El plan del Gobierno para acoger a menores migrantes frustrado por los cálculos partidistas
La reforma de la Ley de Extranjería promovida por PSOE, Sumar y Coalición Canaria ha quedado frustrada en el Congreso con los votos de PP, VOX y Junts, por lo que los niños y las niñas migrantes solos llegados a las Islas no serán acogidos por otras comunidades autónomas.
La refriega partidista de los partidos políticos, fieles únicamente a sus estrategias más burdamente electoralistas, ha dado al traste, no tanto con una solución a la situación de la infancia migrante tutelada por la Comunidad Autónoma de Canarias, como con una manera consensuada de empezar a aplicar políticas migratorias desde la solidaridad interterritorial y los derechos humanos.
Con la modificación propuesta se quería establecer un mecanismo obligatorio para el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes a otras regiones cuando los servicios autonómicos de atención a la infancia en los lugares de llegada superaran el 150% de su capacidad, como es el caso del archipiélago canario, donde hay 6.000 menores acogidos, y Ceuta y Melilla.
Seguramente el Gobierno ha estado torpe en la negociación, sin atender algunas reivindicaciones razonables, empezando por la dotación de recursos necesarios para el sistema de acogida de la infancia migrantes.
Más que cambiar el clima de la negociación para abordar un giro en la política migratoria hacia el cumplimiento escrupuloso de los derechos humanos, ha querido retratar a la derecha política.
Los socios del Gobierno de coalición han buscado dejar al descubierto los aspectos más intransigentes de la oposición que, dicho sea de paso, no ha hecho grandes esfuerzos por contrarrestar esa imagen, de la que la ultraderecha xenófoba que encarna Vox hace gala incluso.
El rechazo supone que 3.000 menores que iban a ser trasladados de las islas Canarias no salgan de momento de las islas. La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, declaró ayer al ver el resultado de las votaciones: “Con toda la tristeza les voy a pedir que sigamos hablando. Yo no puedo llegar a Canarias y decir que no ha prosperado esta ley”.
Su partido político, que gobierna en Canarias gracias al apoyo del PP, llegó a proponer la retirada de la propuesta para seguir debatiendo y aumentar así las posibilidades de que las formaciones que se oponen a este reparto cambiaran su decisión.
“Si en las próximas horas no hay acuerdo, pediré que no se vote, que siga sobre la mesa y sigamos hablando. No voy a explicar en Canarias que el Congreso no es capaz de trabajar en materia migratoria, reformar la ley y adaptarse a la nueva situación”, advertía.
Los obispos de las dos diócesis canarias José Mazuelos Pérez y Bernardo Álvarez Afonso, junto con el auxiliar Cristóbal Deniz Hernández, habían apelado al conjunto de comunidades autónomas a la apertura y a la solidaridad interterritorial, en la nota Una Luz de Esperanza para los menores migrantes. A esta declaración se habían sumado posteriormente los prelados de de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal,
La Iglesia de Canarias resaltaba la necesidad de la colaboración interterritorial y la apertura soluciones integradoras y dignas para los menores migrantes no acompañados. llegando a elogiar los esfuerzos recientes de las Administraciones y la sociedad canaria. Al tiempo, denunciaban la “instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas que puedan tener lugar en torno a menores migrantes o al complejo fenómeno de las migraciones”.
La Iglesia en España vienen reclamando un pacto de Estado de migraciones integral que atienda todas las dimensiones de este fenómeno global, tan antiguo como la humanidad. El secretario general del episcopado español, César García Magán, había especificado en rueda de prensa que el acuerdo en esta materia “tendría que ser un pacto de Estado y no etiqueta partidista”, al tiempo que defendía que el cristianismo “promueve un modelo de acogida y acompañamiento integral, no se conforma solo con cubrir las necesidades básicas de la persona, estos niños necesitan entornos que permitan procesos lo más personalizados posibles”.
La negativa del PP
El PP finalmente votó en contra de la reforma de extranjería alegando que para ello el Gobierno debía declarar antes la emergencia migratoria en todo el Estado y endurecer el control de las fronteras.
La diputada popular Ana Alós, criticó al Gobierno por carecer de política migratoria y le acusaba de “no garantizar” los recursos suficientes a las comunidades autónomas para la acogida de menores. Además, censuraba su escaso interés en escuchar las demandas de su partido. “Intentan convertir esa ley en un plebiscito sobre la humanidad de los demás. Esta modificación es un “yo reparto y tú te apañas””, añadió.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había declarado a primeros de esta semana que los españoles “tenían derecho a salir tranquilos a la calle”, tomando prestadas las consignas de Vox de vincular migración y delincuencia.
Su formación sigue todavía atada, por lo que parece, al discurso extremista y delirante de la ultraderecha de manera que no termina de ser creíble del todo cuando emite declaraciones razonables, más propias de un partido de Estado de raíces conservadoras y humanistas.
Los gobiernos autonómicos del PP anunciaron recursos ante el Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, aunque en la anterior Conferencia Sectorial de Infancia no se llegara a ningún acuerdo global, salvo la acogida voluntaria de 347 menores migrantes. Fue este el motivo esgrimido por Vox para salir de los gobiernos autonómicos que había formado con el partido de Feijóo.
Junts, exclusivamente centrado en su pelea propia, había reclamado que Cataluña quedara excluida de acoger a personas menores de edad nacidas en otros países y llegadas a España, pidiendo además la transferencia de las competencias de migración para el ejecutivo catalán. “Ningún partido catalán que conozca la realidad de Catalunya puede aceptar esta ley en estos términos”, justificaba Miriam Nogueras el voto de su formación alineada en esta ocasión con PP y Vox.
El portavoz socialista y diputado de origen senegalés, Luc André Diouf, había intentado pedir el voto favorable de las formaciones más reticentes al plan de acogida, argumentando que “que el debate no termina hoy”, sino que se trataba de tomar o no en consideración una propuesta que podría ser enmendada durante el trámite.
El portavoz en temas de Juventud e Infancia de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Nahuel González defendió la propuesta del gobierno apelando al “cumplimiento de los derechos humanos y el derecho a la infancia”, pero sobre todo para “conseguir que el modelo de acogida de niños y niñas sea más estable, y para que la situación de crisis que se está viviendo en Canarias no se vuelva a repetir en ningún lugar del país”. Además, reprochó a quienes utilizan la religión para dividir y defender cuestiones identitarias por decirse cristianos cuando luego no atienden las enseñanzas de la Biblia.
Desde ERC, como EH Bildu, PNV y Podemos defendieron la reforma, en palabras de Jon Iñarritu (EH Bildu) por “sentido común”, mientras que el diputado de UPN se abstuvo.
Definitivamente, el clima político, del que hay responsables muy claros, ha impedido sacar adelante esta mínima reforma para poder responder a una situación que las instituciones están dejando enrarecer.
El mensaje de que el interés electoralista está siempre por encima de las razones humanitarias resulta altamente peligroso. Sus consecuencias no serán inocuas ni para la legitimidad de las instituciones, ni para la sociedad, ni mucho menos, para niños y niñas que llegan de otros países sin la compañía de adultos que les tutelen, después de realizar duros trayectos y afrontar innumerables riesgos.
Redactor jefe de Noticias Obreras
