Huelga automovilística y cambio climático
La primerísima huelga del sindicato United Auto Workers (UAW) contra las «tres grandes» (General Motors, Ford y Stellantis, propietaria de Chrysler) resalta la necesidad de alinear la acción climática, el crecimiento económico y los derechos de los trabajadores. Las políticas públicas tendientes a aumentar la producción de vehículos eléctricos y sus ventas pueden movilizar la innovación y la inversión del sector privado en modos que beneficien a los trabajadores. Pero para hacer realidad ese potencial hay que reconsiderar el papel del Estado y de los trabajadores como impulsores de cambios económicos positivos a gran escala.
UAW dejó en claro que no se opone a la transición a una economía descarbonizada, pero insiste en que el cambio debe incluir la creación o preservación de empleos de calidad. De esto se desprende que si la «transición verde» no produce justicia laboral y económica plena, no tendrá suficiente apoyo político y fracasará al empezar. Y no nos engañemos: solo el Estado tiene la capacidad de impulsar esta transformación económica y asegurar que mejore las vidas de los trabajadores. He aquí lo que debe hacer.
En primer lugar, el Estado puede y debe hacer más en el sentido de fijar una dirección general para la inversión, la innovación y el crecimiento. Estableciendo objetivos o «misiones» audaces en materia climática, con metas ambiciosas y medibles, el Estado puede movilizar la inversión pública y privada y alentar la innovación multisectorial.
Por su naturaleza, misiones relacionadas con el clima, por ejemplo el abandono del motor de combustión interna, la descarbonización de la red eléctrica y la reducción del consumo de material en la industria del acero (como ha hecho Alemania), colaborarán en la lucha contra el cambio climático y crearán enormes oportunidades para aquellas empresas que estén alineadas con esos mismos objetivos. Pero para que esta estrategia tenga efectos dentro del horizonte temporal fijado por los científicos, se necesitará un sentido de urgencia y atención focalizada propio de una movilización de tiempos de guerra.
Ocasiones como esta suelen alentar la innovación y facilitar la inversión privada a gran escala. De hecho, en momentos clave de la historia, han fomentado una mayor apreciación de los esfuerzos de la clase trabajadora.
Un ejemplo patente es el papel que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial Walter Reuther, de UAW (el mismo sindicato que hoy está en huelga). Además de aborrecer el fascismo, Reuther vio en aquel momento una oportunidad para los trabajadores. En 1940, bajo su liderazgo, UAW exigió, con éxito, que las automotrices estadounidenses aceleraran la conversión al modo de producción de tiempos de guerra respecto de los plazos que proponían las gerencias. Sin esta posición proactiva del sindicato, es probable que la movilización bélica de los Estados Unidos hubiera demorado mucho más, o incluso fracasado.
En segundo lugar, los gobiernos pueden poner como condición para el acceso a financiación pública que las empresas receptoras implementen políticas laborales justas, limiten la recompra de acciones, pongan sus operaciones en línea con los objetivos climáticos y reinviertan ganancias en los trabajadores y en investigación y desarrollo. Uno de los modos de hacerlo es resignificar los programas de subsidios ya existentes, usándolos para incentivar a la industria automotriz y a sectores relacionados a llevar adelante una transformación compatible con una transición verde justa. La fijación de condiciones para la recepción de subvenciones públicas, la compra de títulos de deuda o acciones, el otorgamiento de beneficios fiscales y otros incentivos son poderosos recursos para maximizar la creación de valor público.
Por ejemplo, la Ley de CHIPS y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación en los Estados Unidos incluyen algunas cláusulas que limitan la recompra de acciones y fijan requisitos en relación con la distribución de ganancias, las condiciones laborales, los salarios y la provisión de capacitación y contratos de aprendizaje a los trabajadores. Pero aunque estas medidas son importantes, la estrategia industrial de los Estados Unidos todavía no garantiza un poder económico suficiente para los trabajadores. Hacerlo es esencial para generar el nivel de apoyo amplio que demanda la transición a una economía descarbonizada.
Finalmente, los gobiernos deben abandonar el hábito de delegar tareas a consultoras, y en vez de eso invertir en la creación de capacidades propias. De lo contrario, no podrán exhibir el liderazgo necesario para alinear los objetivos de crecimiento, climáticos y laborales.
Volviendo al ejemplo de los Estados Unidos, las últimas leyes de política industrial reflejan una comprensión de la cuestión, pero sus disposiciones en materia laboral son bastante desparejas. Las falencias son particularmente evidentes en el sector automotriz. Durante la pandemia de COVID‑19 a los trabajadores se los consideró «esenciales» y se les pidió trabajar en entornos de alto riesgo, pero no han tenido una participación justa en las ganancias corporativas de las automotrices, a pesar del importante nivel de apoyo estatal que recibió la industria después de la crisis financiera de 2008.
Ahora estas falencias en la protección de los trabajadores son una amenaza contra la viabilidad política de la transición verde en su totalidad. Hace unos meses, el presidente de UAW, Shawn Fain, expresó temor a que la desatención a los derechos de los trabajadores de la línea de producción en el proceso de adopción del vehículo eléctrico lleve a que los fondos públicos movilizados por la Administración Biden terminen subsidiando la destrucción de la clase media trabajadora de la industria automotriz.
¿De qué manera? Basta ir a un lugar como Lordstown (Ohio) para hallar que las plantas de ensamblado de la General Motors, que emplean a trabajadores sindicalizados, pagan 32 dólares por hora, mientras que las nuevas fábricas de baterías (que en parte son propiedad de la misma empresa) parten de un salario inicial de solo 16,50 dólares por hora. No extraña que UAW haya organizado una exitosa campaña de sindicalización allí.
Para que la lucha contra el cambio climático sea eficaz es necesario que los gobiernos fijen un rumbo claro para el crecimiento, con una economía sostenible e inclusiva como objetivo final. La financiación pública y las alianzas con empresas tienen que estructurarse de modo tal de compartir mejor las recompensas de la transición con los trabajadores y la ciudadanía, y no solo los riesgos.
Lo que proponemos no es muy distinto de lo que se han planteado como objetivo dirigentes políticos como el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz. Pero aún tienen que hacer más. Cuando en los piquetes de UAW en Toledo (Ohio) se corea «sin justicia no hay jeeps», las autoridades deben reconocer que hay allí un subtexto crucial: «sin justicia, no hay transición».
Para impulsar la innovación con la escala y rapidez necesarias para evitar una catástrofe climática, los gobiernos deben instituir un nuevo contrato social con las empresas y la mano de obra. Mientras la creación de empleo de calidad y los derechos de los trabajadores se consideren agregados opcionales en la lucha contra el cambio climático, la batalla estará perdida de antemano.
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Tribuna publicada originalmente en Project Syndicate. Firmada por Mariana Mazzucato y Damon Silvers.
Economista. Profesora en la Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL)
