La reforma del despido enfrenta a UGT con Gobierno y patronal
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no ha ahorrado críticas a las alegaciones presentadas por el Gobierno y la patronal a su demanda ante el Comité Europeo de Derechos Social en relación al despido improcedente.
El Gobierno de España y las asociaciones empresariales han presentado sus alegaciones en el procedimiento abierto por el Comité Europeo de Derechos Social a demanda de UGT por la desprotección de las personas trabajadoras ante el despido improcedente.
“Francamente, argumentar por parte del gobierno y la propia patronal que el debate sobre el despido quedó zanjado en la reforma del 2021, es no atenerse a lo que pasó, es mentir”, ha explicado Álvarez en una rueda de prensa en la que también ha intervenido el vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján.
Álvarez ha defendido que con la reforma laboral del año 2021 “subimos el primer peldaño”, para poder posteriormente “abordar la segunda parte de la reforma en mejores condiciones”.
También ha justificado la reclamación sindical porque “UGT era plenamente consciente de que en la medida que el contrato fundamental en nuestro país fuera el contrato de carácter indefinido se iban a producir más despidos de los trabajadores y trabajadoras”.
“Nos parece que la legislación en esta materia es profundamente injusta. El coste del despido improcedente, tal y como lo tenemos tabulado, exactamente igual para todo el mundo, con independencia de sus circunstancias personales (su formación, sus posibilidades de encontrar otro trabajo o no, e incluso el tiempo y cantidad de dinero que pueda recibir de indemnización) es profundamente injusto”, ha añadido.
Debate político
Con la reclamación, a juicio del secretario general de UGT, se ha conseguido “el objetivo que perseguíamos, después de la aprobación de la reforma laboral, que era entrar a debatir otros aspectos que quedaron pendientes” y que “los juzgados de lo social hayan empezado a visualizar y aplicar sentencias basadas en la legislación europea”.
“Esta demanda ya ha abierto la puerta, y con la resolución de la misma por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales se va a abrir más”, ha explicado, si bien ha reconocido que “no somos muy optimistas de que a corto plazo la legislación en España se adecúe, básicamente porque hay un periodo electoral inminente y eso dificultan los cambios legislativos”.
Con todo, ha señalado que “nos gustaría que este tema forme parte del debate de las próximas elecciones, y que los partidos políticos fueran claros sobre su postura en esta materia”.
Fernando Lujan ha sido todavía más explicito al calificar las alegaciones del Gobierno como “torpes”, “contradictorias” y “falaces”, al tiempo que confesaba su “asombro” ante las razones aportadas por la representación de los españoles.
El vicesecretario ha explicado que el gobierno ha recurrido a “cuestiones que no tienen que ver con la protección y coste del despido”, al mencionar el incremento del SMI e incluso del pequeño aumento de la protección social ante el desempleo e incluso otras medidas como las bonificaciones y limitaciones en las contrataciones después de un despido improcedente.
La patronal, según Luján, ha alegado que en España no existen despidos injustificado, ni causas torpes, sino que algunos se pueden acreditar y otros no, “pero todos están justificadísimo y no merece la pena que los tribunales entren a examinar sobre el daño causado o si las indemnizaciones son suficientemente o no disuasorias”.
El sindicato presentó en marzo del año pasado una reclamación colectiva al entender que la normativa española incumple el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada y el convenio 158 de la OIT en el caso de extinción injusta del contrato del trabajo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
