CCOO pide al Gobierno que active los contactos con los partidos para mejorar la protección al desempleo

CCOO pide al Gobierno que active los contactos con los partidos para mejorar la protección al desempleo
La reforma de los subsidios al desempleo se encuentra en punto muerto, perjudicando así “a cientos de miles de personas”, ha denunciado el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo.

El fallido real decreto 7/2023 presentado por los ministerios de Trabajo y Economía, sin consultar con los agentes sociales, no salió adelante por los votos en contra del PP, Vox y de Podemos, en desacuerdo con la eliminación de la cotización extra a efectos del cálculo de la pensión en la prestación para mayores de 52 años.

“El texto tenía mejoras parciales positivas y creemos que debería haber sido aprobado” ha explicado Bravo, que a continuación ha reconocido que no resuelve los problemas de protección por desempleo, pero “mejora la situación precedente”, por lo que ha reclamado acometer la mejora, “aunque sea parcial”, del sistema de protección por desempleo.

“Necesitamos que la interlocución entre el Gobierno y los grupos parlamentarios funcione. En algún caso está costando, no sé si se mide en tiempos electorales, pero la realidad es que una reforma que mejora la situación de cientos de miles de personas está varada en sede parlamentaria y es algo que no es razonable”, ha criticado Carlos Bravo, quien ha detallado que su sindicato ha pedido, sin éxito, por dos veces un encuentro con el partido de Ione Belarra.

Bravo, consciente de que el Gobierno “no parece tener la mayoría parlamentaria ajustada”, le ha pedido que active “los contactos con los distintos grupos políticos”. El sindicato, por su parte, trata de convencer a los partidos de acometer esta reforma, para cumplir así con el compromiso adquirido con Europa de reformar los subsidios antes del próximo 20 de mayo, para no poner en riesgo la concesión de nuevas ayudas.

“El Gobierno nos traslada que tiene voluntad”, ha detallado Bravo, si bien, se ha quejado de no disponer todavía más que de propuestas “verbales”, sin papeles, por lo que hasta que no los vean, “no podremos estudiarlos y hacer nuestras aportaciones. Si nos los hubieran mandado ya y no esperasen a las reuniones, no tendríamos que pedirles otra semana más para trabajar sobre ellos”.

Además de la mejora del subsidio por desempleo, las organizaciones de trabajadores mantienen abierta la negociación sobre la jubilación anticipada para empleos de riesgo, la implicación de las mutuas en la gestión de la recuperación de los trabajadores de baja y el nuevo diseño de la jubilación parcial y el contrato de relevo que permiten compatibilizar trabajo y pensión.

“En los dos primeros casos se va avanzando en algo, pero en el tercero nada”, se ha quejado Bravo, quien ha recordado que el Gobierno se había comprometido a presentar antes del 30 de junio de 2023 una propuesta en este sentido. El siguiente encuentro de la mesa del diálogo social para abordar estos asuntos tendrá lugar el próximo lunes.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha hecho estas declaraciones en la presentación del informe Mercado de trabajo y protección por desempleo 2023, durante la cual, además ha denunciado que la no actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en el 2024 “merma de capacidad económica y poder adquisitivo para toda la población desempleada”.

A pesar de la implantación del ingreso mínimo vital, que “ha aumentado los niveles de cobertura, insuficientemente todavía, pero los ha aumentado”; las rentas mínimas extendidas por las Comunidades Autónomas, “de manera desigual” y la mejora de los subsidios y protección, todavía hoy existe más de medio millón de hogares sin ingresos en España, “lo cual indica que seguimos teniendo importantes vacíos de cobertura en nuestro país”, ha señalado Bravo.

Más de medio millón de hogares sin ingresos

Según el estudio sindical, además de los 536.000 hogares sin ingresos, nuestro país cuenta con cerca de un millón de familias con todos sus miembros en paro. A pesar de la buena evolución del mercado laboral en 2023, con una reducción de la tasa de paro en todos los tramos de edad, el 41% de la población desempleada lleva más de un año en paro y un 28% más de dos años.

Unas 650.000 personas llevan inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos más de cuatro años, de las cuales dos tercios son mujeres y tres cuartos personas mayores de 52 años, con grandes dificultades de encontrar un empleo. Bravo ha advertido que “no se ha actuado de manera efectiva para limitar el fenómeno de expulsión del empleo que sufre un buen número de personas mayores de 50-55 años, con escasas posibilidades de reinserción laboral hasta hoy”. Esta actuación sigue siendo “una materia pendiente de abordar, tanto en términos de orientación de las políticas activas de empleo, como en cuanto a la limitación a la extinción de contratos sin causa la situación de los empleados de larga duración”.

El año pasado, la media anual de beneficiarios de prestaciones por desempleo fue 1.774.543 personas, unas 13.000 personas más que en 2022. La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo que afecta a personas con experiencia laboral, incluidas las eventuales agrarias de Andalucía y Extremadura fue el año pasado del 72,2%, la más alta desde el año 2011.

El avance de la cobertura por desempleo se explica por el descenso del número de desempleado y la extensión del subsidio a mayores de 52, personas trabajadoras fijas discontinuas y personas trabajadoras del hogar.

Para el responsable sindical, la protección social debe intensificarse especialmente entre las personas con contratos a tiempo parcial, mujeres principalmente. Es más, en su opinión, “hay margen para mejorar la protección por desempleo y seguir reduciendo los vacíos de cobertura”, dado que “de los últimos veintidós años, en dieciséis de ellos la recaudación por cotizaciones por desempleo ha superado el gasto en prestaciones contributivas”, con un diferencial promedio entre cotizaciones por desempleo y gasto en prestaciones contributivas de 3.515 millones de euros anuales.