Luis Berraquero, Greenpeace: “Doñana es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo con el agua”
Luis Berraquero, coordinador de Movilización de Greenpeace en Andalucía, nos explica en esta entrevista el origen del conflicto actual de Doñana así como lo que de verdad está en juego en esta reedición, que se antoja no ha hecho más que empezar, de la guerra del agua y del modelo de producción agrícola.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
En 2004 se entró en vigor el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) que prohibía la práctica de talar los árboles y extender los cultivos de regadío intensivos. En 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestar de Doñana, “Plan de la Fresa”, declarando cuáles son las hectáreas de regadío legales. Ya se sabía que había regadíos que no tenían reconocido ese derecho de riego, no estaban incluidos en ese plan. Ahora con la propuesta de ley del PP se legalizarían hectáreas que nunca han tenido ese derecho reconocido, porque las reservas hidrográficas están muy sobreexplotadas.
¿Por qué la propuesta actual de la Junta ha desatado el conflicto?
Por segunda vez, quieren amnistiar a las hectáreas de riego ilegales, a través de la artimaña de decir que con una serie de infraestructuras, trasvases y mejoras se podría dar agua de escorrentía, de los embalses, a estos agricultores que así dejarían de extraer agua de los acuíferos.
En su día, la organización WWF, viendo que no había manera de que se cumpliera lo estipulado, ni con la Junta ni el Gobierno, elevó a una denuncia a una instancia europea. La Unión Europea resulta que sí tiene competencia sobre el estado de conservación de los de los de los ecosistemas, en este caso, además, protegido. La justicia europea ha condenado al Estado español por su inacción en la conservación.
¿De qué ha servido la protección jurídica y el reconocimiento que tiene el Parque de Doñana?
Se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, no ha servido para nada, porque sigue estando amenazado. Dos, sin la protección, todo el espacio y el territorio que actualmente ocupa el espacio natural protegido estaría ocupado por campos de fresas.
La cuestión es que cuando estableces un territorio protegido hay que pensar en qué pasa con el territorio que queda al lado. Ya sea por la inacción de la Junta de Andalucía o del Gobierno, ya sea por las dinámicas de mercado, ya sea porque existe una burbuja de la agricultura intensiva, tenemos la sobreexplotación a las puertas del espacio protegido. En este caso esto es un grave problema porque Doñana depende del agua que, no solo discurre por los ríos, sino también de las masas de agua subterránea.
¿Estamos ante un ejemplo del tipo de conflictos que se agravarán en el futuro?
Doñana es la punta del iceberg de algo que ocurre en todo el Estado. Está también el caso de las Tablas de Daimiel o el del Mar Menor. Son alertas de la naturaleza que nos indican que la sobreexplotación relacionada con la agricultura intensiva de regadío y con otras prácticas están llevando al colapso a ecosistemas que supuestamente estaban protegidos.
El año pasado sacamos un informe sobre el estado de los acuíferos en todo en todo el Estado español y los resultados eran muy alarmantes. Las masas de agua subterránea están en muy mal estado por la extracción, el uso masivo de fitosanitarios y fertilizantes, la cantidad de purines de las macro granjas…
Tenemos que empezar a hablar de supervivencia y del derecho humano al agua. Hay poblaciones de del Estado español y de la propia Andalucía con dificultades para garantizar el suministro de agua de calidad para su ciudadanía. Son poblaciones que carecen del derecho al agua.
¿Es esta un conflicto entre ecologistas y agricultores?
Los ecologistas no tenemos nada en contra de los agricultores, todo lo contrario. Es verdad que no nos presentamos a las elecciones y no hacemos promesas basadas en falsas suposiciones. No sé cómo van a pintar el agua los políticos que la prometen.
Greenpeace forma parte de la Mesa del Agua, donde está COAG, UPA, Nueva Cultura del Agua, los operadores públicos del agua, los sindicatos…, y nos hemos puesto de acuerdo en que hay que repensar el modelo actual de gestión. La demanda es mayor que nuestra capacidad de ofrecer agua.
No es algo que se solucione con más presas, las presas no se llenan por mucho que se construyan. Por tanto, hay que repensar la dimensión del regadío y ajustarlo a nuestro sistema hidrológico. Hay que establecer criterios sociales para el reparto del agua. Lo que el modelo actual está poniendo en peligro es la actividad profesional de muchas familias que dependen totalmente del campo. Si queremos tener un mundo rural vivo es necesario que el sector agrario esté bien acoplado a la disponibilidad de un recurso como el agua. Eso lo dicen también los agricultores. En el caso de Doñana, los agricultores que tienen concesiones legales de agua están saliendo perjudicados. Hay un agravio comparativo con aquellos que lo hacen bien.
Tenemos agricultores en peligro y muy vulnerables ante la sequía. Los beneficiados son grandes corporaciones, incluso fondos de inversión extranjeros que están invirtiendo en el campo andaluz como una práctica especulativa.
¿Qué es lo que se puede hacer?
Lo primer es frenar la extracción ilegal de agua. Lo segundo es que las Administraciones Públicas gestionen bien el agua. La propia administración ha alentado prácticas irresponsables como, por ejemplo, permitir el incremento de la superficie de riego a condición de introducir mejoras técnicas en el sistema de riego, de modo que, al final, se usa más agua que la que has intentado ahorrar.
Además, hay que impulsar lo que llamamos una transición hídrica justa. Hay que empezar por transformar el sector agrario y acoplarlo a los recursos disponibles con modelos de producción que sean socialmente justos, de modo que la población pueda vivir en el territorio. Esto significa establecer un reparto justo y social del agua, una adaptación de los cultivos a la situación hídrica actual, con cultivos menos dependientes del agua. No puede ser que Andalucía sea la región del Estado con mayor producción de aguacate y mango que se dedica a la exportación.
La agroecología es una forma de cultivar más sostenible, pero también es una especie de movimiento social que reclama que la producción, la distribución y el consumo se realicen de modo localizado, con criterio de justicia social y distributiva. Eso supone que las personas tengan derechos empezando por los laborales, que los agricultores reciban un precio justo por los alimentos que producen y no estén expuestos al dominio del mercado de las distribuidoras y grandes superficies y que se utilicen técnicas de cultivo más ecológicas.
Redactor jefe de Noticias Obreras
