Críticas a la propuesta de ampliar por tercera vez el bono de alquiler de vivienda para jóvenes
La extensión del bono de alquiler joven que ha propuesto el Gobierno ha recibido duras críticas de diferentes sectores, incluidos sus socios de Gobierno, por mantener una medida que según sus detractores se ha demostrado ineficaz para facilitar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
Al Sindicato de Inquilinos de Madrid le ha bastado una frase para cargar contra el plan del Ejecutivo.
“El gobierno ha escuchado… a los rentistas”, se puede leer en un mensaje en redes sociales que, por si acaso, se completa con el argumento de que “este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre”.
Si alguien en el grupo principal que apoya al Gobierno pensaba que los ánimos se iban a enfriar con este anuncio, tras gran manifestación por el derecho a la vivienda de este sábado, se equivoca a juzgar por la declaración de esta asociación de personas inquilinas: “No vamos a parar: queremos una bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras. Lo tenemos claro, solo nos queda la organización”.
El gobierno ha escuchado… a los rentistas. Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad, se lo quedan los de siempre.
No vamos a parar: queremos una
bajada inmediata al 50% o lo haremos nosotras. Lo tenemos claro, solo nos queda la organización. https://t.co/zMldv7cda9— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) October 14, 2024
También FACUA-Consumidores en Acción reprocha la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, al entender que esta medida no solo no ayudará a reducir los precios del alquiler, sino que podría tener el efecto contrario, beneficiando a los especuladores.
La asociación advierte que estos fondos públicos pueden terminar en manos de rentistas que continúan inflando los arrendamientos, perjudicando tanto a los jóvenes como al mercado inmobiliario en general.
“Incrementará los precios del alquiler”
En la misma línea, Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha calificado la medida de “parche”, y ha subrayado que “incrementará los precios del alquiler”. Sordo ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario, imponiendo topes temporales a los alquileres para frenar su escalada.
Durante una entrevista en RTVE, Sordo recordó que en las últimas décadas se han destinado 160.000 millones de euros a bonificaciones fiscales para la compra de vivienda, y que lejos de solucionar el problema, esta política ha contribuido a inflar la burbuja inmobiliaria.
El líder sindical ha afirmado que “para que haya viviendas asequibles para el conjunto de la población, no solo joven, hace falta hacer muchas cosas, muchas cosas, a la vez, y muchas cosas durante bastante tiempo. Una es topar temporalmente los precios de los alquileres pero otra mucho más estructural es dotarnos de un parque público de vivienda en alquiler”.
Hasta el partido integrado en el gobierno de coalición, Sumar, ha expresado sus reservas. Los ministerios en manos del socio minoritario del Gobierno se han apresuradoi a señalar que esta medida es “insuficiente” y que, además de no haber resuelto el problema en los dos años que lleva en marcha, puede agravar la crisis habitacional.
Según Sumar, muchos jóvenes siguen sin recibir los 250 euros mensuales prometidos debido a la mala gestión de las comunidades autónomas. Asimismo, alertan de que estos fondos públicos pueden terminar beneficiando a los especuladores.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reforzado esta postura, reclamando una intervención decidida en el mercado de la vivienda para reducir los alquileres, combatir la especulación y limitar el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos.
“Es un mercado disfuncional que está aspirando riqueza de la sociedad”, declaró Bustinduy tras la reciente manifestación en Madrid en defensa del derecho a la vivienda. Asimismo, Bustinduy y otros miembros de Sumar han reclamado que se obligue a las comunidades autónomas a aplicar controles de precios y que los fondos estatales estén condicionados a la implementación de estas medidas.
Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha manifestado su desacuerdo con la medida, afirmando que no se puede resolver el problema del acceso a la vivienda entregando “dinero a los rentistas”. Desde Sumar proponen, además, la construcción de 500.000 viviendas públicas y medidas que prohíban la compraventa de viviendas que no estén destinadas a un uso residencial o a alquileres sostenibles.
Redactor jefe de Noticias Obreras
