Acuerdo en la UE para proteger a trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales
Inspirada en la ley rider española, fruto del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y empresarios, esta normativa, de ser ratificada, marcará un avance significativo a nivel internacional
La presidencia española del Consejo de la Unión Europea logra un hito al alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo para una directiva pionera que mejorará las condiciones laborales y la protección social de las personas que trabajan en plataformas digitales.
“Esta propuesta, que se ha inspirado en la ley rider española, supone un gran avance para las mujeres y los hombres que trabajan en plataformas digitales. Si el Consejo de Unión Europea lo ratifica la semana que viene, supondrá que estas personas trabajadoras contarán con más derechos, sobre todo aquellas que han sido consideradas hasta ahora erróneamente como autónomas, porque tendrán una mejor protección laboral y social”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha liderado este proceso, el primero de su tipo a nivel internacional.
Díaz también destacó que la directiva marcará un hito significativo para corregir la clasificación errónea de alrededor de 5,5 millones de personas como autónomas en la Unión Europea. Actualmente, más de 28 millones de personas en la UE trabajan en diversas plataformas digitales, y se proyecta que esta cifra aumente a 43 millones en los próximos dos años.
Indicios de laboralidad
La nueva directiva europea, resultado de más de 12 horas de negociaciones, establece que los Estados miembros deben implementar procedimientos administrativos o judiciales para clasificar como trabajadores por cuenta ajena a aquellos que laboran en plataformas digitales. Se requerirán al menos dos indicios de laboralidad, como la determinación de remuneración por parte de la plataforma o el control de la actividad profesional por la misma.
Además, la directiva prevé sanciones para las plataformas que no cumplan con las disposiciones, así como procedimientos administrativos y judiciales para los trabajadores mal clasificados. La plataforma deberá demostrar si una persona es trabajadora por cuenta ajena o autónoma.
La directiva refuerza la transparencia y el control humano de los sistemas automatizados utilizados por las plataformas, prohibiendo la toma de decisiones basada en algoritmos sobre el estado emocional, conversaciones privadas o datos biométricos de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores tendrán acceso a información detallada sobre estos sistemas y serán consultados ante cambios.
El acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión será sometido a ratificación el próximo 20 de diciembre por los embajadores permanentes de los 27 Estados miembros ante la UE y el pleno de la Eurocámara.
Redacción de Noticias Obreras.
