Un estudio visibiliza la explotación sistémica de trabajadores y trabajadoras migrantes en la agricultura europea
Abusos, violencia, largas jornadas de trabajo y salarios insuficientes son las prácticas más abusivas constatadas en 9 países europeos. La directiva europea de diligencia debida “podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente”, según dicen los investigadores de Esenciales pero invisibles y explotados
Un estudio publicado por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y Oxfam Intermón, titulado Esenciales pero invisibles y explotados, revela la explotación sistemática y generalizada de los trabajadores y las trabajadoras migrantes en la agricultura industrial europea.
El informe, basado en investigaciones en nueve países europeos (Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Suecia), señala que aproximadamente 2,4 millones de personas migrantes trabajan en la cosecha de frutas y verduras en Europa, representando al menos una de cada cuatro personas empleadas en el sector. La investigación indica que estas personas trabajadoras son víctimas de violaciones sistémicas de sus derechos laborales y humanos, a la luz de la legislación de la Unión Europea.
“Queremos exponer la parte más vulnerable de la industria agrícola europea, que tiene como núcleo la explotación y el incumplimiento de la legislación europea”, afirma Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. “Las personas migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, y eso significa que los abusos que sufren son igualmente estructurales”, denuncia.
El estudio destaca que, a excepción de Finlandia, las personas trabajadoras migrantes en los países examinados suelen recibir salarios por debajo del mínimo legal y que las mujeres son particularmente afectadas por la desigualdad salarial. En la región de Huelva, España, la mitad de las mujeres encuestadas reportaron ganar menos que sus colegas masculinos, mientras que en Italia, las trabajadoras migrantes afirman ganar hasta un 30% menos que los hombres.
“Pese al rol estructural que cumplen los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, y que llevó tanto a los Estados como a la propia UE a declararles como trabajadores esenciales durante la pandemia, son un colectivo sometido sistemáticamente a lógicas de explotación”, afirma Yoan Molinero Gerbeau, investigador del IUEM-Comillas y coautor del informe.
Abusos, precariedad, condiciones deplorables, siniestralidad laboral…
El informe documenta numerosos casos de abusos, incluidos los sexuales, la intimidación y la violencia en respuesta a huelgas. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular están en mayor riesgo de explotación debido a su precariedad laboral. Un caso extremo documentado es el de jornaleros tailandeses en Suecia, que trabajan entre 12 y 19 horas al día, seis días a la semana.
Otros factores agravantes incluyen el abuso de intermediarios, el trabajo a destajo y las imposiciones de mayoristas y supermercados, que a menudo implican pedidos de última hora.
Las condiciones de alojamiento son deplorables: precarias, superpobladas, caras y aisladas. Algunos trabajadores viven en asentamientos marginales sin acceso a servicios básicos como agua corriente, electricidad y calefacción, enfrentando riesgos de enfermedades e incendios.
“La extrema precariedad de los alojamientos en los que estos trabajadores y trabajadoras residen revela la desidia por parte de empresarios y poderes públicos de hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado”, denuncia Molinero.
La siniestralidad laboral es habitual debido a la falta de formación y equipos de protección adecuados. Caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y envenenamientos por productos fitosanitarios son frecuentes, con casos extremos como la muerte de un trabajador en Murcia por deshidratación en condiciones de extremo calor. Carlos Ruiz de Oxfam Intermón, señala que los migrantes enfrentan serios obstáculos para acceder a los servicios de salud, debido a barreras administrativas y lingüísticas, y a menudo quedan excluidos de la cobertura sanitaria.
Transponer e implementar la Directiva de Debida Diligencia
La reciente Directiva de Debida Diligencia de la UE, que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales en toda su cadena de valor, podría ser un paso importante para mejorar las condiciones de estos trabajadores. “Los líderes europeos ya no pueden ignorar la explotación que acecha en la industria agrícola y que se cuela en el carrito de compras de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación, si los países europeos la transponen e implementan correctamente”, concluyó Ruiz.
Además, las dos entidades autoras del informe instan a fomentar la inclusión de migrantes en las estructuras sindicales, garantizar su formación en un idioma comprensible y proporcionar el equipo necesario, así como asegurar que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se alineen con el respeto a las normas laborales y sociales.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)