.
En concreto, las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza o exclusión social (entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional), incluso inferiores a las tasas medias europeas.
Por el contrario, las situadas al sur, Murcia, Canarias, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, mantienen tasas extraordinariamente elevadas, entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de los 27 países de UE.
El sur de España, la “región” más pobre de Europa
De este modo, “si la parte sur fuera un país, tendría las tasas más elevadas de Europa en todos los indicadores”, ha afirmado el responsable de Investigación de EAPN-ES Juan Carlos Llano, durante la presentacion de este informe.
La tasa de riesgo de pobreza que tiene en cuenta los ingresos monetarios se reduce en nueve regiones y se incrementa en ocho. Este indicador en Andalucía (30,5%) multiplica por tres el del País Vasco (10,2%).
La privación material social severa, es decir, la incapacidad para acceder a ciertos bienes y servicios básicos se incrementa en 14 comunidades autónomas y se reduce en tres. La diferencia entre Andalucía y País vasco se multiplica por dos, 12,6% frente al 5,6%.
La baja intensidad en el trabajo de los hogares, el tercer indicador utilizado para medir el riesgo de caer en la pobreza y la exclusión, se reduce en diez regiones y crece en otras siete. Es Canarias la comunidad que arroja peores datos de empleo, con un 14,3% de hogares donde figurar como ocupado no salva de la amenaza de pobreza, mientras que La Rioja presenta el menor porcentaje de hogares con peores empleos, con un 4,8%.
Esta desigualdad histórica entre el norte y el sur del país se ha agudizado notablemente durante los años de la crisis, sin que la recuperación de los indicadores económicos sea suficiente para compensar los retrocesos.
Pese a las diferencias territoriales que centran el estudio, la población amenazada por la pobreza y la exclusión se encuentran en todas las comunidades autónomas, de forma que Andalucía (con el 25,3 % de la población en riesgo de pobreza de España) junto con la Comunitat Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, las cuatro regiones con más habitantes suman el 61 % del total de población situado por debajo del umbral AROPE.
La pobreza severa que afecta a quienes viven con menos del 40% de la mediana de ingresos (en 2023, el umbral fue de 7.326 euros anuales, 610 euros al mes, se reduce en nueve comunidades autónomas y se incrementa en ocho. Andalucía (12,9%) multiplica por tres la tasa de Aragón y del País Vasco (4% y 4,1%).
La renta media en España en 2023 fue de 14.082 euros, un incremento del 8,2% respecto a 2022. Una vez más se constata que persisten diferencias entre regiones. El País Vasco tiene la renta más alta (18.189 euros), mientras que Murcia y Extremadura registran las más bajas.
La investigación advierte que la intensa desigualdad territorial que se refleja en la práctica totalidad de los indicadores es un factor fundamental para el perenne incumplimiento de los objetivos comprometidos por España en las diferentes estrategias de lucha contra la pobreza y exclusión que se han desarrollado en la UE.
En ninguna de las comunidades se alcanza el porcentaje necesario para lograr el objetivo de reducción de la pobreza fijado para 2030. Pero es que en siete regiones la situación está incluso peor que antes.
En total, la tasa AROPE debería haberse reducido en 2,6 millones de personas; el riesgo de pobreza debería haberse superado para dos millones de personas y la privación material debería haber dejado de afectar, al menos, a 1,7 millones de personas para poder cumplir en 2030 los objetivos marcados de la lucha contra la desigualdad.
La calidad de vida empeora
A pesar de la mejora registrada desde el año 2015 para el conjunto del territorio nacional y para diez de las 17 comunidades autónomas, la calidad de vida es todavía inferior a la que se mantenía antes de la Gran Recesión en 15 de las 17 regiones, entre otras razones porque existe un setor de la población que tiene los ingresos necesarios como para no ser considerados pobres y que, sin embargo, no son suficientes para mantener una vida digna.
El informe de la red contra la pobreza y exclusión (EAPN-ES) indica que “las desigualdades territoriales no aparecen de la nada, y la pobreza y la exclusión se distribuyen diferencialmente en función de la configuración histórica de las comunidades autónomas, la posición geográfica, la naturaleza de la economía, la evolución del PIB, la distribución de la población, y otros aspectos poco modificables”.
Sin embargo, hay medidas que contribuyen más que otras a reducir o aumentar los niveles de pobreza, lo que depende de las “estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la administración, local, regional, nacional, europeo”. Por eso, reclama una nueva orientación de la “la gestión política, la inversión pública del Estado, las transferencias, la inversión de fondos europeos y las políticas comunes”.
La investigación EAPN-ES vuelve a señalar que la eficacia que tienen en nuestro país las políticas públicas contra la pobreza es menor que en otras naciones europeas. No obstante, su papel sigue siendo fundamental. “Si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza”, matiza el estudio.
Solo las pensiones por jubilación reducen la tasa de pobreza 16 puntos y, si se calcula también el efecto de estas prestaciones para el resto de la población (0-65 años), las pensiones contribuyen a reducir la tasa en un 5,4%.
Confiar en el aumento de la prosperidad tampoco parece una buena política para reducir la pobreza. “El mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza”, asevera el estudio que también señala que “pese al aumento del PIB en todas las comunidades autónomas desde 2015, la tasa de pobreza sólo ha descendido en diez de ellas” y, especialmente, en Cantabria, Aragón, País Vasco y Asturias, las regiones donde las “transferencias” reducen la pobreza con mayor intensidad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
