Los CIE, símbolos para intimidar y criminalizar a la población migrante
Los centros en los que se confina a la población migrante en situación irregular son “espacios opacos y faltos de transparencia donde sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas migrantes allí retenidas”, en palabras del coordinador general de la APDHA, Diego Boza.
En la presentación del Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes, Bouza ha manifestado que “los CIE son a día de hoy una medida ineficaz”, pues no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados, “impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”.
Sin embargo, “más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIE desde 2011 no fueron deportadas” y “en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas”.
Para el coordinador de la asociación andaluza de derechos humanos la función que cumplen estos centros es puramente simbólica: como “elemento de intimidación para la población migrante” y, “para trasladar un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”.
Pero es que, además, ha denunciado, “se está metiendo, en unos edificios cuyas condiciones son peores que las de las cárceles, a personas que no han cometido ningún delito”, lo que, según la Constitución, supone una grave anomalía, dado que la carta magna prohíbe a la administración civil “la imposición de penas que impliquen privación de libertad”.
La mayoría de los siete CIE operativos se ubican en antiguas prisiones que cerraron por las lamentables condiciones en que se encontraban, mientras que los de nueva construcción “mantienen una impronta carcelaria”, como el de Algeciras, al que el Gobierno ha destinado unos 20 millones de euros.
El modelo migratorio que se viene desarrollando desde los primeros años del siglo XXI se orienta a la expulsión y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia, indica APDHA, que denuncia la sistemática vulneración de derechos.
La coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, Ana Mª Rosado, recuerda que “en los CIE se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido, aunque el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”.
También, ha explicado, existe constancia de de numerosas denuncias de vulneración de los derechos humanos que ocurren en los CIE y que, sin embargo, nunca se investigan adecuadamente”. Como ejemplos ha citado, el caso de un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, que en 2006, denunció que habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales porparte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos. Estos hechos no fueron juzgados hasta pasados nueve años dictándose la absolución de los acusados.
Igualmente, Rosado ha expuesto el caso de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue violada a punta de pistola y a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE.
Desgraciadamente, ha seguido Rosado, “el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIE son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública, a pesar de que no hubo consecuencias penales para los responsables de sus muertes”.
Balance migratorio
El Informe presentado incorpora además un análisis ampliado sobre el Balance Migratorio 2023 presentado el pasado mes de febrero. Un total de 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar a territorio español. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas.
Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988.
Actualmente, además de los siete CIE, existen dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y 10 Centros de Acogida Temporal de Extranjeros. El Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. CIEs: espacios sin derechos para migrantes ha sido elaborado con la colaboración de militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal.
Redactor jefe de Noticias Obreras
