La asociación de “barrios ignorados” denuncia la ineficaz gestión de la vivienda pública en Andalucía
Con motivo del Día Internacional de la Justicia Social, que se celebra hoy 20 de febrero, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados exige acciones concretas para garantizar el derecho a una vivienda digna en Andalucía.
Este colectivo de barrios desfavorecidos de Andalucía se moviliza para reclamar justicia social ante la negación de acceso a la vivienda. En Sevilla, Jaén, Córdoba y Granada han visibilizado esta preocupación, han denunciado “la ineficaz gestión del parque público de vivienda” y han exigido mayores compromisos para hacer posible el derecho a un “techo” digno en Andalucía.
Según el manifiesto “Viviendas que generen hogar, no exclusión” presentado públicamente hoy, la asociación denuncia “la dificultad que enfrentan miles de personas en Andalucía para acceder a una vivienda” y subrayan que la justicia social debe basarse “en la igualdad de oportunidades y en garantizar los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la identidad, a la supervivencia, a la educación, a la libertad de expresión y al trato digno y respetuoso entre otros. Es un pilar esencial para que cada individuo pueda desarrollar su máximo potencial y para promover una sociedad en paz”.
Familias obligadas a vivir en locales comerciales
La asociación apunta a la Junta de Andalucía de ineficaz gestión de este recurso esencial al ser la institución política responsable de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Este parque está compuesto por alrededor de 75.000 viviendas, que se encuentran mayoritariamente en barrios desfavorecidos de las principales poblaciones andaluzas, “los cuales consideramos ignorados, ya que no se implementan medidas para abordar las causas que provocan los múltiples problemas que enfrentan quienes residen en ellos”, aclaran.
Estas viviendas albergan a “casi 300.000 personas, muchas de las cuales son extremadamente vulnerables y tienen importantes necesidades” que sufren, como es la falta de mantenimiento de las viviendas y áreas comunes, la falta de control sobre quienes las ocupan, lo que lleva a situaciones como que “en muchas ocasiones se utilicen para fines distintos a los previstos”. Es alarmante que “muchas familias se vean obligadas a vivir en locales destinados originalmente a fines comerciales”.
Ante esta situación, la asociación exige a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía que “se tome en serio su política de vivienda pública” y que trabaje para que las viviendas “cumplan adecuadamente su función social”.
Actuación integral
Entre las medidas que reclaman una actuación integral que permita: “incrementar la disponibilidad de viviendas públicas”; “estabilizar y regularizar la titularidad de las viviendas, teniendo en cuenta el arraigo de las familias que las habitan”; “fomentar la creación y acompañamiento de nuevas comunidades de vecinos y vecinas para promover una convivencia saludable, pacífica y armoniosa”; “dotar de mediadores, educadores y trabajadores sociales para atender las necesidades de los residentes” y “eliminar las barreras arquitectónicas”, entre otras.
La asociación realiza un llamamiento a la acción, instando a los vecinos y vecinas a unirse y trabajar por el bien común. “Nuestra perspectiva como sociedad y nuestra actuación personal frente a esta realidad pueden perpetuarla o, por el contrario, contribuir a transformarla”, destacan para concluir que “no habrá justicia ni igualdad si las administraciones no priorizan la justicia social invirtiendo todos los recursos necesarios”.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)