Fernando Rocha: “Las mujeres tienen una mayor precariedad laboral”

Fernando Rocha: “Las mujeres tienen una mayor precariedad laboral”
Conversamos con Fernando Rocha Sánchez, técnico de la Escuela del Trabajo de Comisiones Obreras (CCOO), que interviene este miércoles, en los cursos de verano que Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), con la ponencia “Viejas y nuevas encrucijadas de la precariedad laboral en España”.

¿Qué es la precariedad laboral –un término que no se utiliza en la OIT– y qué dimensiones considera más relevantes de este fenómeno “naturalizado” en la economía española?

No existe una definición oficial y universalmente aceptada del concepto de precariedad laboral. Entre otras acepciones, cabe destacar la recogida en la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo precario, que establece que se “entiende por trabajo precario las formas de empleo que no cumplen las normas y leyes nacionales, internacionales y de la Unión o que no ofrecen recursos suficientes para una vida digna o una protección social adecuada”.

Esta Resolución delimita los siguientes indicadores de precariedad laboral: Escasa o nula seguridad laboral debido al carácter temporal del trabajo, como es el caso de contratos de trabajo a tiempo parcial no voluntarios y a menudo marginales, y, en algunos Estados miembros, horarios imprecisos y funciones que varían debido al trabajo “a la carta”; Protección rudimentaria frente al despido y protección social insuficiente en caso de despido. Remuneración insuficiente para llevar una vida digna. Derechos y prestaciones de protección social nulos o limitados. Protección nula o limitada contra cualquier forma de discriminación. Perspectivas nulas o limitadas de progreso en el mercado laboral o en materia de desarrollo y formación. Bajo nivel de derechos colectivos y derecho limitado a la representación colectiva y un entorno laboral que no respeta las normas mínimas de salud y seguridad

La precariedad laboral ha sido un componente estructural de la economía española desde hace décadas, determinado principalmente por los vectores de temporalidad injustificada del empleo; de empleo a tiempo parcial no voluntario; por la externalización como mecanismo de devaluación laboral; y, finalmente, por el trabajo no declarado.

La precariedad laboral es un fenómeno asimismo cambiante, que va registrando nuevas formas debido, por ejemplo, al desarrollo en la última década de la economía digital.

¿Qué factores hacen que mujeres, jóvenes y migrantes sean los colectivos más vulnerables a la precariedad laboral?

Las mujeres registran en términos generales una mayor precariedad laboral, que se manifiesta en indicadores como la temporalidad y –especialmente– una incidencia muy superior del empleo a tiempo parcial no voluntario.

Las razones son diversas, destacando especialmente dos: la persistencia de una discriminación estructural en el empleo, a pesar de los avances registrados, que se manifiesta en términos de segregación horizontal –mayor concentración relativa en determinadas actividad y ocupaciones– y segregación vertical –menor peso relativo en los puestos de trabajo de inferior nivel jerárquico–; y la persistencia de una desigual distribución de las tareas de cuidado y responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

Es importante resaltar sin embargo que la situación laboral de las mujeres no es homogénea, y dentro de estas pautas generales existen diferencias en función de variables como la nacionalidad, nivel de cualificación y edad.

En cuanto a las personas jóvenes, la precariedad laboral es un componente estructural del empleo en edades comprendidas entre 16 a 29 años. Tradicionalmente se ha justificado desde los ámbitos institucionales como un elemento necesario para facilitar la inserción laboral de este colectivo. A esto se suma la elevada concentración sectorial del empleo juvenil en actividades que registran un elevado nivel de precariedad, tales como la construcción, comercio, y servicios de restauración y alojamiento.

La precariedad laboral es un componente estructural del empleo en edades comprendidas entre 16 a 29 años

Además, existe una presencia importante de jóvenes en los nuevos entornos de trabajo digitales más precarizados, como son por ejemplo las plataformas digitales laborales de actividades de reparto. La juventud no es, sin embargo, un colectivo homogéneo, registrando trayectorias laborales diferentes en función de variables como el nivel de cualificación, género, y la nacionalidad.

En relación a la personas migrantes, el empleo de este colectivo presenta una elevada concentración en algunas de las actividades que registran mayores niveles de precariedad laboral, incluyendo las situaciones de trabajo no declarado, como son: la agricultura; servicio doméstico; construcción; comercio al por menor; y servicios de restauración.

Las personas migrantes están además sobrerrepresentadas en los segmentos más precarizados de las plataformas digitales laborales, como son las que se dedican a las actividades de reparto y las de cuidados. Este colectivo no es homogéneo sin embargo, registrándose la mayor vulnerabilidad entre las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

En su opinión, ¿qué está ocurriendo con el empleo a tiempo parcial no voluntario?

El empleo a tiempo parcial ha registrado un notable crecimiento tras la Gran Recesión de 2028-2012, aunque en los últimos años ha registrado una cierta ralentización. Este empleo presenta una notable dimensión de género, en la medida en que las mujeres concentran actualmente en torno al 73% del mismo en España.

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El principal motivo para optar a este tipo de contrato es no poder acceder a un empleo a tiempo completo, tanto entre mujeres como en los hombres. No obstante, entre las mujeres influyen además en mayor medida otros factores, como la dedicación a tareas de cuidados y de responsabilidades familiares.

La parcialidad involuntaria del empleo, especialmente combinada con la temporalidad, contribuye a potenciar la precariedad laboral en relación a dimensiones como el salario, la formación y la promoción profesional. A esto se suma el volumen de trabajo no declarado, que implica que personas con contrato a tiempo parcial en realidad realizan muchas más horas (por ejemplo, en el comercio y la hostelería).

El empleo a tiempo parcial no voluntario se ha convertido en un mecanismo que refuerza la discriminación laboral de las mujeres, máxime considerando la creciente demanda de cuidados en una sociedad crecientemente envejecida, y donde las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de los mismos.

¿Cuáles son los riesgos en los nuevos entornos digitales de trabajo y qué medidas cree que se deberían implementar para mitigarlos?

Los nuevos entornos digitales de trabajo, especialmente las plataformas digitales laborales, están contribuyendo a potenciar factores tradicionales de precariedad laboral asociados a factores como: la situación contractual (formalmente, de trabajo autónomo en la mayoría de los casos); la escasez e inestabilidad de los ingresos; la intensificación de los ritmos de trabajo; y los riesgos para la salud y seguridad.

Ahora bien, estos modelos de negocio implican asimismo nuevos factores de precarización, relacionados con la gestión algorítmica del trabajo, es decir: el uso de algoritmos informáticos para la toma de decisiones automatizadas relacionadas con la organización del trabajo. Las consecuencias son un deterioro de las condiciones laborales que se manifiesta en aspectos como: aumento del desequilibrio de poder entre la empresa y la persona trabajadora; reforzamiento de sesgos y discriminaciones; vigilancia y monitorización constantes; falta de autonomía; intensificación de los ritmos de trabajo; aumento de riesgos físicos y psicosociales; y deshumanización del trabajo.

Las plataformas digitales laborales, están contribuyendo a potenciar factores tradicionales de precariedad laboral

Abordar esta situación pasa por el reforzamiento legal de la protección y tutela de las personas que trabajan en estos entornos, incluyendo su situación contractual; la mejora de los recursos y funcionamiento de la inspección del trabajo; y una renovación de los esquemas tradicionales de acción sindical, para abordar los retos que plantean estas realidades.

¿Cree que la Iglesia puede influir de manera significativa en la lucha por el trabajo decente? ¿Cómo sugiere que podría colaborar en esta lucha, en este “lugar común”?

La precariedad laboral genera una serie de consecuencias o “cicatrices” en diversos ámbitos. A nivel micro, potenciando las brechas que sufren las personas afectadas en materia de: estabilidad; salarios, formación; seguridad y salud laboral; derechos colectivos; protección social; cumplimiento de la regulación; condiciones de vida; y capacidad para desarrollar un proyecto de vida autónomo.

A nivel macro, impulsando el aumento de la segmentación social y mantenimiento de importantes niveles de desigualdad, pobreza y exclusión; las dificultades de proyecto de vida autónomo; y la prevalencia de estrategias de competitividad empresarial basadas en la devaluación de salarios y condiciones de trabajo.

A nivel estructural, determinando una mayor vulnerabilidad del modelo productivo español ante los cambios en el ciclo económico; una menor capacidad de adaptación y resiliencia ante los grandes desafíos globales (cambios demográficos, digitalización, transición energética y ecológica; una mayor desconfianza hacia las personas e instituciones; y el aumento del malestar colectivo; menor participación política y ciudadana.

La Iglesia puede contribuir a impulsar el trabajo decente (…)  promoviendo la construcción de un modelo productivo (…) que sitúe en el centro la defensa del trabajo decente y la dignidad de las personas trabajadoras.

En este escenario, y desde el respeto lógico a la propia autonomía de la institución, la Iglesia puede contribuir a impulsar el trabajo decente desde diferentes planos: fomentando el conocimiento y la sensibilización sobre este fenómeno a través de la realización de estudios, publicaciones, jornadas, así como desde sus medios de comunicación; colaborando en la elaboración de medidas y propuestas de intervención; ayudando y favoreciendo la integración social de los colectivos más vulnerables, como es el caso de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular; y promoviendo la construcción de un modelo productivo más sostenible y justo en términos económicos, sociales y medioambientales, que sitúe en el centro la defensa del trabajo decente y la dignidad de las personas trabajadoras.