Mónica Hidalgo, “No somos delito”: “Se está reduciendo el espacio de la sociedad civil para protestar y organizarse”
Mónica Hidalgo pertenece a la plataforma “No somos delito” que persigue la derogación de “las leyes mordaza”, en plural, que se están utilizando contra “colectivos, organizaciones y movilizaciones sociales que se manifiestan por un mundo mejor y por los derechos humanos”.
¿Para qué se ha utilizado la ley mordaza en estos nueve años de vigencia?
No la ley mordaza solo, también la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista, que forman un pack represivo, se han empleado de manera recurrente desde su aprobación para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que luchan por la defensa de los derechos humanos y, sobre todo, se ha utilizado para meter miedo. Hay casos muy sonoros, que son muy graves, y que se han tomado como referencia para que personas y colectivos se retraigan y den un paso atrás a la hora de manifestarse.
¿Qué personas y colectivos han sido objeto de la aplicación de las medias aprobadas por esta ley y el endurecimiento del Código Penal?
En el acto en el Congreso de los Diputados, el 10 de junio, presentamos las últimas denuncias recogidas, como la del grupo de Madrid “No a la Tala” que acumulan unos 20.000 euros en multa, las protestas de “Rebelión o Extinción” que le ha supuesto a una persona perder su trabajo como intérprete en el Congreso. O las compañeras de la plataforma antidesahucios que han acumulado multas por más de 44.000 euros desde 2021.
Los doce colectivos que estuvimos en el Congreso acumulamos más de 150.000 euros en multas a causa de la “buro represión”, gracia a la perversa y ambigua redacción de la Ley de Seguridad Ciudadana y la interpretación del Pacto Antiterrorista, que convierte a la Administración en juez y parte.
Están siendo atacados, por todos lados, colectivos, organizaciones y movilizaciones sociales que se manifiestan por un mundo mejor y por los derechos humanos.
Precisamente cuando está habiendo un nuevo ciclo, no solo en España, en todo el mundo de movilización de colectivos feministas, antirracistas, en apoyo y solidaridad al pueblo palestino, asistimos a la respuesta represiva y violenta del Estado en el uso más fascista de “leyes mordazas”.
¿Qué consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales están teniendo este tipo de leyes y actuaciones judiciales?
Se están viendo reducido mucho el espacio que tiene la sociedad civil para salir a las calles, para protestar, para organizarse y se limita el derecho a la protesta. Se está utilizando la denuncia por organización criminal del pacto antiterrorista para perseguir a movimientos sociales y políticos como ocurre con “Tsunami Democratic”, ecologistas o en solidaridad con Palestina.
Todo este mecanismo represivo se terminó de gestar al calor y fervor del 15M por un gobierno muy de derechas con mayoría absoluta, con un entramado judicial que modificó todo lo posible para no dejar resquicio para que hubiera otra 15M en la vida, ni otras movilizaciones masivas ni sindicales, ni por los derechos de las mujeres, por la paz o por una Palestina libre.
Esto es “buro represión”, no llegamos a pagar todas las multas, es imposible, la gente no puede usar mecanismos normales y democráticos, como el derecho de reunión, manifestación o libertad de expresión, porque usan los delitos de odios o faltas de respeto a la autoridad según les conviene. Ataca directamente al corazón de la democracia, al derecho a la protesta y libertad de expresión.
Una ley debería estar muy bien definida y argumentada para proteger los derechos fundamentales
¿Qué medidas aprobadas están siendo más utilizadas tanto en la fase de instrucción como en los juicios para imponer penas de cárcel y multas?
Todo esto es posible por la ambigüedad de la redacción de las leyes mordaza, donde cabe todo. Hay un artículo del pacto antiterrorista que considera terrorismo todo lo que altere la paz social. Las faltas de respeto a la autoridad, dentro de la ley de Seguridad Ciudadana, no nos permiten saber si es no quitarse el sombrero, no dar las buenas tardes o no hablar de usted. La presunción de veracidad de la policía ataca a nuestra presunción de inocencia. Una ley debería estar muy bien definida y argumentada para proteger los derechos fundamentales.
Estamos ahora centrados en “la protesta no es terrorismo” porque realmente estamos asustadas al ver lo que supone la aplicación excesiva y desproporcionada de estas leyes que castigan estos delitos de la forma más grave, debido a la redacción imprecisa con graves repercusiones para las personas que ejercen sus derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. Se usan estas leyes como herramienta de censura, que obstaculizan la protesta y permiten el control de la sociedad de una forma penal y administrativa.
Estamos asistiendo, más allá del caso de los independentistas catalanes, a un reguero de juicios contra sindicalistas, ecologista, activista pro vivienda digna, de los derechos humanos y antirracistas que no siempre cuentan con grandes instituciones detrás. ¿Veis raseros diferentes según los motivos de la protesta y quienes están implicados?
En el caso de “los seis de Zaragoza”, la propia sentencia da por hecho que no se puede asegurar que los jóvenes condenados participaran en actos violentos. Estaban en una manifestación contra Vox y el fascismo y son detenidas después en diferentes lugares, no se conocen entre ellos, pero se les considera “precursores” de la organización. Acaban en prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos, que son los tipos más utilizados en este tipo de hechos.
Es terrible, aquí se ve que es un ataque más por ideología y clase y que la Justicia no es ciega. Estas personas fueron detenidas por motivos oportunistas y prejuicios estéticos. No se les permitió tener un juicio realmente justo y con todas las garantías jurídicas procesales, porque todo se basó en los atestados y declaraciones policiales con muchas contradicciones entre sí. No se admitieron otros testigos y las propias grabaciones de las cámaras no demostraron que estuvieran allí.
Esto es un claro ejemplo del montaje policial que se puede crear gracias a que la “ley mordaza” establece la “presunción de veracidad de la policía” para que luego los jueces interpreten y utilicen la ley como quieran.
Estamos viendo numerosas manifestaciones sin comunicar en el centro de Madrid por la amnistía, por ejemplo, y no ha pasado nada. Las cargas policiales no tienen nada que ver con aquellas en las personas perdieron un ojo por las bolas de goma.
También ha pasado con las compañeras de Gijón. Estamos viendo como condenan a seis compañeras por ejercer el derecho sindical y defender los derechos laborales por defender a una compañera del acoso, inventan todo y hay una sentencia que las mete a prisión. Sin embargo, otro juez dice que no es delito de odio gritar en un restaurante “te voy a hacer heterosexual a hostias…” El delito de odio está muy bien creado para la defensa de las minorías, pero ni la policía ni la corona son una minoría, pero se utiliza para multar unos casos y no por homofobia, por ejemplo.
Como se considera terrorismo todo lo que altera la paz social, todo está justificado.
Hay sectores policiales que en cambio se han manifestado contra una posible derogación. ¿A qué se debe?
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se han leído la Ley de Seguridad Ciudadana. Los que están protestando son una parte, en concreto, un sindicato que sabemos de qué cojea como también es conocido quiénes son los precursores de estas manifestaciones.
En realidad, la ley de Seguridad Ciudadana deja indefensos también en muchos casos a la policía, porque al final tienen que estar prevaricando en muchos casos. Eso es un problema, porque la policía de este país tiene un compañerismo y un corporativismo insano, se defienden entre sí de una manera que no es ni ética, ni responsable con el encargo que ejercen.
Ha habido montajes policiales que conocemos, hemos vivido y continúan. Hay noticias sobre la utilización de todo este entramado del Ministerio del Interior para espiar a políticos que no son de su cuerda. Incluso para enfrentarse a movimientos sociales de unas maneras atroces que ponen en cuestión todos los niveles éticos en España, un país con una criminalidad muy baja, donde la mayor criminalidad que existe es la violencia de género.
No se entienden que siendo el mayor número de asesinos hombres, heteros, que matan a su expareja, pareja actual o mujer que pasaba por allí, se hagan unos esfuerzos brutales y económicos en criminalizar la protesta, en perseguir a movimientos sociales, en infiltrarse en movimientos sociales, saltándose toda la moral y toda la ética, incluso haciendo relaciones personales íntimas.
Es horrible lo que hacen. Pero tienen todo atado de tal manera, legalmente hablando, que al final, como se considera terrorismo todo lo que altera la paz social, todo está justificado. Se está produciendo un retroceso a las libertades, tanto individuales como colectivas, en vez de dar protección a las amenazas reales.
¿Hay posibilidades de que se deroguen estas leyes en esta legislatura?
La pasada legislatura hubo un amago de derogación y se quedó ahí, esperemos que tras este intento fallido se retomen las demandas sociales para la reforma de la ley que implicaría también cambios en el Código Penal desde “No Somos delito” hemos pedido una reforma integral sin maquillaje de todos los aspectos que limitan nuestros derechos fundamentales.
En teoría, la mayoría parlamentaria podría actuar en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero no sé si va a llegarse a un acuerdo. En la anterior legislatura se quedó muy avanzada la negociación y se cayó al final por cuatro puntos en los que no se llegaba a un consenso, porque el PSOE no quiso tirar para atrás.
Dentro de los diez puntos que reivindicamos, está incluido la eliminación de las devoluciones en caliente, una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana, puesta con calzador y en el último momento, después de la masacre de Tarajal. Esta es una de nuestras líneas rojas.
No se llegó a un acuerdo por no salir adelante la retirada de las pelotas de goma del material defensivo de la Policía, y ni por no concretar ni especificar bien que se entiende por faltas de respeto a la autoridad, ni modificar la “presunción de veracidad de la policía”.
El lobby de los sindicatos policiales logró que el partido en el Gobierno no quisiera quitar del todo la presunción de veracidad, ni las faltas de respeto y resistencia a la autoridad, que es lo que más se utiliza.
Redactor jefe de Noticias Obreras
