UGT le recuerda al gobierno los “deberes” pendientes
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha advertido al Gobierno, en un extenso encuentro con periodistas, que debe ser “consciente de los deberes que le quedan por hacer”, en relación a los acuerdos alcanzados en la anterior legislatura.
Ha empezado Álvarez señalando al Gobierno que todavía está pendiente la creación de las comisiones de seguimiento de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), el desarrollo de las políticas activas de empleo y la anunciada mesa de diálogo social sobre seguridad salud laboral
De nuevo, ha insistido, en la presentación de las peticiones de su sindicato para la nueva legislatura, en la necesidad de afrontar los “efectos menos positivos” de la última reforma laboral, como el abuso de la contratación a tiempo parcial, las carencias en los fijo-discontinuos o la duración de los periodos de prueba.
Denuncia por las horas extra
De paso, ha pedido abrir la mesa sobre la regulación de la jornada laboral, si bien, ha informado de que UGT ha presentado una demanda contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, al igual que con el coste del despido, todavía sin resolver, para que se remuneren más las horas extraordinarias que la jornada ordinaria, en coherencia con la Carta Social Europea.
El Estatuto de los Trabajadores no concreta cómo deben pagarse las horas extras, como sí hace la legislación europea que establece abiertamente “un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares”. La normativa española solo se limita a señalar que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido”.
También ha pedido Álvarez, la desaparición del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), como instrumento para “determinar las rentas en nuestro país”, que en su opinión es un “invento” para desligar las prestaciones públicas del salario mínimo –hoy el IPREM está fijado en 8.400 euros anuales, mientras que el salario mínimo es de 15.120 euros anuales–.
Pero el pleno parlamentario del miércoles, con la aprobación de los decretos ómnibus y anticrisis in extremis y el rechazo del dedicado al subsidio por el desempleo, con los votos negativos de Podemos, así como la situación política, han acabado por alargar y centrar en la coyuntura política su comparecencia ante los medios de comunicación.
Aprovechando que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado la apertura de la negociación con los agentes sociales para tratar de acordar la reforma fallida del desempleo, el secretario general ha planteado que hay que buscar una manera “en positivo” de incentivar a los parados mayores de 52 años a aceptar un empleo, sin perjudicar la pensión futura, como sería un complemento a la cotización a cargo del Estado. “Hay una nueva oportunidad que hay que trabajar a fondo”, ha puntualizado Álvarez, quien ha añadido que su sindicato va a intentar que cuente “con un respaldo en el parlamento para que se apruebe”.
La gresca entre partidos
En este punto ha criticado la “gresca político partidaria”, entre los partidos de izquierdas que, a su juicio, deberían unirse para “intentar aliviar los problemas de las personas con menos recursos”, peo también a la derecha, de la que ha dicho que le gustaría que “alguna vez arrime el hombre”. “El PP no debería sentirse excluido de dar soporte a este tipo de políticas, como sí hacen algunos de sus homólogos europeos en política social”, ha añadido.
De hecho, ante el fin de la negociación del salario mínimo, anunciado por el Ministerio de Trabajo para hoy, Álvarez ha adelantado que UGT reclamará una subida de “al menos el 5%”, ahora que los empresarios se han descolgado de la negociación.
El secretario de UGT ha reconocido su disposición a firmar una subida del 4%, si la patronal aceptaba unirse al acuerdo, porque iba a ser “más fácil” de trasladar a los convenios, pero dada la postura empresarial mantiene su reivindicación de “por lo menos el 5%”.
Como anteriormente hizo su compañero de CCOO, Unai Sordo, Álvarez, ha pedido una “cumbre al más alto nivel” al presidente del Gobierno para definir las materias a negociar dentro del diálogo social en esta nueva legislatura y presentar las propuestas de las organizaciones de trabajadores.
Redactor jefe de Noticias Obreras
