Aprobado el plan de fomento del empleo digno 2023
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de fomento del empleo digno 2023 (PAFED), cuyas directrices compartidas servirán a los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus propias políticas, ha informado el Ministerio de Trabajo.
El plan, elaborado en colaboración con las comunidades autónomas, busca establecer una referencia compartida para el diseño y gestión de políticas de empleo por parte de los servicios públicos correspondientes. Este plan, junto con la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, conforman el marco normativo que permitirá la coordinación y ejecución de las políticas activas de empleo en todo el territorio español. A partir de estas directrices, los servicios públicos de empleo podrán diseñar y gestionar políticas adaptadas a sus respectivas realidades y necesidades.
El plan tiene una inversión de 6.388.584.340 euros en Políticas Activas de Empleo. De esta cifra, ya se ha distribuido a las Comunidades Autónomas la suma de 2.571.961.030 euros para el Plan Anual de Empleo (PAE), lo que supone un incremento del 6,49% respecto al año anterior. Además, se suman otros 231.886.000 euros provenientes del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Novedades
Entre las novedades destacadas del PAFED 2023, se encuentran los servicios garantizados para los demandantes de empleo y las pequeñas y medianas empresas, tal como lo establece la Ley 3/2023 de Empleo. Por primera vez, se garantiza una cartera de servicios comunes para los trabajadores y se atienden las particularidades de las pymes.
El plan consta de 31 programas y servicios propios distribuidos en seis ejes fundamentales. La implementación de estos programas será más flexible y eficaz gracias a los instrumentos de colaboración establecidos por la nueva Ley de Empleo.
El plan también presta especial atención a los colectivos considerados prioritarios en la nueva Ley de Empleo, entre ellos las personas con discapacidad, las personas en situación de exclusión social, aquellas con responsabilidades familiares, víctimas del terrorismo y mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Se prevé una inversión de 633.606.300 euros para la gestión por parte de las comunidades autónomas de iniciativas de formación en alternancia en el empleo para personas en situación de desempleo de larga duración.
Asimismo, se ha incorporado un nuevo Programa Común de Transversalización de Igualdad de género con el objetivo de favorecer e integrar la perspectiva de género en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas activas de empleo.
Redacción de Noticias Obreras.
