El Consejo de Ministros aprueba, entre críticas, el aval público para la compra de viviendas
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de préstamos, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para menores de 35 años y familias con menores, como entrada para la compra de viviendas.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo que “a esas personas con empleos estables y deseo de fijar su residencia les decimos que no se preocupen, el Estado será su avalista”.
Se trata de paliar la falta de recursos iniciales para suscribir un préstamo hipotecario, dado que por lo general los bancos suelen conceder en torno al 80% del precio de la vivienda. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalará hasta el 20% del importe del crédito necesario para adquirir una vivienda, que ha de ser primera residencia, porcentaje que puede aumentar en caso de una mejor calificación energética.
El crédito público podrá financiar la parte restante del precio de compra o tasación que sea menor, llegando a cubrir, incluso, el 100% de la hipoteca, con un límite máximo de coste por inmueble. Las personas beneficiarias correrán con el 10% que suele acarrear la operación en gastos e impuestos.
Para este fin, se destinarán unos 2.500 millones de euros. La media había sido anunciada varias veces, la primera en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales, en Santa Cruz de Tenerife, y la última en la campaña actual de los comicios gallegos.
Se podrán beneficiar, las personas menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500 euros anuales y familias con menores a cargo para la cobertura parcial de los préstamos hipotecarios.
Los ingresos anuales del solicitante deben ser inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en 14 pagas (8.400 euros), es decir, 37.800 euros por ejercicio. En el caso de familias con menores a cargo, este límite se incrementará un 0,3% por cada hijo y si la familia fuese monoparental, el tope de ingresos podrá incrementarse un 70% (hasta los 64.000 euros).
Según la estimación de la ministra Isabel Rodríguez, cerca de 50.000 personas se beneficiarán de estos créditos públicos. Sin embargo, desde el otro grupo político que compone el Gobierno de coalición, no respaldan esta medida.
Fuentes de Sumar han transladado a la prensa, que estos programas que ya se han puesto en marcha en países como el Reino Unido, Canadá o Australia, e incluso en la Comunidad de Madrid, “puede contribuir a subir aún más los precios” y a que “los promotores absorban toda la ayuda”. Este tipo de políticas, en su opinión, terminan beneficiando “fundamentalmente a los bancos en un contexto de tipos de interés elevados”. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Fernández también ha criticado la medida, aduciendo que beneficia sobre todo a las entidades bancarias que podrán agilizar la concesión de préstamos hipotecarios.
CCOO pide una reforma del mercado de las hipotecas y más vivienda pública
Precisamente, en unas recientes jornadas sobre la vivienda celebradas el 8 de febrero, el sindicato CCOO, sin referirse a esta medida, denunciaba “el fracaso de la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias”, por lo que reclamaba, a la Administración del Estado, “medidas que alivien a los hogares hipotecados ante el aumento de los tipos de interés, y más en un momento donde las ganancias de la banca marcan cifras históricas”.
Además, según el sindicato, hace falta una “reforma del mercado hipotecario”, para garantizar una oferta suficiente y asequible de préstamos para la compra de vivienda, cuando esta sea la opción elegida, una reforma que pasa por limitar el máximo de los tipos de interés y que las cuotas hipotecarias no representen más del 30% de los ingresos del hogar.
CCOO aboga por la aplicación de Ley por el Derecho a la Vivienda en todo el territorio nacional, sobre todo, en lo relativo a la declaración de zonas tensionadas, la limitación de precios y en los abusos de las agencias inmobiliarias y la regulación y limitación de los usos de la vivienda diferentes al residencial, además de acabar con los usos especulativos de las mismas, como hacen las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) y otros fondos de inversión.
En opinión del sindicato, las políticas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda, como el Abono al Alquiler Joven, deben dotarse de más medios económicos y un mayor control y transparencia por parte de la Administración del Estado, así como también en los Planes de Vivienda Pública a través de las comunidades autónomas en lo que se refiere a precios y requisitos de acceso
No solo eso, también reclama medidas destinadas a la construcción de un parque de vivienda pública con precios asequibles, llegando a proponer la captación de vivienda vacía a través de los Fondos de Recuperación europeos, con unas condiciones de seguridad jurídica para los propietarios, incluyendo la rehabilitación.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ya avanzó la semana pasada que el Gobierno, prepara una nueva línea de préstamos ICO de 4.000 millones de euros para la promoción público-privada de vivienda asequible.
Redactor jefe de Noticias Obreras
