Divergencias en los obispos por la investidura de Sánchez
La Conferencia Episcopal Española todavía no se ha pronunciado colegiadamente sobre los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, si bien algunos obispos a título personal no han dejado pasar la ocasión para compartir sus opiniones.
El episcopado español no ha abordado de forma oficial el actual proceso de investidura, tras el intento fallido del candidato del PP, Núñez Feijoó, ni sobre el contenido de los acuerdos alcanzados por todas las formaciones políticas presentes en el Congreso de los Diputados, salvo PP, Vox y UPN.
Es cierto que el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, había dejado caer, tras la celebración de la última la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de la Iglesia Española, que no estaba justificada la amnistía por no darse las circunstancias excepcionales que justifican este medidas de este calado y defendió la separación de poderes.
Entonces, el portavoz de los obispos admitió que “hay herramientas excepcionales en el ámbito del derecho para situaciones históricas muy excepcionales”, pero, desde su punto de vista, precisó a continuación “no estamos ante una situación excepcional que haga imprescindibles herramientas excepcionales”, sino “en una situación ordinaria de un pleno de investidura”, que por entonces solo había puesto de acuerdo al PSOE y Sumar.
Pero, horas más tarde, la Conferencia Episcopal Tarraconense, que reúne a los obispos catalanes, salió al paso para matizar que García Magán, en sus declaraciones, “se centró sobre todo en una valoración jurídica personal del tema que no implicaba ni negar ni apoyar a la amnistía.
Favorecer la igualad y la cordialidad
El episcopado catalán defendió que la Iglesia siempre se guía por “favorecer la igualdad, la cordialidad, el diálogo y el trabajo por hacer una sociedad nueva y buena” y que “favorecer el partidismo o alabar una determinada posición no es ni bueno ni, desgraciadamente, nuevo”.
Como “pastores de una Iglesia que es afortunadamente plural”, entendían los obispos de las diócesis catalanas, “debemos mantener una neutralidad edificante y respetuosa, neutralidad que sólo podemos romper cuando se lesiona el derecho a la dignidad del ser humano, centro de toda la Doctrina Social de la Iglesia”.
Esto no ha impedido que ciertos obispos sí se hayan pronunciado sobre el contenido de los acuerdos para la investidura del candidato socialista y la salud de las instituciones democráticas, como por ejemplo, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que en la red social X exponía que “la amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas”, para concluir que de no darse esas condiciones, “amenaza la convivencia a la que dice servir”.
Declaraciones muy ásperas
Ese mismo día, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, también en la citada red social, en unos términos que recuerdan a los utilizados por los partidos políticos y medios afines que se oponen a la investidura de Sánchez, escribió, que “los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia destruyendo un Estado de derecho, determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo. Cómplices que venden lo ajeno por un plato de lentejas para seguir en el poder”.
En un tono muy similar, volvió a expresarse, el 14 de noviembre, utilizó vocablos poco matizados como “mentiras” y “trampas”, para proferir que el perdón en los implicados en el llamado procés, “es el peaje que pagamos todos para que algunos se beneficien torticeramente en sus gobernanzas”.
Al día siguiente el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, justo cuando el presidente de la Generalitat era recibido por el papa Francisco, confesaba su dolor por la pretensión de “tomar por tonta a una nación” y condenaba como “inmoral” el perdón de los delitos. “a cambio de sus votos para poder continuar en el poder”.
Sin querer desviar la atención sobre el 25 Congreso Católicos y Vida Pública de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, en un encuentro informal con periodistas, el cardenal emérito Antonio Rouco Valera se limitó a señalar que “la secesión unilateral no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia”, remitiéndose a documentos de la Conferencia Episcopal.
El obispo de Huelva, Santiago Gómez, en una declaración enviada a los medios de comunicación, compartió la valoración moral que le merece el fenómeno del nacionalismo. “Resulta moralmente cuestionable que cada una de las nacionalidades o pueblos que históricamente integran un Estado pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad como Estado, y reclamen la independencia en virtud de su sola voluntad”, apuntaba, para más tarde entrar en distinciones entre el “nacionalismo totalitario” y las opciones de “tipo nacionalista” que “hacen de la defensa y del desarrollo de la propia identidad el eje de sus actividades, y se ajustan a la norma moral y a las exigencias del bien común”.
El 9 de noviembre, el obispo de la diócesis Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, en la presentación del nombramiento del capellán de la prisión de Castellón, Florencio Roselló, como nuevo arzobispo de Pamplona y Tudela, aseguró que “la amnistía es hacer borrón y cuenta nueva, con lo que el Estado de Derecho se va a resentir enormemente”, si bien reconocía que sin conocer la ley “era difícil dar una respuesta pormenorizada”.
El obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya Torres, en una reflexión enviada a los medios de comunicación bajo el título Una preocupación apuntó que la unidad de España es un “bien moral”. “Los acuerdos publicados estos días”, a pesar de la “falta de trasparencia”, decía, “han incluido aspectos de gran calado no presentes en los programas electorales, y, por tanto, fuera del alcance de la decisión de los votantes”.
Seguía su explicación, “se puede ver mermada la solidaridad entre los españoles, la igualdad ante la justicia, el bien común, y la unidad de la nación como un bien moral forjado en nuestra historia, lo que además plantea serios dilemas morales especialmente a los funcionarios públicos”.
Ese mismo día, festividad de la Almudena, el cardenal de Madrid, José Cobo, tuvo unas palabras que algunos medios de comunicación han interpretado también en clave política, durante la Eucaristía en honor de la patrona de la ciudad. a la que asistieron las autoridades.
“La convivencia, o si queréis, esa convergencia de los muchos pueblos en uno solo, que anuncia el profeta Zacarías, no es homogeneidad ni uniformidad de pensamiento”, pronunció Cobo, quien siguió declarando que “la convivencia es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro donde aprendemos a asumir diferencias, y hasta conflictos, sin convertirlos en motivo para la destrucción del otro. Sin demonizar al rival”.
Eso sí, puntualizó que “esto no supone relativizar, decir que todas las visiones son exactamente iguales y que por el mero hecho de que alguien sostenga una idea, esa idea ya es válida. Claro que no”, sino que, abundó, “la convivencia es diálogo, y es también discusión amable. Es tratar de trabajar por aquello que uno cree mejor para la sociedad. Pero sin convertir al rival en enemigo”.
Por un convivencia más pacífica
Directamente sobre el momento político, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, pidió que las diferencias en torno a la amnistía no se conviertan en “un motivo de división social que exaspere el ambiente de nuestra sociedad y que polarice la convivencia entre todos”. “Dentro de las diferencias hay muchos valores comunes que creo que todos debemos mantener”, subrayaba durante una entrevista en una emisora de radio local, el 13 de noviembre.
El prelado admitió que “ciertamente, estamos en un momento de crispación política”, por lo que entendía como natural la existencia de “diferencias en la manera de valorar las cosas, de juzgar las leyes y de entender si hay medidas de gracia, sean cuales sean”.
El que fue obispo que de Tortosa (Tarragona) precisamente durante el procés, no se olvidaba de que el referéndum ilegal de 2017 generó un “momento de crispación” ante el que la Iglesia católica intentó “poner paz” para “buscar una convivencia lo más pacífica posible”.
También recordó que “las recomendaciones que dimos en las diócesis catalanes, que no suponían una toma de partido político sino unos caminos para una convivencia lo más armónica posible, con el paso del tiempo nos han dado la razón”. En su opinión, en el momento actual, “la Iglesia debe adoptar esta posición”.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en redes sociales, optó por la prudencia y el cuestionamiento sutil de los métodos utilizados para defender las preferencias personales y colectivas, en lo que, se puede entender como una advertencia, la única de un alto responsable eclesial, sobre la violencia de ciertas algaradas callejeras que se están produciendo en la actualidad y la proliferación de lemas, cuanto menos ofensivos y denigrantes.
El principal responsable, en virtud del cargo para el que le han elegido sus homólogos, del episcopado español y cardenal de Barcelona, compartió la frase de un joven filósofo “sobre la manera como cada uno de nosotros defendemos nuestros intereses”, que decía que “la defensa de cualquier causa solo puede hacerse desde un comportamiento ejemplar”, en un breve mensaje en la red social antiguamente conocida como Twitter.
Según la información aparecida en los medios de comunicación, no hay prevista una declaración de la Conferencia Episcopal, si es que llega a producirse, sobre el momento político, al menos hasta la celebración de la plenaria episcopal de la última semana de noviembre, ya resultado el pleno de investidura convocado para los días 15 y 16 de noviembre.
Redactor jefe de Noticias Obreras
