La ILP por la regularización extraordinaria de personas migrantes encalla ante la negativa de PP y PSOE

Los dos grandes partidos políticos de nuestro país no parecen dispuestos a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización de personas migrantes, a pesar del apoyo ciudadano y social recabado por sus promotores.

PP y PSOE han coincidido, por el momento, en su negativa a continuar la tramitación de la ILP avalada por más de 600.000 personas y 900 organizaciones sociales agrupadas en la plataforma Esenciales, para sacar de la irregularidad administrativa en la que se encuentran cerca de 500.000 personas en España.

Los portavoces popular y socialistas presentes en la comisión parlamentaria de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mostraron su oposición a admir la ILP, sin atender a la exposición de motivos y argumentos de los representantes de la Comisión Promotora, Gonzalo Fanjul, Edith Espínola y Aziz Fayé, en nombre de la campaña Esenciales impulsada por #RegularizaciónYa, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo.

Fanjul, uno de los promotores de la propuesta además de miembro de la fundación “Por causa”, reconocía el gusto amargo con que salió tras su comparecencia en el Congreso, debido a que “ni PSOE ni Partido Popular han aceptado siquiera el compromiso de que la ILP por la regularización sea discutida en fase de enmiendas”.

Aunque con diferentes razones y acentos, los dos grandes partidos que se han alternado al frente del gobierno desde la recuperación de la democracia han cerrado la puerta al debate parlamentario sobre el modelo de gestión de los flujos migratorios y la movilidad humana del siglo XXI.

Según la Ley Orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular, el pleno del Congreso tiene que pronunciarse a favor o en contra de la toma en consideración de la propuesta antes de los seis meses siguientes a la presentación de la propuesta, que en este caso se cumplen en en mayo.

Ahora falta que la Mesa del Congreso ponga fecha y hora para la votación, o si así lo decide seguir debatiendo sobre la misma,  ajustándose a los plazos. Hasta ahora, solo una ILP, referida a la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural, de las 18 anteriores con suficiente apoyo ciudadano y admitidas por el Congreso ha llegado a buen puerto.

La postura expresada por PP y el PSOE en comisión supone para Fanjul “un enorme desprecio por el esfuerzo de los impulsores de la campaña que en condiciones muy difíciles consiguieron el apoyo de más de 600.000 personas exigido por ley”, pero también “una falta de humanidad ante la situación de total indefensión de personas que ya están en España expuestas a la explotación laboral y la vulneración de derechos por no tener papeles”.

Explicaciones para el no

La portavoz del PP, Sofía Acedo, justificó la negativa de su grupo, apelando primero a una cuestión procedimental, al entender que solo a través de una ley orgánica se puede legislar sobre el control de las fronteras, para después declarar que “no es el momento” de estudiar la regularización extraordinaria debido a la cantidad de migrantes que están llegando a las costas españolas.

La argumentación socialista se fundamenta en que la UE, tras alcanzar el pacto de migraciones, no permite la regularización “generalizada” de personas migrantes, como defendió el diputado Luc André Diof, partidario de lo que llamó “una inmigración circular”. Desde la plataforma Esenciales aseguran que las autoridades europeas solo “recomiendan”, sin establecer una obligación estricta en este punto. Con todo, Diof argumentó que “lo que se nos permite ahora es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería”, lo que para Fanjul es en realidad “una regulación extraordinaria parcial y encubierta” que no sirve de solución a quienes en muchos casos están haciendo “trabajos esenciales”.

Su compañera socialista Elisa Garrido, además, insistió en la vía de “las modificaciones del reglamento de extranjería” y abogó por “migraciones seguras” también para la vida de las personas que dejan sus países de origen en busca de una vida mejor en Europa.

Vicens Vidal, de Sumar, respaldó contundentemente la propuesta y pidió al PSOE “claridad” y una postura propia y diferenciada de los discursos de odio antiinmigración.  PNV y Bildu apelaron a los derechos humanos y a la “ética” para respaldar la propuesta mientras que Jordi Salvador, de ERC, defendió tramitar la ILP “por respeto a las firmas recogidas”. “Si quieren hacemos un debate más profundo, donde puede haber enmiendas”, admitió, pero “rechazar esta ley es de una indignidad brutal”.

La portavoz del grupo parlamentario VOX, Rocío de Meer, se aferró, como era de esperar, a la teoría ultraderechista de la conspiración sobre “el gran reemplazo” para cerrar el paso a la petición legislativa.

Poco impacto en los grupos parlamentarios mayoritarios tuvo la defensa de la ILP que hizo Yolanda Edith Espínola, del Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), quien aseguró que la regularización es una cuestión de coherencia, de democracia, de justicia social y de crecimiento económico”, dado que la irregularidad condena a miles de personas, un tercio de ellas menores, a “la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto” de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad.

Igualmente, lamentó la “lentitud” de los procesos ordinarios de regularización y destacó que esta no sería la primera vez, puesto que desde 1996 se han llevado a cabo nueve regularizaciones extraordinarias, de menor o mayor calado.

Aziz Faye, del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, defendió la iniciativa no solo para garantizar “una vida digna” a quienes ya están aquí, sino para “cambiar las reglas del juego”. “La abstención no puede ser una opción para ninguna fuerza política”, expuso.

Jose Luis Palacios

Redactor jefe de Noticias Obreras