Los sindicatos denuncian al Gobierno por poner en riesgo los derechos de los jóvenes que realizan prácticas no laborales
Actualización 27/06/203 9:00 horas. Finalmente las personas jóvenes en práctica no laborales necesarias para la obtención de un título académica seguirán sin cotizar a la Seguridad Social. Así lo ha decidido el Gobierno de coalición que ha pospuesto la entrada en vigor de esta medida.
Los sindicatos CCOO y UGT no han ahorrado críticas a la medida adoptada por el Consejo de ministros, por lo que entienden como “el incumplimiento de compromisos básicos contraídos por el Gobierno con las personas jóvenes en España”.
Las organizaciones de trabajadores recuerdan que la cotización de las prácticas no laborales había sido uno de los puntos acordados tanto en el acuerdo de pensiones de 2021, como en la segunda fase de la reforma alcanzado en marzo de 2023, respaldado además por la mayoría de los grupos parlamentarios. De hecho, la medida iba a entrar en vigor el próximo curso, aunque con una importante bonificación a cargo del Estado, para favorecer su implantación.
Los sindicatos denuncian la paralización de esta medida que no empezaría a aplicarse antes de enero de 2024, como “una inexplicable cesión a las presiones de autoridades académicas y educativas que, ignorando los derechos reconocidos a las personas más jóvenes de nuestro país, se vienen oponiendo sistemáticamente a estos nuevos derechos reconocidos”.
El derecho a la cotización por las prácticas no laborales, se implantó en España en 2011 para las prácticas que tenían algún tipo de compensación económica, esto ha permitido que en esta última década en torno a 80.000 jóvenes acrediten mensualmente cotizaciones a la Seguridad Social generando derechos futuros a las prestaciones sociales.
La reivindicación de CCOO y UGT ha sido extender este derecho a todas las prácticas no laborales para mejorar la protección social de los jóvenes máxime, cuando su paso por las empresas es algo obligatorio para la obtención de títulos académicos. Su coste de implantación parece más que asumible, dada la bonificación del 95%, unos 10 euros mensuales.
Sin embargo, “la presión creciente en estos meses y la situación de clara rebeldía de algunas autoridades académicas, parece haber hecho mella en el Gobierno”, lamentan los sindicatos.
Esta decisión, junto con la incertidumbre generada con respecto a la aprobación del Estatuto del Becario, ha obligado a los sindicatos a denunciar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados, así como a lamentar “el riesgo de abandono de los derechos de una parte muy importante de la población más joven” en el que el Ejecutivo está incurriendo.
Por eso, UGT y CCOO exigen al Gobierno de España el cumplimiento cabal de los acuerdos alcanzados y la legislación aprobada y emplazan a todos los partidos que se presentan a las Elecciones Generales del 23J, a mostrar su compromiso con estos derechos y no dejarse vencer por la presión para dilatar la entrada en vigor del acceso a la protección social para las personas jovenes en prácticas.
Un retraso que podría ser definitivo
Entre los estudiantes también cunde el malestar y la decepción. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido de que “este aplazamiento podría suponer que las prácticas nunca lleguen a ser cotizadas en la Seguridad Social debido al posible cambio de gobierno”.
La CREUP ha alertado de que la prórroga de las cotizaciones podría suponer que “nunca se llegue a cotizar las prácticas” dado que otros partidos de ámbito estatal han mostrado su oposición a esta medida. Aunque
Esta asociación ha explicado que los y las estudiantes en las empresas en prácticas no solo continúan formándose sino que “también aporta un valor añadido que debe reconocerse”. Además, resalta que las diversas entidades afectadas han tenido tiempo más que suficiente para adaptar las prácticas externas a esta nueva regulación, desde su aprobación en marzo de 2023.
Por ello, la CREUP reclama a las autoridades competentes y a todas las partes involucradas que cumplan con “este compromiso de cotizar las prácticas, pese a la prórroga del Gobierno, para garantizar la protección y los derechos del estudiantado en prácticas académicas externas”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
