Reclaman la aprobación urgente de la ley contra la Trata
La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP) ha reclamado al Gobierno que apruebe urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros en cumplimiento de su compromiso con las víctimas y obligaciones internacionales.
Para las entidades que forman esta red no hay ningún obstáculo que lo impide “solo se trata de voluntad política”. Recuerdan que llevan más de diez años insistiendo a las autoridades españolas en la necesidad de que el Estado cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata, tipos de explotación y formas de esclavitud.
Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual.
Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar.
Los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), ha instado a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.
El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) ya contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales.
Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, parece que hay absoluta falta de voluntad política por parte del Ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, piden al Gobierno que, en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.
Organizaciones miembro de la RECTP: A21, APRAMP, Askabide, Asociación Amar Dragoste, Asociación Nueva Vida, Asociación Trabe, CEAR, Diaconía, FAPMI, Federación Andalucía Acoge, Federación de Mujeres Progresistas, Fiet Gratia, Fundación Amaranta, Fundación APIP-ACAM, Fundación Cepaim, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Oblatas, ONG Rescate, Programa Daniela, Proyecto Esperanza, Themis, Villa Teresita y Womenslinkworldwide; además de las organizaciones colaboradoras de la RECTP: Accem, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la Trata, Cáritas, Cruz Roja y Save the Children.
Redactor jefe de Noticias Obreras
