El Consejo de Europa aprueba la directiva de diligencia rebajando las exigencias a las empresas
El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del Consejo de la Unión Europea aprobó una directiva de diligencia debida o responsabilidad empresarial, menos ambiciosa y exigente de lo que marcaba la propuesta inicial.
Los gobiernos de Alemania, donde existe una ley nacional sobre esta materia, e Italia, junto con Finlandia y otros países, han conseguido rebajar el contenido de las obligaciones empresariales sobre derechos sociales e impacto ambiental, a cambio de su voto afirmativo a la tramitación de la directiva que ahora deberá ser ratificada por el Parlamento Europeo antes de su disolución en junio.
La Plataforma por Empresas Responsables (PER), formada por ONG, incluida Enlázate por la Justicia (Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), sindicatos, entidades de derechos humanos y en defensa del medio ambiente, considera el resultado de la negociación entre Estados como un “paso insuficiente”, con “concesiones de última hora lamentables y desoladoras”.
Aunque la plataforma valora que “este respaldo político es una decisión histórica”, ha criticado que “los cambios de última hora debidos a maniobras políticas de varios estados miembros y grupos de presión empresariales han diluido aún más un acuerdo político que ya no cumplía plenamente las normas y expectativas internacionales”.
Amaya Acero, coordinadora de la PER, califica de “preocupantes” las rebajas del texto” por lo que considera que “aún queda mucho por hacer para garantizar” que la diligencia debida “se convierta en un instrumento eficaz para salvaguardar los derechos humanos y el medio ambiente”.
Las organizaciones católicas de justicia miembros de Cooperación Internacional por el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE) han reconocido el avance hacia el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, pero no oculta que “es mucho más débil que el texto acordado originalmente durante el diálogo a tres bandas de diciembre”. “Lamentamos los acuerdos políticos y los intentos de algunos estados miembros y grupos políticos de sabotear la directiva”, ha afirmado.
El sindicato UGT ha destacado que se trata de “un instrumento legislativo fundamental para hacer frente al trabajo forzoso en todo el mundo y garantizar que las empresas de la UE promuevan los derechos sociales y las buenas condiciones laborales en todo el mundo, y funcionará en tándem con el Reglamento que prohíbe los productos fabricados con trabajo forzoso”.
Eso sí, lamenta “la pérdida de ambición en el ámbito de aplicación, ya que el volumen de negocios neto para que una empresa quede cubierta se acordó inicialmente en más de 150 millones de euros”. Ya en la negociación de febrero, se duplicó a 300 millones de euros y en última instancia ha vuelto a subir a 450 millones de euros. Con este nuevo umbral solo afectará al 0,05% del total de las empresas, unas 5.400 empresas.
El sindicato se aferra a la posibilidad de que la directiva sigue siendo una herramienta poderosa, ya que pese a todo, “Europa seguirá a la vanguardia de la protección de los derechos sindicales y de los trabajadores, así como del medio ambiente”. Eso sí, insta a los Estados miembros a que la transpongan rápidamente y la apliquen en su letra y espíritu, y seguiremos trabajando para garantizar que así sea.
LA HOAC había reclamado un comportamiento empresarial sostenible y responsable en todas las cadenas de suministro, como intengrante del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, con el fin de “reconstruir un tejido productivo e industrial de proximidad”. En su opinión, las empresas deben asumir “un compromiso económico y ético y una distribución más equitativa del excedente”, mientras que los Estados han promover “la máxima ocupación en condiciones dignas y, para aquellos que no pueda conseguirse un empleo, proporcionar rentas vitales suficientes”.
Redacción de Noticias Obreras.
