La sociedad civil sí tiene programa de investidura
Organizaciones de la sociedad civil, una vez conocidos los resultados de las elecciones parlamentarias del #23J que complican la formación de un nuevo gobierno, han planteado las prioridades sociales y ambientales de la próxima legislatura.
“Un Pacto Estatal de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de amplio consenso parlamentario”, ha reivindicado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN).
Medidas para “promover la plena inclusión y la participación activa en la sociedad de las personas con discapacidad física y orgánica”, ha reclamado en el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
“El nuevo Gobierno debe continuar con la senda ya iniciada de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero necesariamente con más urgencia y más determinación”, ha defendido el portavoz de Greenpeace, Ricardo Magán.
A pesar de las entidades sociales son muy conscientes de la complejidad del momento actual, con un parlamento profundamente dividido en bloques, tienen muy claro cuáles deberían ser las prioridades en la nueva legislatura.
La sociedad civil organizada muestra un amplio consenso en torno a las prioridades que el próximo gobierno debería atender, especialmente ante los problemas y necesidades reales de la población.
Los partidos políticos, llamados a defender las preferencias de la ciudadanía y a encontrar cauces para la resolución de los conflictos, respetando los derechos de las minorías, harían bien en tomar ejemplo y rebajar sus enfrentamientos por caldera el ambiente en su provecho.
Las reivindicaciones de organizaciones especializadas del ámbito de la discapacidad, la lucha contra la pobreza y la conservación del medio natural, dada su trayectoria, experiencia y conocimiento, por sí mismas, deberían configurar una parte fundamental de cualquier programa de gobierno, por más que no reciban la atención que merecen.
Discapacidad
Sin ir más lejos, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, considera “imprescindible” incorporar el enfoque de derechos a la acción pública, al tiempo que defiende la comprensión de la discapacidad como “vector transversal de atención en todas las líneas de acción política del Gobierno”.
“Creemos que el nuevo Gobierno tiene que apostar por la mejora de la accesibilidad y que en la próxima legislatura se modifique de una vez por todas la Ley de Propiedad Horizontal, para posibilitar que miles de personas con movilidad reducida puedan salir de sus domicilios defendía Queiruga.
Además, ha pedido que se apruebe una Ley de Inclusión Laboral para que “se sienten las bases y oriente y refuerce las políticas activas de empleo para personas con discapacidad”; y que se actualice la legislación sobre derecho a la salud, atención sanitaria y cohesión y calidad del correspondiente Sistema Nacional de Salud.
Por su parte, el director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, declaraba: “Esperamos que el Gobierno que se conforme tenga un componente muy social y por eso creemos muy importante que se cree un Ministerio específico de lo social” y se lamentaba por que las políticas relacionadas con la discapacidad se encuentran en un contexto de “mucha incertidumbre”.
“Hay políticas que no pueden esperar a la conformación del gobierno, como la atención temprana y el apoyo a las familias jóvenes. Es un tema que tenía que ser prioritario para los políticos, estas personas lo necesitan”, enfatizaba. Además, demandaba, “ante la falta de avances”, medidas “más audaces para garantizar la calidad de vida para niños con discapacidad”.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), conservaba la esperanza de que las nuevas Cortes afronten con “celeridad” la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para actualizar sui texto y adaptarlo a un enfoque exigente de derechos humanos.
Para ello, entendía que era “imprescindible” la formación del nuevo Gobierno de España “para que pueda acometer sin demora el impulso de los asuntos que integran la agenda social pendiente en materia de discapacidad”.
Su organización también considera “prioritario” reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad de la vivienda a personas con discapacidad y mayores; avanzar hacia un sistema de educación inclusivo; extender la figura del asistente personal entre quienes necesitan apoyos más intensos para su autonomía, así como desplegar una estrategia “ambiciosa” de desinstitucionalización, entre otras cuestiones.
Exclusión social
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) insistía en que la pobreza es “una problemática estructural, consecuencia del sistema económico y social injusto, que afecta a todos los miembros de una familia y que necesita medidas valientes en todos los campos de la vida”.
Desde su punto de vista, la próxima legislatura debe alumbrar una estrategia para reducir la pobreza; la exclusión social y la desigualdad; invertir en las personas y en el desarrollo económico sostenible; reforzar la protección social ante los riesgos del ciclo vital; y potenciar los sistemas de gobernanza y el papel del Tercer Sector de Acción Social.
“No solo por los compromisos internacionales y nacionales adquiridos, ni porque, como se ha demostrado, las políticas de inclusión y protección social son motor de desarrollo económico, también porque no podemos abandonar a más de 12.000.000 de personas en España”, ha señalado el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías.
Por otro lado, la entidad ha recordado que la pasada legislatura estuvo “atravesada2 por una serie de crisis que han puesto en riesgo el cumplimiento de los objetivos de reconstrucción y los compromisos internacionales adquiridos para la presente década, en base al respeto y la garantía de los derechos humanos.
En este sentido, ha detallado que los efectos de este periodo “se han sumado a los consecuentes de la recesión de 2008 y al resultado de las políticas de recortes y austeridad, que impactaron de forma más cruda en las personas en situación de pobreza”.
Pese a la ligera mejoría de las cifras de exclusión del año 22, la Red ha advertido de que hay 12,3 millones de personas están en situación de pobreza y/o exclusión social.
En este contexto, y de cara a las negociaciones para configurar el futuro Ejecutivo, EAPN-ES considera “una obligación” recordar los compromisos sociales adquiridos desde 2015 por los sucesivos Gobiernos en el marco de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y los vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.
Por lo tanto, considera “necesario” no solo salvaguardar las políticas públicas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis, sino también un incremento del alcance y de los recursos.
Medio ambiente
Desde el ámbito ecologista, que no ocultan cierto alivio por la pérdida de escaños de los negacionistas del cambio climático, el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis Ricom destacaba que “es importante poner la crisis ecológica en el centro y desarrollar políticas que pongan la justicia social por encima de lo demás. Estamos viviendo una crisis ecológica que hace sufrir a la población, es importante hacer el giro y paliar las desigualdades sociales”.
El portavoz de Greenpeace, Ricardo Magán, remarcaba que la próxima legislatura será “crucial” para combatir el calentamiento global. “El nuevo Gobierno debe continuar con la senda ya iniciada de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero necesariamente con más urgencia y más determinación”, defendía.
De la misma manera, señalaba que el nuevo Ejecutivo debe ser “ambicioso” en la lucha contra el cambio climático para conseguir cero emisiones netas en el 2040 y ha reclamado apostar por las energías renovables “de manera ordenada, participada y respetuosa con la biodiversidad y los territorios, poniéndolas en manos de las personas y no de un puñado de empresas”.
También demanda un impulso a la movilidad “saludable y asequible”, velar por proteger la biodiversidad y gestionar “eficientemente” los recursos naturales, en especial, el agua, que “cada vez es más escasa, peor gestionada, y está más contaminada”.
Mientras, el responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, señalaba que, “sea cual sea” el futuro Gobierno, las medidas adoptadas en esta materia “sean lo más favorables posibles para el medioambiente”.
En este sentido, indicaba que la sociedad se encuentra ante una “crisis ambiental que no ha tenido nunca la humanidad”. “La ciencia nos está diciendo que ésta es la última década en la que podemos tomar medidas para reducir de forma importante los impactos que va a tener esta crisis climática y esta crisis de pérdida de biodiversidad”, afirmaba.
Por ello, ha recordado que el próximo Ejecutivo, que previsiblemente acabará su legislatura en 2027, será el que implemente la “mayoría de las medidas”. “Necesitamos que el programa de Gobierno y los programas de investidura tengan el máximo de medidas ambientales”, enfatizaba.
Redactor jefe de Noticias Obreras
