Destrabar el potencial de la tecnología sanitaria para todos
Los casos de COVID-19 vuelven a estar en aumento, lo que ofrece un crudo recordatorio de las lecciones que deberíamos haber aprendido de las olas anteriores. Lejos de estar confinada al COVID, la mayoría de estas lecciones se aplica a las amenazas de enfermedades infecciosas en general.
La pandemia demostró que tenemos las capacidades científicas e industriales para desarrollar y producir en masa vacunas seguras y efectivas de manera acelerada cuando aparecen nuevas amenazas. Pero el éxito de las vacunas contra el COVID-19 también reflejó dos décadas de esfuerzos denodados por parte de los científicos del mundo académico y del sector privado. Y, cuando llegó el momento de la verdad, una inyección oportuna de fondos públicos llevó ese trabajo hasta la línea de llegada.
Si hubo una tecnología que desempeñó un papel especialmente decisivo fue el ARNm –o ARN mensajero–, que ofrece un nivel de adaptabilidad y escalabilidad que lo torna altamente adecuado para la preparación y respuesta ante pandemias (PRP por su sigla en inglés). Las vacunas y los tratamientos de ARNm ya se están poniendo a prueba para una amplia variedad de enfermedades, y hay esfuerzos en marcha para expandir la usabilidad de la tecnología (como mejorar su estabilidad de temperatura). Cuando estalle la próxima epidemia viral, las vacunas de ARNm muy probablemente sean la primera solución en salir de las gateras.
Sin embargo, aunque este avance científico salvó innumerables vidas durante la última pandemia, los beneficios no se compartieron de manera equitativa. Un año después del despliegue de las vacunas contra el COVID-19, aproximadamente el 73% de las dosis administradas estaba concentrado en países de ingresos altos y medio altos, mientras que apenas el 0,9% había llegado a países de bajos ingresos.
Esta disparidad fue aún más pronunciada en el caso de las vacunas ARNm, que se utilizaron principalmente en países ricos que, en un principio, acapararon los suministros. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas mantuvieron un control férreo de las licencias y la producción, lo que les permitió obtener ganancias extremadamente sorprendentes.
Otra lección de la pandemia, entonces, es que la plataforma ARNm no alcanzará su pleno potencial a menos que adoptemos una nueva estrategia que haga hincapié en el acceso equitativo y en el bien común. Esto implica intentar sellar alianzas público-privadas simbióticas que estén mejor diseñadas para compartir tanto los riesgos como las recompensas.
Cuando las empresas se ven beneficiadas con fondos públicos –sean subsidios, garantías, préstamos, compromisos de compra o contratos de adquisición--, se les debería exigir que maximicen el valor público de esas inversiones. Las condiciones vinculadas al financiamiento público para investigación y desarrollo, producción y distribución relacionados con el ARNm, por ejemplo, podrían garantizar asequibilidad, acceso equitativo y reinversión de las ganancias en innovación sanitaria. Las tecnologías de ARNm que resulten de un esfuerzo colectivo no deberían estar bajo el control exclusivo de un puñado de empresas privadas. Más bien, deberían considerarse parte de un bien sanitario global y estar disponibles y accesibles para todos los que las necesiten.
Una comparación de las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech (ARNm) muestra por qué esa gobernanza es importante. Ambas asociaciones recibieron un financiamiento público considerable —445 millones de dólares en el caso de BioNTech y 1.300 millones de dólares en el de Oxford-AstraZeneca– y ambas se beneficiaron de amplios compromisos de compra avanzados. Pero mientras que el financiamiento público para la producción de la vacuna de Oxford-AstraZeneca estuvo condicionado a que la empresa fijara precios más bajos en interés de la accesibilidad, a Pfizer-BioNTech se le permitió fijar precios más altos y que luego rechazara pedidos para ofrecer acuerdos de licencia y transferencias de tecnología. La próxima vez, los gobiernos deben garantizar que las cláusulas contractuales reflejen el bien común y regulen la obtención de un lucro excesivo.
De la misma manera, la gobernanza de la propiedad intelectual debería apuntar a facilitar las transferencias de conocimiento entre países, en pro de una innovación y fabricación más descentralizadas. Necesitamos con urgencia rediseñar las normas y prácticas de PI para garantizar que las tecnologías sanitarias críticas –especialmente aquellas que dependen sustancialmente de fondos de los contribuyentes y capital humano (desde investigadores hasta participantes en ensayos clínicos)– estén reguladas para el bien común. Es por eso que el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, organismo que presido, ha exigido que las patentes de las tecnologías ARNm estén reguladas sobre la base de una perspectiva de bien público, y no del propietario.
En la práctica, esto significa que los criterios para otorgar patentes –inclusive patentes secundarias– deberían ser más rigurosos. Debería exigirse, incluso, la presentación de información adicional que pueda ayudar a los gobiernos a evaluar la escala del poder de mercado que otorgan. Las patentes deberían cubrir solo innovaciones fundamentalmente nuevas, y deberían estar confinadas, en general, a tecnologías transformadoras, para impedir la privatización de herramientas, procesos y plataformas de investigación básicos. El objetivo de la innovación médica debería ser el de mejorar la “Salud para Todos” –la misión central de la OMS–, que requiere un acceso oportuno y equitativo.
Brindar acceso a PI esencial y capital es crítico para establecer la infraestructura local y regional necesaria para generar productos basados en ARNm. La OMS ha reconocido explícitamente esta necesidad al lanzar un programa de transferencia de tecnología de ARNm, con un polo en Sudáfrica y nuevas alianzas de intercambio de tecnología entre empresas en por lo menos 15 países de bajos y medianos ingresos (LMIC por su sigla en inglés).
Sin embargo, hará falta un fuerte respaldo financiero y político para garantizar el éxito de esta iniciativa. Por ejemplo, los gobiernos de LMIC podrían ir más allá y establecer polos de I&D regionales con el fin de fomentar la colaboración entre los actores públicos y privados en carteras de I&D conjuntas.
En términos más generales, en tanto los gobiernos muestran un interés renovado en la política industrial, deberían reconocer la oportunidad de movilizar más inversión, innovación y crecimiento en torno al objetivo de Salud para Todos. Brasil, a su favor, ya ha alineado la PPR con la política industrial a través de su Complejo Económico-Industrial de Salud, que utilizará las contrataciones públicas para crear un mercado doméstico para vacunas ARNm desarrolladas localmente, generando importantes beneficios sanitarios y económicos.
Mientras avanzan las negociaciones internacionales sobre un Acuerdo de Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias, la cuestión de garantizar un acceso oportuno y equitativo a contramedidas médicas –incluidas las tecnologías de ARNm– debe ocupar un lugar central. La plataforma ARNm tiene el enorme potencial de ofrecer tratamientos y vacunas innovadores para enfermedades que afectan esencialmente a los LMIC y que se podrían producir local y asequiblemente bajo el régimen apropiado de PI.
Para construir esta forma de resiliencia, debemos empoderar a los investigadores, fabricantes y gobiernos de estos países para forjar ecosistemas de I&D y fabricación regionales en pro del bien común. Recién entonces la tecnología ARNm alcanzará su pleno potencial.
•••
Tribuna publicada originalmente en Project Syndicate.
Economista. Profesora en la Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL)
