2.100 millones de personas están expuestas a los estragos del cambio climático sin protección social alguna

2.100 millones de personas están expuestas a los estragos del cambio climático sin protección social alguna
FOTO OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que los países más afectados por el cambio climático son los menos preparados para mitigar y adaptarse a sus efectos debido a la falta de protección social.

El demoledor Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026: Protección social universal para la acción climática y una transición justa, presentado este martes, revela que los países más vulnerables al cambio climático siguen estando en una situación crítica.

En los 20 países más expuestos a los efectos del cambio climático, el 91,3% de la población, es decir, 364 millones de personas, no cuentan con algún tipo de protección social. A nivel global, esta cifra se amplía a los 50 países más vulnerables, donde el 75% de los habitantes — esto es, 2.100 millones de personas– carecen de cualquier cobertura de protección social.

Esta es una de las principales crisis de la humanidad, pues solamente algo más de la mitad de la población mundial (52,4%) tiene algún tipo de cobertura de protección social, esencial para ayudar a las sociedades a adaptarse al cambio climático.

“La amenaza más grave para la justicia social”

El informe destaca también la falta de cobertura efectiva entre los grupos más desprotegidos: los niños, el 76,1% no cuenta con protección social; las mujeres, su cobertura alcanza al 50,1%; mientras que la los hombres, el 54,6%.

“El cambio climático no reconoce fronteras, y no podemos construir un muro para mantener la crisis fuera. La crisis climática nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día, apunta Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, subrayando que los países más golpeados por los efectos del cambio climático son los que menos recursos tienen para enfrentarlo, lo que pone en riesgo no solo su estabilidad, sino la del mundo en su conjunto.

La protección social, clave para una transición justa

El informe también enfatiza el papel crucial de la protección social en la transición hacia una economía verde. Según la OIT, garantizar que los trabajadores y las trabajadoras cuenten con seguridad de ingresos, acceso a la atención médica y formación para empleos en sectores sostenibles es clave para una transición justa. Además, la protección social puede amortiguar los impactos económicos para las familias y empresas, facilitando prácticas económicas sostenibles y bajas en carbono.

Sin embargo, según esta agencia tripartita de Naciones Unidas, los gobiernos no están aprovechando completamente este potencial, debido a la persistente falta de inversión y las significativas brechas en la cobertura. Según el informe, los países de renta baja destinan solo el 0,8% de su PIB a protección social, frente al 16,2% en los países de renta alta. Para garantizar una protección social básica en estos países más vulnerables, se necesitarían 308.500 millones de dólares adicionales al año, lo que representa un desafío que exige cooperación internacional.

En este sentido, la OIT insta a los gobierno a que se comprometan a una acción política decidida aumentando las inversiones en protección social para “garantizar que la actual transición energética verde y baja en carbono no deja a nadie atrás. El imperativo de hacer universal la protección social no es sólo ético, sino también práctico”, apunta Houngbo.

“Una profunda injusticia”

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha reaccionado a la publicación de este informe pidiendo un mayor compromiso de los gobiernos y a la comunidad internacional para efectivo el derecho a la protección social de las personas trabajadoras y negociar una transición justa que respete el trabajo decente y el cuidado del planeta.

“Al ritmo actual de cambio, habría que esperar hasta 2073 para que todos tuvieran siquiera un acceso parcial a la protección social. Los trabajadores y las trabajadoras no pueden permitirse esperar 49 años para recibir el apoyo que necesitan y merecen. No extender la protección social ahora es una profunda injusticia”, subraya Luc Triangle, secretario general de la CSI