Trabajo convoca a los agentes sociales para retomar la negociación sobre el tiempo de trabajo
El Ministerio de Trabajo ha citado para el próximo lunes 9 de septiembre a los agentes sociales para continuar la negociación sobre la reducción de jornada laboral que quedó pendiente al llegar el mes de agosto.
La última reunión de la mesa del diálogo social sobre esta materia, celebrada en julio, finalizó con una nueva propuesta del Gobierno a la que ahora deben responder tanto las patronales como los sindicatos.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha adelantado que “el Gobierno volverá a hacer propuestas en esa mesa que confiamos que nos sirvan para alcanzar un acuerdo cuanto antes” y de hecho ha expresado su deseo de que el encuentro del día 9 sea “fructífero” y ofrezca ya “algunos resultados”.
Sobre las movilizaciones anunciadas por CCOO y UGT para impulsar la puesta en marcha de la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales, Pérez Rey ha expresado su “máximo respeto” a las “legítimas reivindicaciones” de las organizaciones sindicales y a su libertad sindical.
Aunque ha confesado que “ojalá esas movilizaciones no sean necesarias, y cuanto antes, alcancemos en la mesa de diálogo social un acuerdo que permita que no sea necesario ninguna movilización”.
Una vez más ha reiterado que el Gobierno hará todo lo posible para que se produzca un acuerdo entre la patronal, las organizaciones sindicales y el Gobierno, si bien ha apuntado que hay un compromiso de investidura que tiene que cumplirse:
“Éste es un resultado claro del mandato que recibió el Gobierno progresista de coalición y estoy convencido que lo haremos con acuerdo, pero ese compromiso no se somete al derecho de veto de ninguna de las partes que están en la mesa”.
Fuentes empresariales sin especificar han difundido en medios de comunicación el mensaje de que las patronales seguirá negociando, pero que la posibilidad del pacto es compleja.
En la última asamblea de la CEOE, celebrada a principios de julio, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, acusó a Trabajo de “gobernar contra las empresas” y afirmó que reducir la jornada a 37,5 horas semanales “equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas”.
También en una entrevista en El País, advirtió que “si nos recortan la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen” y sugirió al Gobierno que acudiera directamente al Parlamento a buscar apoyo para su intención de reducir el tiempo de trabajo.
Todavía más incendiario se mostró Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, quien denunció al Ministerio de Trabajo de tratar de imponer “sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica”.
“La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Lo cierto es que está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas”, se explayó el representante de las pequeñas y medianas empresas.
Representantes de pymes y micropymes, justifican que al tener menos margen financiero que las de mayor tamaño tendrían que hacer frente a un incremento de costes que podrían repercutir a sus clientes y restarles competitividad.
Al tiempo, tanto el Gobierno como los sindicatos son conscientes de que un acuerdo a tres bandas, que incluya al empresariado, favorecerá sin duda la aplicación de la reducción de jornada, además de aumentar, que no garantizar, las posibilidades de que las fuerzas políticas validen con sus votos el posible pacto.
Las organizaciones sindicales han anunciado un “proceso de movilización” para mover al empresariado a llegar a un acuerdo para reducir la jornada y convencer a la mayoría parlamentaria necesaria para que de plasmarse en un proposición de ley salga adelante.
Redactor jefe de Noticias Obreras
