La ministra de Vivienda anuncia medidas contra la subida del alquiler sin grandes concreciones
El acceso a la vivienda, un derecho reconocido en nuestra Constitución, sigue en entredicho, a pesar de anuncios y declaraciones. En 2023, se aprobó la Ley por el Derecho a la Vivienda, que ha supuesto más un cambio de discurso que de políticas y un nuevo frente para la refriega partidista y mediática, especialmente intenso entre la Administración central y las autonómicas y locales.
Más allá de las buenas intenciones, lo cierto es que el precio de la vivienda en España sigue al alza desde hace una década, sin que la subida de tipos, ni la intervención del mercado, ni los planes sobre alquiler joven, por ejemplo, estén surtiendo efecto, en la mayoría de los casos, porque las autoridades autonómicas siguen sin utilizar las prerrogativas contempladas por la norma.
El precio de la vivienda se ha encarecido un 7,8% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según el INE. Este porcentaje es algo inferior a las subidas producidas durante la burbuja inmobiliario, pero ya se le acerca.
Desde 2008, el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más de lo que lo ha hecho la renta de la población trabajadora, ahora que aumenta algo la preferencia por el alquiler frente a la adquisición. Para el grupo de población más pobre el precio del alquiler de una vivienda se ha incrementado unas cinco veces más que su renta real, como señalaba el investigador de la Red de Lucha Contra la Pobreza EAPN, Juan Carlos Llano.
Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba nuevas medidas para impulsar el parque público de vivienda, después de que su Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encabezado por Isabel Rodríguez, no haya logrado aprobar ninguna propuesta concreta desde su nombramiento.
Precisamente, la ministra en una entrevista a Eldiario.es, ha adelantado que está ultimado un Real Decreto sobre la plataforma digital de pisos de uso no residencial, conjuntamente con el Ministerio de Turismo e Industria.
Según su previsión, estará listo para finales del año que viene, no para este, y todavía falta dialogar con las Comunidades Autónomas para acordar cómo regular los alquileres temporales, los alojamientos turísticos o el alquiler, que es ilegal actualmente, de habitaciones, que son competencia de estas administraciones.
“Requiere de un trámite administrativo que no puede eludir los periodos de consulta pública, por ejemplo, que están marcados por ley, al tiempo que requiere también de una asistencia técnica importante porque vamos a tener que coordinar los sistemas autonómicos y homologar con el sistema europeo, que finalmente dispondrá de un registro de todos los Estados miembros”, trataba de explicar en la entrevista.
Con todo, ha querido destacar el esfuerzo del Gobierno en materia de vivienda: “Prácticamente el 75% de los presupuestos de las comunidades autónomas en materia de vivienda, incluso de las que reivindican esas competencias ante el Tribunal Constitucional, vienen del aporte de los Presupuestos del Gobierno de España”.
De paso, ha soltado alguna pulla a sus contrincantes políticos. “Ya sabemos lo que no ha funcionado y es la desamortización, la venta libre de vivienda pública a particulares e incluso a fondos buitre; recursos que tendrían que servir al interés general. Si no se hubieran vendido al mercado libre, ahora tendríamos 2,5 millones de viviendas públicas en España. La fórmula por tanto tiene que ser la contraria y es lo que está planteando el Gobierno: garantizar con esos recursos públicos que las viviendas siempre sirvan a un interés general, que sean la respuesta a un derecho fundamental”.
Una vez más, la ministra recordaba los objetivos del Gobierno: “ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible. Al finalizar esta legislatura habremos tenido que conseguir el objetivo de movilizar 184.000 viviendas en alquiler asequible y tenemos que intentar llegar en el menor tiempo posible a proveernos de un parque público del entorno del 9% de viviendas en alquiler asequible”.
También la adopción de “medidas quirúrgicas” ante la tensión por la demanda de vivienda para estudiantes universitarios en algunas ciudades o para la actividad turística. Eso sí, ha reconocido que los ayuntamientos y las comunidades autónomas “tienen mucho que hacer”.
Igualmente ha recordado la puesta en marcha del programa de hipotecas avaladas por el Estado, lo que “junto con una relajación de los tipos de interés va a contribuir a que personas que puedan hacerlo salgan del mercado del alquiler y puedan adquirir una vivienda asumiendo su hipoteca”, lo que, desde su punto de vista, “producirá una mejora en la vida de estas personas, pero también en el mercado del alquiler”.
Entre los anuncios o promesas todavía sin cumplir, está el Plan Estatal de Vivienda para promover un parque público fundamentalmente para alquiler que podría contar, en el mejor de los casos a medio plazo, con un millón de viviendas, con la colaboración, eso sí, de “todas las administraciones públicas” y la iniciativa privada.
La ministra detallaba, no sin razón, que “la construcción de una vivienda no es de un día para otro, por mucho que aceleremos los trámites administrativos o industrialicemos la construcción”.
Muchas voces piden una política pública de vivienda más ambiciosa, por ejemplo, con un programa de adquisición de vivienda privada ya construida y disponible para su posterior puesta y gestión en el mercado del alquiler a precios limitados y una plan de rehabilitación de vivienda privada vacía para ponerla en el mercado del alquiler asequible, entre otras propuestas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
