La ley de vivienda: un avance muy comedido
El Proyecto de Ley por el derecho a la Vivienda, aprobado por 176 votos a favor y 167 en contra en el Congreso, ha sido considerado como un primer paso en el todavía largo camino hacia ejercicio efectivo de este derecho fundamental.
El movimiento por el derecho a la vivienda ha especificado que no es su ley, porque “la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular”.
Cáritas Española ha expresado su “satisfacción”, aunque ve la norma “todavía insuficiente” para las familias más vulnerables.
Para los sindicatos CCOO y UGT, se trata de “un punto de partida desde el que poder mejorar y proteger un derecho fundamental y unos de los principales pilares del Estado del bienestar”.
Movimiento por la Vivienda: una ley con demasiadas lagunas
La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda recuerda que “tras años de presión y esfuerzo, nuestra iniciativa logró el 30 de septiembre de 2021, avalados por 9 formaciones políticas del Congreso, registrar nuestro propio texto de ley”, rechazado por el PSOE.
A pesar de ello, el movimiento por el derecho a la vivienda reconoce “ciertos avances” en la ley, al tiempo que admite que “las Administraciones empiezan a reconocer el valor social de la vivienda”, lo que atribuye en buena parte a su lucha.
El movimiento que defiende el derecho a la vivienda insiste en que no se ha tenido en cuenta el informe de los relatores de Naciones Unidas de Vivienda y Pobreza Extrema que señalaba que “consagrar un derecho en la legislación nacional solo tiene un valor limitado, si las personas no tienen acceso a la justicia y recursos efectivos cuando pueden ser denegados o violados”.
Desde su punto de vista, la nueva ley alarga, no los impide, los procedimientos judiciales de desahucio y contiene serias lagunas a la hora de controlar el precio de los alquileres, sin que se haya garantizado el acceso a suministros básicos asociados a la vivienda.
El movimiento social de la vivienda saluda las “promesas” sobre el futuro parque público, pero echa en falta una verdadera planificación y anticipa que lo anunciado no va a permitir ofrecer alternativas habitacionales ante los desahucios. Según expone, el exiguo parque público actual (1,6% de las viviendas principales) supone la construcción de 1.391.783 viviendas, para llegar a la media europea que es del 9,3%.
Cáritas: un marco legal para avanzar
Por su parte Cáritas ha explicado que la nueva ley da “un paso cualificado” hacia el derecho a la vivienda, si bien “menos seguro, profundo y potente del que esperábamos, en especial a la hora de proteger los derechos de las personas más vulnerables que hoy día se sienten sin esperanza, sumidas en ese pozo oscuro de la vivienda del que es casi imposible salir”.
“A partir de ahora, tenemos delante un marco legal con definiciones y fundamentos muy positivos para articular una posible política de vivienda pública que incorpore, de verdad, a los últimos y descartados de la sociedad”, ha subrayado la experta de Cáritas en temas de vivienda, Sonia Olea.
Cáritas ha querido subrayar el hecho de que la norma recoge una de sus propuestas fundamentales: “La especificidad de la vivienda de emergencia dentro de la cartera de prestaciones básicas que, desde los distintos ámbitos territoriales, se encuentra a disposición de forma universal para las personas vulnerables”.
También ha celebrado que, entre las novedades de esta ley, se contemple una definición de la situación de sinhogarismo. Eso sí, la organización de atención social de la Iglesia ha lamentado que no impida que se pueda desalojar a personas vulnerables, mientras no haya un alojamiento alternativo.
Igualmente, critica la falta de desarrollo de las herramientas jurídicas para la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler y lamenta que no se haya incluido un porcentaje de viviendas sociales para personas y familias sin ingresos estables o inferiores al mínimo establecido.
Sindicatos: Un cambio
Los sindicatos CCOO y UGT entienden que se ha producido “un cambio ostensible en la política española el hecho de legislar sobre una materia que hasta ahora no había sido regulada”, aunque matizan que el texto final contiene alguna lagunas que intentarán que sean resueltas as su paso por el Senado.
Las dos organizaciones de trabajadores han mostrado su satisfacción al ver recogidas en el proyecto de ley algunas de sus propuestas como la reducción de la figura de gran tenedor a aquel que sea titular de cinco viviendas, la declaración de zona de mercado residencial tensionado de cumplirse uno de los dos requisitos de los que se exigían anteriormente, o la limitación y la regulación de los precios del alquiler.
No obstante, critican que la acción legisladora se haya olvidado del problema del amianto en las viviendas y la exclusión de los sindicatos del Consejo Asesor de Vivienda y advierten de que no se garantiza de manera efectiva la prohibición de los desahucios sin solución habitacional alternativa y critican que no se permita a las administraciones locales posible impulsar los procedimientos para declarar zonas tensionadas.
Así mismo, los sindicatos denuncian la “insuficiencia” de las últimas medidas en materia de vivienda anunciadas por el Ejecutivo, como la movilización de activos inmobiliarios procedentes de la Sareb.
Redactor jefe de Noticias Obreras
